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Por lo que se ve, el Poder Ejecutivo pretende seguir endeudando alegremente al país, sin importarle un bledo la pesada carga financiera que dejará a los futuros Gobiernos. Total, cuando lleguen los requerimientos y falte dinero, los actuales responsables ya estarán en otra cosa.
Si en 2014 la deuda pública era de 5.400 millones de dólares, hoy llega a 7.051, y el próximo año alcanzará 7.552 millones si el Congreso aprueba una nueva emisión de bonos soberanos por valor de 600 millones de dólares. Se trata de un endeudamiento irresponsable, tanto por su frenético ritmo como por su pésima calidad, pues la mitad del mismo es contraída para abonar deudas anteriores, es decir, para incurrir en un vulgar “bicicleteo”. En otros términos, nuestro país ya se está comiendo la cola.
Gran parte de la otra mitad responde a la indudable necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura vial, pero resulta que los sobrecostos generados por las maniobras corruptas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) harán que las futuras generaciones terminen pagando unas deudas desmesuradas con respecto a los costos reales de los proyectos efectivamente concluidos.
Es sabido que, en materia de obras públicas, la contratación de onerosos servicios de consultoría, el direccionamiento de las licitaciones, el rechazo de las mejores ofertas o la arbitrariedad de admitir una sola propuesta, la colusión de empresarios viales con los fiscalizadores, entre otras, constituyen algunas de las fechorías habituales que se cometen, cuyas nefastas consecuencias se harán sentir inexorablemente sobre los contribuyentes del mañana. En otros términos, la deuda asumida para construir viaductos, puentes o rutas lamentablemente ha servido también, en buena medida, para el enriquecimiento ilícito de la rosca vial que desde hace más de cincuenta años maneja los hilos dentro del MOPC.
Es obvio que, como el país todavía tiene crédito, al Gobierno le resulta mucho más cómodo emitir bonos soberanos antes que aumentar las recaudaciones persiguiendo a los ladrones de la administración estatal y del sector privado que roban el dinero público o evaden sus impuestos. Que después venga el diluvio le importa poco: la cuestión es tirar el carro mientras tanto y, de paso, presentarse como un fantástico emprendedor.
La economía informal equivale al 44% del Producto Interno Bruto (PIB). Si bien las actividades delictivas –narcotráfico, lavado de dinero, contrabando– no pueden ser gravadas, basta con una visita a Ciudad del Este para advertir que la evasión impositiva es mayúscula y no precisamente clandestina. El Ministerio de Hacienda cree que el endeudamiento es sostenible porque está dentro del rango admitido por los organismos internacionales, atendiendo el crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico –que este año será del 4%– no se refleja en un aumento porcentual similar de la recaudación tributaria, ya que será de solo el 1,5% del PIB, según confesó la propia ministra Lea Giménez. Es decir, mal puede el Gobierno, ni nadie, confiar en que la mayor producción de bienes y servicios vaya a servir para incrementar la recaudación en igual medida para que el endeudamiento sea “sostenible”, sin olvidar que nada asegura que el crecimiento económico sea prolongado ni que la cotización del dólar se mantenga estable. Si se produce un estancamiento debido a una reducción de las exportaciones agropecuarias o si se encarece la moneda norteamericana, aunque sea solo durante un par de años, el Paraguay va a tener muy serias dificultades para amortizar sus obligaciones financieras, la primera de las cuales vence en 2023. Con toda razón, el conocido economista Ricardo Rodríguez Silvero advierte que se debe medir la capacidad de pago en relación con los ingresos tributarios y no con el PIB.
En otras palabras, si la ampliación de la infraestructura vial puede atraer inversiones, eso no significa que el mayor movimiento de capitales genere un aumento suficiente de los ingresos tributarios para cubrir las deudas, mientras continúen la indignante y descarada evasión impositiva y el latrocinio actuales. A todo ello se agrega que el 75% de lo que ingresa al fisco es destinado al pago de los servicios personales, entre los que se incluyen los salarios, las bonificaciones y los viáticos de un enorme número de parásitos de la clientela política, cuya sola existencia implica una pesada carga para el erario.
Según cálculos oficiales, el déficit presupuestario del próximo año será de 512 millones de dólares, suma que corresponderá al 1,5% del PIB, límite fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La espantosa crisis que azotó a varios países de la región en la década de 1980 no surgió de repente, sino que fue el resultado de muchos años de irresponsabilidad de sucesivos gobernantes, en los que dilapidaron los recursos otorgados generosamente –y, tal vez, hasta con complicidad– por las entidades financieras internacionales y los fondos de gestión. Se hace muy fácil practicar el populismo a diestra y siniestra recurriendo a la inflación o al endeudamiento. Pero esta política tiene patas cortas, y al final hay que arreglar las cuentas con unas políticas de ajuste y de austeridad, que serán severamente criticadas por quienes provocaron el colapso financiero, como bien lo sabe la Argentina en estos momentos.
Aparte de las objeciones de índole económica que puedan formularse a la política fiscal en curso, hay otras de contenido moral que no pueden ignorarse. En efecto, es inadmisible que los platos rotos por la corrupción y el clientelismo tengan que ser pagados por quienes no son culpables de esas lacras. Sus responsables ya están pasando por adelantado la factura a los paraguayos que vendrán después. Ellos no tendrán que inquietarse, ya que se habrán cubierto las espaldas con sus fortunas mal habidas. Quienes sí tienen hoy muchos motivos para alarmarse y deben manifestarlo son las personas honestas, que pagan sus impuestos, que no sobornan para ganar licitaciones ni sobrefacturan los bienes y servicios que brindan al Estado, sobre cuyas espaldas recaerá en el futuro el costo del carnaval de hoy.