Inequidad

Nadie discute que una sociedad y un Estado modernos deben exigir a sus miembros que contribuyan con parte de sus ingresos para el bien común. Sin embargo, en las actuales circunstancias del Paraguay aumentar los impuestos a aquellos que ya los están pagando no solo es injusto, y hasta inmoral, sino que es económicamente contrario a los intereses del país. El Estado recaudaría mucho más sin afectar el bolsillo de los que ya contribuyen si quienes encabezan los Poderes Ejecutivo y Judicial no fueran tan pusilánimes. Acusar al sector privado, sin dar nombres, de que también allí hay corruptos, pero no tener el coraje de perseguirlos, es puro populismo y demagogia.

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Pese a que Horacio Cartes declaró antes de asumir la Presidencia de la República que no elevaría los impuestos, sino que buscaría una mayor justicia tributaria, en menos de un año de gobierno ya ha flirteado en varias ocasiones con la tentación de sobrecargar sobre las espaldas de los contribuyentes el incontenible aumento del gasto estatal, más dirigido a mantener la clientela política y los irritantes privilegios que subsisten en el sector público, que a resolver los problemas del país y dotar a la ciudadanía de infraestructura y servicios de buena calidad y a precios razonables.

El último movimiento en esa dirección fue subir el impuesto selectivo al consumo de algunos productos y el impuesto al valor agregado para transacciones financieras. Lo primero ha quedado congelado, por ahora, mientras que lo segundo entrará en vigencia el mes que viene, con lo cual se encarecerán las operaciones de crédito para los clientes de las entidades formales reguladas por la ley de bancos. No así para los usureros, que podrán ahora ganar incluso más que antes.

Nadie discute que una sociedad y un Estado modernos deben exigir a sus miembros que contribuyan con parte de sus ingresos para el bien común. De hecho, consideramos apropiados los ajustes que se han hecho para el sector agropecuario y la introducción efectiva del impuesto a la renta personal, en tanto que hace años que hemos estado insistiendo desde este diario en la necesidad de que se pague el impuesto inmobiliario sobre el valor de mercado de las propiedades.

Sin embargo, excluido lo anterior, que debería impulsarse cuanto antes, en las actuales circunstancias del Paraguay aumentar los impuestos a aquellos que ya los están pagando no solo es injusto, y hasta inmoral, sino que es económicamente contrario a los intereses del país, ya que promueve la informalidad y el mercado negro antes que desalentarlos.

Se suele argumentar que la carga tributaria nacional es muy baja e insuficiente, alrededor del 13 por ciento del PIB. Lo que se omite mencionar es que esa carga está desproporcionadamente soportada por aproximadamente la mitad de la población, mientras que la otra mitad se aprovecha inicuamente, a la vista de las autoridades y de todos, del sudor de los que cumplen la ley.

Los que trabajan en negro, los contrabandistas, los que venden productos ilegales, los evasores de todo tipo, los que eluden las cargas sociales, todos ellos están más que contentos cuando se suben los impuestos, porque no solamente se benefician con servicios que no les cuestan un centavo, sino que se les amplía aún más el margen de ganancia frente a sus competidores formales.

Por lo tanto, el Gobierno debería cumplir su promesa y no aumentar un solo guaraní la carga sobre estos últimos mientras no tenga la determinación y capacidad de gestión de imponerles una carga similar a los primeros.

Los grandes defraudadores fiscales trabajan en el Paraguay a plena luz del día, se exhiben impunemente en las calles y comercios de Asunción, del área metropolitana, de Ciudad del Este y de todos los rincones del país, y son bien conocidos por la administración tributaria. Es cuestión de tener el coraje y la honestidad suficientes para hacer cumplir las leyes impositivas, como también las referentes al salario mínimo y a la seguridad social.

Abundan los empleadores que no pagan a los trabajadores el salario mínimo ni los registran en el Instituto de Previsión Social, con lo cual compiten ventajosamente con los que sí lo hacen. Y esto es tan abierto que hasta ganan licitaciones públicas. Tan poco es el control que se ejerce en la materia, que hace un par de años se llegó al colmo de que el propio IPS adjudicó un contrato de limpieza a una firma que no tenía asegurados a sus trabajadores.

El Estado recaudaría mucho más sin afectar el bolsillo de los que ya contribuyen si quienes encabezan los Poderes Ejecutivo y Judicial no fueran tan pusilánimes. Acusar al sector privado, sin dar nombres, de que también allí hay corruptos, pero no tener el coraje de perseguirlos, es puro populismo y demagogia.

El gobierno de Horacio Cartes debe perseguir con rigor a los evasores fiscales y a los contrabandistas por más capos políticos que sean, lo mismo que a quienes incumplen las leyes laborales y de seguridad social. Los órganos jurisdiccionales deben sancionar con prontitud a quienes cometen esas fechorías.

El país necesita un presidente de la República con agallas para combatir a los bandidos de los sectores público y privado, y un Poder Judicial y una Corte Suprema de Justicia independientes que castiguen a los delincuentes económicos. De lo contrario, las tan invocadas justicia tributaria y justicia social son y serán nada más que un cuento de mal gusto.

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