Financiamiento político y narcotráfico

Independientemente del dolor que causó en toda la sociedad decente del país, el escándalo que derivó del alevoso asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal de este diario en Curuguaty, es útil para evidenciar algunos hechos, como que las organizaciones criminales de tráfico se han tornado aparatos de gran envergadura y, por consiguiente, de mayor poder y más profunda inserción en la estructura estatal. Lo más alarmante es que ya no se limitan a sobornar inspectores, policías, guardias fronterizos, fiscales y jueces, sino que han penetrado más profundamente hasta los propios centros neurálgicos de la República, como los organismos políticos y los cargos electivos. Lo que cabe inferir es que, si los narcotraficantes, los traficantes de rollos, los abigeos y los demás bandidos de este tipo han logrado permear las organizaciones políticas en su zona de influencia, es porque están financiando las candidaturas y porque algunos de ellos, merced a su poder económico, también lograron hacerse elegir, convirtiéndose en intendentes, gobernadores, legisladores, etc.

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Independientemente del dolor que causó en toda la sociedad decente del país, el escándalo que derivó del alevoso asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal de este diario en Curuguaty, es útil para destacar varios puntos débiles, espacios vacíos y estructuras inservibles en el sistema de seguridad pública en nuestro país, particularmente en la zona geográfica donde todas las actividades ilícitas tienen tanta amplitud, libertad de acción y tranquilidad para operar.

El que es actualmente principal sospechoso de ser el autor moral del mortal atentado contra Pablo Medina, el intendente colorado de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta, lo es también de liderar una banda de traficantes de productos prohibidos. Al parecer, en su zona todo el mundo lo tiene por tal y a nadie parece caberle dudas acerca de dónde el intendente Acosta obtiene su notorio poder económico.

Lo más grave de este nuevo hecho de sangre que indigna a la ciudadanía, sin soslayar la pérdida de dos vidas humanas, de personas decentes y útiles a la comunidad, es que ilustra con claridad el grado de libertad de acción e impunidad de que gozan los criminales en la vasta zona que recorre la frontera seca con el Brasil. Sean del narcotráfico, del rollotráfico, de bandas terroristas o de abigeos, cada una se mueve allí como pez en el agua.

Los elementos que permiten suponer que esas organizaciones criminales se mueven a su libre albedrío porque mantienen a las autoridades políticas y administrativas sobornadas y sometidas no son nuevos. Ya en tiempos de la dictadura se comentaban y sabían, con suficiente información fidedigna, los detalles de las operaciones de los contrabandistas que pululaban en las fronteras, traficando vehículos robados, productos falsificados, pieles de animales silvestres, rollos de madera y un sinfín más de otros bienes prohibidos o restringidos.

Estas organizaciones, entonces incipientes, mantenían asalariados a los funcionarios encargados de reprimirlas, desde los marineros que vigilaban las costas fluviales, los vistas de aduanas y los inspectores de ruta, hasta los oficiales militares, jefes policiales, delegados de gobierno e intendentes, fiscales y jueces. Esto, si es que estas mismas autoridades no hacían parte activa y directiva de esas organizaciones.

No debe extrañar, por ello, que para firmar la orden de detención del intendente Acosta y de su hermano, mandamases de la zona y presuntos involucrados en el asesinato de Pablo Medina, se tuviera que recurrir a un fiscal de Salto del Guairá, a más de 150 km de distancia, y a la fiscala Sandra Quiñónez, de Asunción, porque no se encontró a ningún fiscal local dispuesto a firmar dicha disposición.

De la época de Stroessner a la actualidad, el modus operandi de este tipo de marginalidad ha evolucionado y se ha perfeccionado mucho. Las organizaciones criminales de tráfico se han tornado aparatos de gran envergadura y, por consiguiente, de mayor poder y más profunda inserción en la estructura estatal. Los montos de dinero que manejan son astronómicamente superiores a los de cuarenta años atrás y, como el sistema de control de los negociados y manejos al margen de la ley ya no están dirigidos y ordenados desde un centro político, como en tiempos de la dictadura, ahora existen, y podrían seguir formándose, varios centros que operan con normativa y régimen propios.

Lo más alarmante es que ya no se limitan a sobornar inspectores, policías, guardias fronterizos, fiscales y jueces, sino que han penetrado más profundamente, hasta los propios centros neurálgicos de la República, como los organismos políticos y los cargos electivos. Es por esto y no por casualidad que el principal sospechoso de crímenes de narcotráfico y asesinatos, en este momento, es un intendente; y que una diputada de la zona, la colorada Cristina Villalba, aparece como su principal abogada oficiosa. No es una sorpresa que esta legisladora se refiera a este reciente affaire hablando, con toda naturalidad, de su “equipo político” conformado por el propio intendente prófugo y otras autoridades y dirigentes vinculados entre sí por estrechos lazos de afinidad personal, palabras que dejan meditando acerca de la escasa diferencia que puede existir actualmente entre los términos “correligionario”, “colega” y “socio”.

Lo que cabe inferir, finalmente, es que si los narcotraficantes, los traficantes de rollos, los abigeos y todos los demás bandidos de ese tipo han logrado permear las organizaciones políticas en su zona de influencia, es porque están financiando las candidaturas y porque algunos de ellos, merced a su poder económico, también lograron hacerse elegir, convirtiéndose en intendentes, gobernadores, legisladores, concejales, etc., cargos que no solamente les otorgan prestigio y ascendencia, sino que, principalmente, les dan entrada a los organismos y entidades que tienen que vigilarlos, probar sus crímenes, desarticular sus aparatos de delinquir y aplicarles la ley, entrada que necesitan precisamente para hacer que tales organismos dejen de funcionar o dirijan su atención hacia otras direcciones.

¿Están los principales partidos políticos recibiendo fondos de estas organizaciones criminales? Si lo estuvieran, difícilmente se sabría porque, en este momento, es visible que ningún organismo público los está vigilando con la atención que merecen. Pero que los criminales están costeando campañas electorales personales y encumbrando a sus miembros, socios y cómplices en cargos políticos es algo demasiado obvio.

Si los narcotraficantes o cualquier otra clase de banda de malhechores de frontera están financiando a organizaciones políticas, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), creada ya hace 17 años, debería estar metiendo las narices bien profundamente en la contabilidad de los partidos y movimientos, y obligándoles a presentar cuentas fidedignas sobre el origen de la cuantiosa cantidad de fondos que dedican a las campañas electorales, candidato por candidato y cargo por cargo.

Porque partidos, movimientos, alianzas y concertaciones políticas integran lo que el Art. 13 de la Ley 1015/97, Orgánica de Seprelad, denomina “Organizaciones sin fines de lucro (OSL)”. La generalidad de este término no debe ser empleada como excusa para que este organismo considere que las organizaciones políticas no son sujetos obligados por su ley.

Los políticos en funciones de gobierno saben muy bien todo esto. ¿Por qué se hacen los tontos cuando se habla del tema? Esta semana, el expresidente de la República Fernando Lugo declaró que “los partidos te cuentan que han gastado millones de dólares, pero no se sabe de dónde han salido”. Habiendo sido él jefe de Estado durante cuatro años, ¿qué hizo para averiguarlo? Es fácil tirar “bombas” verbales para ganarse un punto, pero no está bien esconder la mano después y no ayudar a que “exploten”.

La conclusión más elemental es que en nuestro país estamos llegando a un extremo peligrosísimo. Las organizaciones criminales no solamente mantienen sobornados a funcionarios menores, sino que ahora cuentan con legisladores, gobernadores, intendentes, concejales, jefes administrativos y vaya a saber cuántos tentáculos más que han penetrado en la política partidaria y del Gobierno. Debemos alarmarnos y adoptar enérgicas medidas correctivas ante este cartel que está manejando la política del país.

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