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Los mensajes papales sobre la materia tocan muy de cerca al Paraguay, donde la naturaleza ha sido y está siendo seriamente dañada. Este mal se refleja sobre todo en la deforestación masiva y en la contaminación de los cursos de agua. No somos un país industrializado, pero aun así sufrimos los nocivos efectos de las prácticas depredadoras y del incumplimiento de las leyes medioambientales. Por lo tanto, es conveniente que se aborde la cuestión con seriedad y urgencia para mejorar nuestra calidad de vida y evitar contribuir a la paulatina destrucción de la Madre Tierra.
El desafío principal consiste en crear riqueza sin agotar ni poluir los recursos naturales. Lo que pasa en nuestro país es que se violan las normativas y que la conciencia ecológica está poco desarrollada, no solo entre los ganaderos, los agricultores y los industriales sino en la población en general.
El crecimiento de la frontera agropecuaria ha hecho que, en medio siglo, el Paraguay haya perdido el 85% de sus bosques nativos. Cada año desaparecen 180.000 hectáreas de bosques, lo que hace que tenga una de las tres tasas más altas de deforestación en todo el mundo. Tal vez en ningún lugar del planeta esta avanza con tanta rapidez como en nuestro Chaco.
Estos alarmantes datos brindados, entre otros, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la afamada revista Science y la Universidad de Maryland (EE.UU.) revelan que de poco han servido la promulgación de las leyes que sancionan los delitos contra el medio ambiente (1995), de fomento de la forestación y reforestación (1995) y de “deforestación cero” en la Región Oriental (2004), la creación de la Secretaría del Ambiente (Seam, 2000) y del Instituto Forestal Nacional (Infona, 2008), ni la adhesión, en las últimas cuatro décadas, a varios acuerdos internacionales de conservación de los recursos naturales. Se sigue depredando impunemente, ante la indiferencia o complicidad de los funcionarios, que no velan por el cumplimiento de las leyes ni verifican las guías de traslado de quienes conducen camiones cargados de rollos de madera y de leña, extraídos incluso de los parques nacionales. De hecho, la licencia de uso racional de bosques avala una actividad ilícita. Nadie está en la cárcel por haber talado o quemado bosques, ni por haber explotado los declarados reservas especiales, ni por haber comercializado ilegalmente rollos de madera.
La corrupción y la impunidad permiten que se atente contra el ambiente. Para preservarlo, es necesario velar por el estricto cumplimiento de las leyes de protección y castigar a quienes las violan, tal como ocurre en los países donde funciona el Estado de derecho. También hace falta que las más altas autoridades sepan cuán importante es “cuidar mucho a la Madre Tierra”, como pidió el Papa en su mensaje dado en Santa Cruz (Bolivia). Por eso es lamentable que el presidente de la República, Horacio Cartes, haya dictado el Decreto 453/13, que libera de la obligación de obtener una licencia ambiental para desmontar en predios menores de 500 ha en la Región Oriental y de 2.000 ha en la Occidental. Este decreto, inconstitucional e ilegal, que además lesiona tratados internacionales sobre el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, deja nuestros cada vez más escasos bosques a merced de propietarios voraces, que solo quieren lucrar de inmediato, sin preocuparse ni por la ecología ni por la perdurabilidad de su propia fuente de ingresos. Si el presidente Cartes tomara en serio las palabras del Sumo Pontífice, debería tratar de corregir la alarmante situación de nuestro acervo forestal, en vez de agravarla con tanta irresponsabilidad.
También los cursos hídricos se ven afectados por la violación de las leyes. En esta materia es hora de que se ponga fin de una vez por todas al sempiterno problema del lago Ypacaraí, objeto de múltiples investigaciones que no han generado ninguna solución. Los consejos de los expertos serán inútiles mientras los funcionarios y los particulares no sean conscientes de la gravedad del tema ni del deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. Como en el drama de la deforestación, las normativas vigentes en esta materia son letra muerta. Ni la Seam, ni las municipalidades vecinas, ni las gobernaciones ni el Ministerio Público se ocupan seriamente en forma coordinada de prevenir y sancionar la contaminación. Se limitan a realizar de vez en cuando intervenciones que no pasan de ser espectáculos mediáticos, carentes de la menor trascendencia.
Sin duda, se puede producir mucho más sin matar a la naturaleza. Quienes buscan una mayor cosecha a costa de la salud y del ambiente deben ser punidos por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público.
Más allá de cualquier sistema económico, lo que importa es que la gente tome conciencia de la necesidad de proteger el ambiente, en un mundo cada vez más poblado y globalizado. Como bien dijo el Papa, ninguno de los graves problemas que afectan a la humanidad, entre ellos el ecológico, puede ser resuelto sin la interacción entre los Estados y los pueblos. Hay una ineludible responsabilidad común.
En el Paraguay no debemos intentar eludir nuestra responsabilidad sino, por el contrario, reconocer nuestra culpa, como primer camino para encarar con responsabilidad, perseverancia y firmeza una lucha frontal contra la degradación del medioambiente, al mismo tiempo de intentar revertir lo que se pueda y proteger lo que todavía no se destruyó.