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En una clara demostración de que les importa un bledo la idoneidad como requisito indispensable para ejercer la función docente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que “insta y recomienda suspender el proceso de evaluación y concurso de supervisores y coordinadores del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)”.
Más allá de que hubiera bastado con recomendar y de que la resolución no es de cumplimiento obligatorio, la medida adoptada implica de hecho la intervención de los legisladores en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo. Es de suponer que si la ministra Marta Lafuente desoyera la recomendación, podría ser castigada a través de la ley del presupuesto nacional, aunque las verdaderas víctimas podrían ser en tal caso los alumnos. Al mismo tiempo, aumentarían las presiones para que el Presidente de la República se deshaga de ella, ya que los aplazados en el examen del 23 de setiembre pueden tener fácil acceso a los dirigentes políticos. El propio diputado Clemente Barrios (ANR) señaló que su proyecto respondía a un pedido de “los concursantes”, es decir, de los que casi unánimemente revelaron su ineptitud. ¡Insólito!
La resolución apunta a que se dicte cierto acto administrativo, de modo que no sería equivalente a una que “inste y recomiende” a la Dirección Nacional de Aduanas a combatir el contrabando, a la Secretaría del Ambiente a impedir la deforestación, al Ministerio del Interior a velar por la seguridad y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a dotar de insumos a los hospitales, para citar solo algunas entidades públicas que deberían inquietar a los legisladores por su pésima gestión. El acto administrativo que se pretende –de claro tufo populista– hará borrón y cuenta nueva, como si nunca se hubiera realizado, el examen en el que fracasó el 99% de los 354 postulantes, todos ellos docentes en funciones. Y conste que ante el bochornoso resultado y de acuerdo con los sindicalistas del sector, el MEC cambió las reglas del juego y redujo el puntaje mínimo requerido para aprobar el examen, con lo que el número de postulantes que siguen en concurso subió a 36, cifra que sigue siendo vergonzosa. A los diputados no les satisfizo esa corrección por lo bajo y resolvieron que lo conveniente es ignorar el pavoroso panorama educativo que ya empezó a reflejar el proceso de evaluación y concurso.
Para tratar de ocultar la penosa realidad, el proyectista –demostrando su cultura– se permitió objetar que “la respuesta de varios ítems presentan (sic) ambigüedades”, agregando que “no podemos pedir a los supervisores y coordinadores una evaluación con ítems que no forman parte de la malla curricular”.
Para tener una idea del grado de dificultad de las preguntas, basta con reproducir un par de ellas. En una se lee que “la educación es considerada un servicio imprescindible y ante una protesta de reivindicación salarial de docentes, en primer lugar, ¿qué se debe garantizar? a. El derecho de los docentes. b. El derecho de agremiación. c. El derecho de la libre expresión. d. El derecho de niños y adolescentes”. Atendiendo el resultado del examen y las prioridades que suelen fijarse los docentes, no sería raro que la gran mayoría haya marcado la primera respuesta. O bien: “De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuál corresponde a una obligación? a. Asociarse y participar en organizaciones gremiales y sindicales. b. Recibir una bonificación familiar en un cinco por ciento por cada hijo. C.
Percibir sus haberes en los días de receso establecidos en el calendario escolar. D. Contribuir en su ámbito al mejoramiento de la calidad de la educación”. En verdad, esta pregunta está concebida para personas con un coeficiente intelectual bastante bajo, pero de nuevo es probable que muchos postulantes la hayan respondido mal. Aunque no figuren en la malla curricular, las preguntas de simple sentido común reproducidas deberían poder ser respondidas sin mayor esfuerzo, ni necesidad de que los docentes sigan algún curso especial de formación para ocupar los cargos de supervisores y coordinadores.
“La evaluación no condice con la realidad del país”, según el diputado Bernardo Villalba. No le falta razón si lo que quiso decir es que ella fue demasiado exigente considerando la catástrofe educativa por la que atraviesa, en cuyo caso asusta imaginarse el nivel que debería tener el cuestionario para ajustarse a la realidad. A la diputada Karina Rodríguez (AP) le preocupa que el MEC se limite a “generar o reproducir la imagen de desprestigio del plantel docente” y que no asuma su responsabilidad. Es decir, para no generar o reproducir esa mala imagen, el ministerio tuvo que haber hecho preguntas aún más fáciles o bien haber mentido sobre el resultado del examen.
En cuanto a su responsabilidad, que sin duda la tiene en parte, es claro que el tremendo deterioro educativo no empezó el 15 de agosto del año pasado, sino muchísimo antes. Bajo la dictadura, los docentes y supervisoras eran designados a pedido de los seccionaleros, sin considerar sus méritos ni aptitudes, sino, sobre todo, su predisposición a actuar como “pyrague”. Alguno de estos se quejó, luego de 1989, que el Partido Colorado habría perdido tanto poder que sus dirigentes de base ya ni siquiera podían nombrar a una maestra.
Ciertamente, algo cambió en tal sentido, pero la educación pública sigue siendo desastrosa, como no podía ser de otra manera: al fin y al cabo, los examinandos de hoy cursaron sus primeros años bajo la batuta de esos docentes, y el incremento del presupuesto educativo no ha sido destinado a capacitarlos en el servicio, sino más bien a satisfacer sus reclamos salariales planteados mediante sistemáticas huelgas ilegales.
Los docentes no son responsables de sus falencias, dijo también la diputada Rodríguez, aunque no sea habitual verlos hacer huelgas para reclamar cursos de formación pedagógica. Desde luego, el MEC debe encargarse de impulsarlos, pero del hecho de que los docentes no sean culpables de su ignorancia no se deduce que el proyecto de evaluación y concurso deba ser suspendido.
Sería un pueril intento de ocultar una dolorosa verdad que compromete el futuro del país. Lo racional es admitirla y tomar cuanto antes las medidas necesarias para modificarla. La peor política es la del avestruz, esta que proponen los diputados.