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El presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Dany Durand, quiere que en Asunción haya equidad tributaria y que su centro vuelva a poblarse. Para ello, propone que el impuesto inmobiliario disminuya en el centro en algo más del 50% y que en compensación aumente en 20% en las “zonas de rápido crecimiento”, como los barrios Villa Morra, Carmelitas y El Dorado. En apoyo de su despropósito, invoca el caso de Florida (EE.UU.), donde el costo tributario estaría regulado “por el valor de la oferta y la demanda” y no por la Municipalidad ni por la Dirección de Catastro.
El legislador –de profesión arquitecto– está muy confundido. Lo que él propone es variar la tasa impositiva según la ubicación de los inmuebles asunceños y no variar la base imponible según los valores del mercado. Su ejemplo es impertinente y también falso en la medida en que afirma que en el estado de Florida no existe una valuación fiscal. Lo cierto es que allí la ley exige que el valor fiscal se base en el precio de mercado al 1 de enero de cada año (“valor justo”) y limita su aumento anual. Algo similar pasa en nuestro país, de acuerdo al art. 60 de nuestra Ley N° 125/91, que el diputado debería conocer: “La base imponible la constituye la valuación fiscal de los inmuebles, establecida por el Servicio Nacional de Catastro. El valor mencionado será ajustado anualmente en forma gradual hasta alcanzar el valor real del mercado, en un periodo no menor de cinco años. Dicho ajuste anual no podrá ser superior al porcentaje de variación que se produzca en el índice de precios al consumo…”.
Lo mismo que en Florida, la limitación anual del aumento de la base imponible hace que el valor fiscal de un inmueble sea muy inferior a su valor de mercado, razón por la cual nuestro diario viene insistiendo en la necesidad de modificar dicha norma, conservando la tasa impositiva del 1%.
Si el valor fiscal fuera ajustado al verdadero, los dueños de inmuebles valiosos pagarían más que los otros, así que se restablecería la “equidad tributaria”, que dice buscar el arquitecto Durand, sin subir ni bajar la tasa impositiva. Si el valor fiscal de los inmuebles del centro de Asunción fuera hoy superior a su valor real, bastaría con rebajarlo, y si el valor fiscal de los inmuebles de las “zonas de rápido crecimiento” fuera inferior a su valor real, bastaría con aumentarlo. Así de simple, sin tener que diferenciar la tasa impositiva según la ubicación, lo que podría conducir de nuevo a grandes inequidades debido al dinamismo del mercado.
Por lo demás, como los terrenos del microcentro se revalorizaron en un 482% entre 2008 y 2013, según una acreditada empresa local de tasadores, sin que la valuación fiscal haya tenido ni de lejos el mismo incremento, resulta que sus dueños están pagando mucho menos de lo que deberían. Ahora se pretende beneficiarlos aún más, so pretexto de “equidad tributaria”.
El diputado Durand cree que la gente volverá a vivir en el centro capitalino si se paga menos en concepto de impuesto inmobiliario. Ahora bien, el pago no depende de que se viva en un inmueble, sino de la condición de propietario del mismo. Quien sale del centro de Asunción debe seguir cargando con el impuesto inmobiliario mientras no venda su casa o departamento. Si lo ha vendido es porque otro decidió habitar allí, de modo que no se produciría ninguna despoblación. La gente huye del centro por otros diversos motivos, más allá del meramente impositivo.
Los múltiples problemas del centro de Asunción, que se resumen en la pobre calidad de vida que ofrece, no serán resueltos con insensatos experimentos tributarios, sino con medidas municipales que apunten a convertirlo en un lugar acogedor. Por ejemplo, los bienes de dominio público deben ser despejados, equipados y mejorados. Lo hecho en las plazas Uruguaya e Italia debe repetirse en otras para que los vecinos puedan concurrir a ellas y disfrutar de un espacio verde, algo que no pueden hacer en la espantosa Plaza de la Democracia ni en la Plaza de la Libertad, llenas de vendedores. Las plazas aledañas a la zona ribereña son ocupadas por las víctimas de las periódicas inundaciones, sin que hasta hoy la Municipalidad se haya ocupado seriamente de tan grave asunto.
Otra desagradable situación es que, mientras los frentistas están obligados a mantener las veredas en buen estado, ocurre que las del centro capitalino están destrozadas en muchos lugares y sobre todo ante las casas o los edificios abandonados, que a su vez se convierten en criaderos de alimañas y refugio de malandrines. La Municipalidad debe aplicar a los propietarios de veredas rotas, casas en ruinas y baldíos abandonados las multas que correspondan, haciendo cumplir sus ordenanzas.
También proliferan los vendedores ambulantes y los puestos que ofrecen comida en pésimas condiciones higiénicas, ocupando las veredas y hasta parte de las calles, sin que los inspectores municipales se inmuten. Se estaciona en doble fila, se lanzan bocinazos y se ignora la franja peatonal, mientras los agentes de tránsito hacen la vista gorda. Los “cuidacoches” siguen apropiándose de hecho de las calles y chantajeando a los conductores. La Avda. Costanera aún no ha servido para descongestionar el ingreso y la salida de los vehículos, porque se forman “cuellos de botella” en sus dos extremos.
Estos atentados contra la amena convivencia urbana –sobre todo en el centro– surgieron y se han ido agravando debido a la inoperancia de los intendentes municipales de los últimos 25 años, uno tras otro.
En el marco de la Ley de Capitalidad, la administración comunal recibirá en breve 150.000 millones de guaraníes “para construir obras”. Si esa suma fuera bien empleada, también el centro capitalino resultaría beneficiado, sin necesidad de modificar ninguna tasa impositiva, salvo para aplicar una más moderna y realmente justa. También se ha aprobado un plan maestro para revitalizar el centro histórico de Asunción mediante una suerte de alianza público-privada, en el marco de un proyecto liderado por la Secretaría Nacional de Cultura. Tampoco en este caso hará falta incurrir en la insensatez sugerida por el legislador.
Para que el centro resulte atractivo, basta con cumplir y hacer cumplir las normativas pertinentes.