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Cuando todos los paraguayos y paraguayas creíamos que el nuevo rumbo prometido por el presidente Horacio Cartes nos alejaría definitivamente de aquel derrotero de corrupción, prepotencia, arbitrariedad e injusticia que caracterizó a la larga y tenebrosa dictadura de Alfredo Stroessner, hete aquí que en los últimos días la opinión pública fue desagradablemente sorprendida con un indignante y bochornoso incidente burocrático registrado en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que, a estar por documentos internos de la institución, apunta al presidente de la República, Horacio Cartes, como el directo responsable de la arbitraria destitución de dos funcionarios de la repartición estatal que se esmeraron en cumplir con su deber. Para mayor escarnio del sentimiento de dignidad y justicia de la ciudadanía, la insólita orden presidencial se habría originado a pedido de un legislador de la ANR, que a su vez obedecía aparentemente a razones sentimentales.
El incidente de referencia se habría iniciado cuando el prepotente senador de la ANR Julio “Pichín” Quiñónez, de Caacupé, pidió al presidente Cartes la destitución del funcionario de la ANDE Atilio Manuel Barreto, jefe del Departamento Comercial de la regional de Cordillera, por haber este intervenido una conexión fraudulenta que beneficiaba ilegalmente a un inmueble perteneciente a una supuesta novia suya. Siguiendo el hilo de la trama, en un insólito arranque de complacencia cómplice, el Primer Mandatario habría ordenado al presidente de la ANDE, Ing. Víctor Romero, la inmediata destitución del señor Barreto. A su turno, el presidente del ente de electricidad ordenó al gerente comercial, Ing. Pedro Cuevas, que procediera a dar cumplimiento a la orden del Presidente de la República. Siguiendo la cadena jerárquica de autoridad, este, a su vez, ordenó al Ing. Juan Encina, jefe de la División Comercial, que dispusiera la destitución del señor Barreto, pero este se negó a cumplir la orden recibida por considerarla injusta, habida cuenta de que el funcionario Barreto no había hecho otra cosa que cumplir con su obligación institucional.
Ante la negativa de su subalterno a cumplir la arbitraria orden recibida, el Ing. Pedro Cuevas solicitó al titular de la ANDE la destitución del funcionario en cuestión, quien procedió a darle curso según la Resolución 34927, de fecha 4 de julio. Por su parte, el 8 de julio, el Ing. Juan Encina, por Nota GC/RM/40/2014, reclamó al gerente comercial, Ing. Pedro Cuevas, que la resolución de destitución del señor Barreto no se originó en el nivel administrativo reglamentario, al tiempo de defender la inocencia del destituido funcionario y su correcta foja de servicios. En represalia por haber salido en defensa de Barreto, el presidente de la ANDE, en una repudiable y cobarde actitud, procedió también a destituir al Ing. Encina, según Resolución 34949, de fecha 10 de julio, con lo que culmina el escandaloso enredo institucional originado por un supuesto motivo pasional del senador cordillerano “Pichín” Quiñónez y que gratuitamente costó el cargo a dos dignos servidores públicos que antepusieron el cumplimiento de sus deberes institucionales a eventuales intereses personales.
De ser cierta, la desafortunada intervención del Presidente de la República en este desaguisado en mucho se asemeja a aquel escándalo nacional provocado en su tiempo por el dictador Alfredo Stroessner, quien, por intrigas de su bufón pescador devenido suboficial, Narciso Soler, dio al comandante de la Armada Nacional un plazo de 24 horas para desmantelar la base naval de Puerto Rosario y abandonar esa localidad ribereña de la que era oriundo Soler. Como se supo después, en aquella oportunidad la bochornosa orden presidencial se habría debido a que el suboficial Soler estaba construyendo una principesca mansión sobre el río Paraguay en dicho puerto y prepotentemente insistía en utilizar como peones a los humildes marineros que cubrían dicha base naval, a más de otros recursos, a lo que el oficial comandante de la base se negaba sistemáticamente. Por una feliz ironía del destino, tras la defenestración del dictador, la Armada Nacional retornó a Puerto Rosario, tomando como sede la mansión que el bufón presidencial construyó para sí con recursos del Estado, pero que no tuvo la suerte de ocupar.
Al revés del escándalo suscitado ahora en la ANDE por la supuesta arbitraria orden del presidente Horacio Cartes de destituir a funcionarios públicos honestos y cumplidores fieles de sus obligaciones, puede parangonarse también con otro incidente ocurrido a finales de la década de los 90 en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Un buen día, el dueño de la empresa que en ese tiempo tenía a su cargo la pavimentación del tramo de la Ruta III, de Limpio a Emboscada, se le presentó al ministro de turno y le pidió la destitución del ingeniero destacado en la obra como supervisor, arguyendo que “obstaculizaba” el progreso de los trabajos. Como era de esperarse, ese ministro hizo comparecer en su despacho al ingeniero cuestionado por el contratista y le refirió el cargo formulado en su contra. El ingeniero aludido le manifestó que el motivo de su desacuerdo con el contratista fue que no le permitió que utilizara piedra triturada sucia en la planta procesadora de hormigón asfáltico, como pretendía el personal de la empresa encargada de los trabajos. A diferencia de lo sucedido en la ANDE, el ministro le ratificó su confianza y le alentó a que perseverara en la ética de responsabilidad que tienen que tener los funcionarios públicos honestos en el desempeño de sus obligaciones institucionales.
Sea cual fuere el verdadero trasfondo de la vergonzosa arbitrariedad materializada en niveles altos de responsabilidad en la ANDE con la injusta destitución de sus cargos del Ing. Encina y el señor Barreto, de ser cierta la participación del presidente Cartes en la misma, su actitud representaría en este tiempo democrático un aleve mazazo para la moral de aquellos funcionarios públicos que cotidianamente desempeñan sus tareas con responsabilidad y honestidad, y un morboso aliciente para aquellos que se aprovechan de sus cargos para meter la mano en la lata del fisco.
Esta clase de incidentes desvalorizan al Gobierno a los ojos de la ciudadanía. Si la injusticia no es corregida, se aleja la posibilidad de que se convierta en realidad el “nuevo rumbo” prometido por quien lo encabeza, el presidente Horacio Cartes.