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En los países con Gobiernos serios, cuando se produce un alza en la cotización internacional del petróleo, las estaciones expendedoras de combustibles ajustan sus precios al consumidor con un aumento proporcional que varía mínimamente de emblema a emblema. Recíprocamente, cuando hay una baja, de inmediato aplican la disminución correspondiente.
En nuestro país, donde la comercialización de los derivados del petróleo está en manos de la estatal Petropar y empresas privadas nacionales y transnacionales, sucede lo contrario. Aquí, apenas se registra una suba en la cotización internacional del petróleo, los emblemas que monopolizan el comercio de los combustibles se apresuran a aumentar sus precios, mientras que cuando baja, esas empresas no muestran la misma prontitud para disminuirlos proporcionalmente. Ahora, por ejemplo, todas entran en colusión con Petropar para mantener inalterables sus precios o con exiguas rebajas por el mayor tiempo posible.
Para eso se valen de pretextos fútiles, como que la partida de combustibles que están vendiendo fue adquirida a precios más elevados que los actualmente vigentes en el mercado internacional, por lo que perderían dinero si los vendieran a menor precio. ¿Acaso no contaban también con partidas adquiridas con anterioridad cuando el crudo aumentó su cotización? Por su parte, Petropar acostumbra argüir que no puede bajar sus precios porque tiene que resarcirse de las pérdidas que le ocasionan los precios de venta por debajo del costo a que el Gobierno le obliga.
Este es el gravoso escenario del comercio de los combustibles que confronta la ciudadanía en estos tiempos en nuestro país. Para tener una idea del descarado despojo que en contubernio con Petropar están perpetrando los emblemas petroleros en perjuicio de los consumidores, basta tener en cuenta que en el lapso comprendido desde marzo del 2013 hasta la fecha el precio del petróleo en el mercado internacional bajó de US$ 111,9 el barril a US$ 59,86, un 53,5% menos. En dicho lapso, sin embargo, Petropar no bajó un solo guaraní sus precios vigentes desde marzo de 2013, cuando se dio el máximo pico de cotización del crudo en el mercado internacional, mientras dos emblemas privados realizaron ridículas reducciones: entre 10 y 150 guaraníes por litro. Por su parte, el dólar sufrió un alza de apenas 4% en el mismo período, por lo que tuvo muy poca incidencia en el precio de los derivados del petróleo.
Bajo creciente presión ciudadana, hace pocos días que los emblemas decidieron rebajar los precios de las naftas y del gasoíl especial apenas en un 3 a 3,5%, al igual que Petropar, que ayer anunció una rebaja de sus productos con los que no tiene mucha participación en el mercado. En cuanto al gasoíl de calidad común, la empresa estatal continúa comerciándolo a su antiguo precio referenciado a una cotización del barril de petróleo por arriba de US$ 115.
Este contubernio expoliador en perjuicio del bolsillo de la ciudadanía consumidora del esencial insumo para su diario trajín –irónicamente facilitado por el propio Estado a través de Petropar– constituye un flagrante abuso contra el consumidor y una clara violación del espíritu y la letra de la Ley Nº 4956/13, de Defensa de la Competencia y del Decreto reglamentario Nº 1490/14. Supuestamente la ley fue promulgada para proteger a los consumidores de los abusos comerciales por parte de cárteles monopólicos, como el de los combustibles, pero que por la falta de celo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la irresponsabilidad institucional de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Conacom) ha devenido letra muerta.
Por obra de esta colusión público-privada alcahueteada por la petrolera estatal Petropar, las empresas comercializadoras de combustibles están beneficiándose indebidamente por lo menos con 700 guaraníes por litro tanto en naftas como en gasoíl. El perjuicio que ocasiona esta descarada explotación de la que es víctima la ciudadanía perjudica a toda la sociedad que con su trabajo se gana la vida y sostiene al Estado con los impuestos que paga. Si en nuestro país los precios de los combustibles estuvieran ajustados a los actuales precios del petróleo en el mercado internacional –como deberían estar–, tendrían que estar a un tercio menos de lo que ahora cuestan, lo que incidiría favorablemente en los costos generales de la economía, pero, sobre todo, de los pasajes, que deberán bajar.
El presidente Horacio Cartes debiera tomar cartas en este asunto del abuso de los precios de los combustibles por parte del cártel que monopoliza la venta de los mismos. En esto, la gente reclama urgentemente un nuevo rumbo de parte de su Gobierno.