Infame persecución a Petrobras

El Ministerio de Industria y Comercio está empeñado en una sañuda persecución contra Petrobras, la empresa mixta brasileña que desde el 2006 lleva invertidos en el Paraguay más de 250 millones de dólares. Todo empezó cuando ella, con toda razón, se negó a firmar un contrato por el que se obligaría a comprar de Petropar la mitad del gasoil y de la nafta comunes, además de nafta virgen, de acuerdo a lo dispuesto por dos inconstitucionales decretos. Mal el Gobierno puede hablar de seguridad jurídica cuando dicta decretos que obliguen a una empresa a adquirir productos de otra con la que compite en el mercado.

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El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) está empeñado en una sañuda persecución contra Petrobras, la empresa mixta brasileña que desde 2006 lleva invertidos en el Paraguay más de 250 millones de dólares. Todo empezó cuando ella, con toda razón, se negó a firmar un contrato por el que se obligaría a comprar de Petropar la mitad del gasoil y de la nafta comunes, además de nafta virgen que sirve para preparar otros tipos de gasolina que se comercializan en el mercado, de acuerdo a lo dispuesto en los inconstitucionales Decretos N° 2999/15 y 3324/15.

El último episodio de la campaña de hostigamiento, que ya tuvo eco en el prestigioso diario brasileño O Globo, es la negativa del MIC a permitir que Petrobras descargue sus carburantes de dos barcazas que arribaron a San Antonio en septiembre y en octubre últimos. Resulta que no tendría un cupo para importarlos, porque Petropar informó al Ministerio que la empresa brasileña no le compró los combustibles mencionados en los decretos que atentan contra el libre mercado. Las fuertes presiones ejercidas por el ministro Gustavo Leite para que Petrobras se provea necesariamente de Petropar resultaron infructuosas, de modo que ahora se apela a una repugnante maniobra extorsiva: se impide que Petrobras realice normalmente sus operaciones para forzarle a firmar un contrato leonino o, en su defecto, abandonar el país. Se trata de un procedimiento más propio de bandas mafiosas que de organismos de un Estado de derecho.

¿Esta es la imagen que el Gobierno desea trasmitir a los inversores internacionales? ¿Acaso quiere decirles que si no se avienen a financiar a una empresa pública crónicamente deficitaria, como lo es Petropar, sus actividades comerciales serán gravemente entorpecidas? Mal puede el Presidente de la República hablar de seguridad jurídica cuando, de la noche a la mañana, puede dictar decretos que obliguen a una empresa a adquirir productos de otra con la que compite en el mercado.

El 18 de febrero del año pasado, Cartes pidió a los inversores brasileños que “usen y abusen de Paraguay”, durante un encuentro con representantes de la Confederación Nacional de la Industria del país vecino. La solicitud resultó a todas luces excesiva y nos alegra que no haya sido tomada al pie de la letra por sus destinatarios. Indigna, en cambio, que quien esté abusando en el asunto que nos ocupa sea justamente el Poder Ejecutivo y, en particular, un ministro que se distingue por su prepotencia ante Petrobras e, incluso, ante las empresas paraguayas que colaboran con ese emblema. Que ella sea sancionada, conforme a la ley, si evade impuestos, viola los derechos del consumidor o contamina el ambiente; en tanto nada de eso ocurra, que opere con toda libertad, sin ser sometida a la grosera arbitrariedad del titular MIC.

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