Inseguridad

Los prontuarios de quienes asaltaron a la joven Camila Cabriza –herida gravemente en Luque– registran que el autor del disparo tiene cinco procesos judiciales por atraco a mano armada, y su cómplice, dos. Ambos fueron beneficiados en todos los casos con medidas alternativas a la prisión otorgadas por el juez Alberto Sosa. Ambos tienen solo 18 años. Que tan pronto hayan reincidido muestra que esas medidas protegen a los facinerosos de la sociedad antes que a la sociedad de los facinerosos, cuando no se controla su cumplimiento y cuando son dictadas en contra de la ley. El art. 167 del Código Penal castiga con cinco a quince años de cárcel a quien roba portando un arma de fuego. El art. 245 del Código Procesal Penal, con la modificación de la Ley Nº 4431/11, prohíbe beneficiar con medidas alternativas a la prisión a quien haya cometido un crimen o esté imputado en otras causas con expectativa de pena de prisión superior a cinco años. Nada de esto se cumplió con respecto a esos delincuentes juveniles que reincidieron una y otra vez.

Ni los jueces ni los fiscales cumplieron con su deber de precautelar la seguridad y los bienes de las personas y, además, hubo abogados indignos que contribuyeron a que sus clientes siguieran en libertad para delinquir. Esa reiterada omisión hizo que los hoy detenidos se creyeran impunes y estuvieran a punto de matar. Tenían que haber sido protegidos incluso de ellos mismos, aplicando a tiempo la ley para que no acaben purgando muchos años de cárcel, como es probable que ocurra ahora. Este caso es solo uno de los tantos que ocurren casi a diario en todo el país. Es común enterarse de la captura de un asaltante u homicida relativamente joven cuyos antecedentes policiales y judiciales no son nada envidiables.

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso la auditoría de gestión del mencionado juez luqueño, en especial con respecto a las causas que involucraron a los dos asaltantes. Esa investigación debería extenderse a muchos otros jueces que en los últimos años pudieron haber incumplido la ley al otorgar medidas sustitutivas a la prisión. La revisión de las decisiones llevará algún tiempo, pero hay que emprenderla para defender a la sociedad y castigar a los jueces irresponsables, que la exponen a la agresión continua de los delincuentes. Por su parte, el Fiscal General del Estado y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberían tener en la mira a los fiscales que permitieron que los imputados vuelvan a las andadas al no impugnar las decisiones contrarias a la ley o al convertir los asaltos a mano armada en simples hechos de despojo.

Asimismo, conviene que la pesquisa alcance a los abogados que las solicitan rutinariamente, a sabiendas de su improcedencia. La CSJ tiene potestad disciplinaria sobre esos “auxiliares de la justicia”, corresponsables del estado de indefensión en que se halla la sociedad. También es deseable que el gremio de abogados se pronuncie no solo contra los desmanes judiciales, sino además contra la contribución de sus colegas al auge de la delincuencia. Hay profesionales del Derecho, especializados en el tráfico de medidas alternativas a la prisión, que actúan en connivencia con jueces y fiscales. No cabe justificar su actuación con que se puede pedir cualquier cosa, pues quien resuelve es el juez. Ocurre que se compran voluntades, incluso las de las víctimas, para que admitan que el hecho punible tenga una calificación menos grave. La corrupción tiene gran responsabilidad en la inseguridad reinante.

Es de temer que la población, harta de vivir en zozobra, empiece a hacerse justicia por sí misma, tal como está pasando en la Argentina. Para que no haya “linchamientos”, es necesario que los jueces, los fiscales e incluso los abogados cumplan la ley. Para excusar la extrema indulgencia con quienes están acostumbrados al delito suele decirse que las cárceles están abarrotadas, que allí los reos perfeccionan sus malas artes en vez de aprender cómo reinsertarse en la sociedad sin volver a delinquir, que el consumo de drogas predispone al robo y que la pobreza ligada al desempleo juvenil es un caldo de cultivo para la delincuencia.

Todo eso es cierto, pero la ley debe ser aplicada para proteger a la población. Los problemas citados tardarán en resolverse; entretanto hay que impedir que las calles se llenen de atracadores contumaces. No es cuestión de eliminar las medidas alternativas a la prisión, sino de atenerse a las normativas vigentes y aplicarlas con rigor.

Hay que terminar cuanto antes con este abuso, que pone en continuo riesgo la vida y los bienes de las personas.