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El nuevo rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Abel Bernal Castillo, informó que, entre el 9 de octubre y el 23 de diciembre de este año, esa institución de enseñanza superior ahorró 1.355 millones de guaraníes, gracias a que se desprendió de 232 docentes y de 74 funcionarios que no prestaban ningún servicio. La separación del cargo de esos vulgares “planilleros”, con la consiguiente reducción del gasto, fue el resultado exclusivo de una ejemplar campaña periodística y estudiantil que, con el lema “#unanotecalles”, impugnó la corrupción imperante bajo el rectorado del hoy procesado Froilán Peralta. Si los estudiantes no se hubiesen movilizado por una causa tan noble, el dinero público habría seguido fluyendo impunemente al barril sin fondo de la corrupción, pese a la existencia de órganos universitarios y estatales de control que, por negligencia o complicidad, nunca cumplieron sus respectivas funciones, y reaccionaron solo después de que los estudiantes se alzaran contra tanta desvergüenza. Por ejemplo, el Consejo Superior Universitario –integrado también por cuatro graduados no docentes y ocho estudiantes– aprobó el presupuesto anual de la UNA, en el que figuraban cargos administrativos y docentes que eran innecesarios y solo servían para alimentar a unos parásitos. El Consejo Nacional de Educación Superior, que tiene la facultad de intervenir la UNA por el incumplimiento de normas legales o administrativas que impedían dirigirla, no tenía la menor idea de lo que allí estaba ocurriendo, quizá por ser una entidad novel y de escasos recursos humanos y materiales. Pero ese no es el caso de la Contraloría General de la República (CGR), que no se preocupó en absoluto por verificar el correcto empleo del dinero de todos. Tampoco el Ministerio Público tuvo antes noticias de que allí se estuviera delinquiendo. Si hoy son 42 los funcionarios imputados es solo debido, reiteramos, a la encomiable movilización estudiantil. En cuanto al Congreso, que anualmente aprueba el presupuesto de la UNA, que incluía tantos cargos superfluos, tampoco tuvo la menor idea de que en la más importante universidad del país se estuvieran malversando fondos a gran escala, y conste que dispone de una serie de mecanismos de control, previstos en la Constitución.
Estos organismos mencionados se han revelado inservibles en la medida en que con su inacción permitieron que la UNA fuera administrada al antojo no solo del rector, sino también de los decanos. Y conste que los escandalosos desmanejos no habrán empezado recién con el rectorado de Peralta, sino con seguridad son de larga data. Es obvio que la autonomía universitaria no significa que el dinero público pueda ser derrochado a gusto y paladar de sus autoridades.
La UNA no es un coto cerrado para dar de comer a los paniaguados a costa de los contribuyentes. Por cierto, si la CGR, el Ministerio Público y el Congreso son tan ineptos o negligentes como lo han sido en este caso, se puede tener la certeza de que en otras entidades públicas se está saqueando el erario a gusto y paladar. Con órganos estatales de control tan inútiles como los que tenemos, el latrocinio en el Gobierno, los entes autárquicos y las empresas públicas tiene el futuro asegurado.