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Al asumir por cuarta vez la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ministro Antonio Fretes dijo que “es hora de cambiar paradigmas y estructuras antiguas, que datan desde el origen mismo” de ese órgano, y prometió, en consecuencia, “trabajar en corregir el rumbo” para lograr un nuevo modelo de Justicia. La CSJ tiene un origen constitucional, de modo que podría interpretarse que esos paradigmas y modelos a ser superados datan de 1992, aunque el ministro bien pudo haberse remontado a la Constitución de 1870, que creó el Superior Tribunal de Justicia. Para no ir tan lejos, nos limitaremos a la experiencia de las últimas dos décadas, dejando claro que los modelos y estructuras aludidos deben considerarse prácticas ilícitas e inmorales.
El ministro hizo bien en no cuestionar el diseño constitucional ni la legislación derivada, porque el desquicio del Poder Judicial tiene mucho más que ver con inconductas personales que con deficiencias o lagunas normativas. La imponente Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial podrá realizar en ellas todos los cambios que crea oportunos, pero el descalabro continuará mientras los magistrados y funcionarios corruptos no conozcan los rigores del Código Penal. Entre otras fechorías, se manipulan expedientes judiciales, se venden resoluciones, se trafican influencias, se retarda la administración de Justicia y se practica el nepotismo.
De repente, el ministro Fretes parece haber descubierto que nada de lo malo y corrupto que existe en la administración de Justicia está bien, pero cuidándose, por supuesto, de asumir ninguna responsabilidad personal. Lo mismo que varios de sus colegas, ejerce su alto cargo desde hace doce años, tiempo durante el cual la administración de Justicia no ha dejado de ser una verdadera vergüenza. ¿Acaso no sabía que lo que él llama un “modelo antiguo” no implica más que la violación sistemática de elementales principios jurídicos y morales, cometida en todos los niveles jurisdiccionales y administrativos?
Debe presumirse que los magistrados y los funcionarios conocen las leyes y que tienen un cierto sentido del decoro, pero ¡más de 90 ujieres y secretarios que aspiran a ser jueces o fiscales compraron hace un par de semanas temas de los exámenes a ser rendidos ante la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura! Precisamente en ese nivel de funcionarios están quienes reciben sobornos para acelerar algún trámite judicial o demorar un expediente, y que fueron nombrados en las últimas dos décadas sin un concurso público de oposición. Confiamos en que esta vez sean enjuiciados y condenados, aunque cuenten con un fuerte padrinazgo por integrar la clientela de un político o estar emparentados con él.
En cuanto a los jueces, si bien varios de ellos han sido destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ninguno ha terminado en la cárcel, aunque su remoción se haya debido a que favorecieron ilegalmente a un narcotraficante. ¿Acaso ignoraban esos prevaricadores que el art. 305 del Código Penal castiga con hasta diez años de cárcel al juez que resuelva violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes? Es claro que lo sabían, pero tenían la certeza bien fundada de que en el peor de los casos solo serían destituidos.
Es de suponer que el “nuevo modelo de Justicia” anunciado por el ministro Fretes implicará también, simplemente, aplicar la ley penal a los delincuentes togados, una vez que hayan perdido su investidura, previa intervención del Ministerio Público. Nada del otro mundo.
En cuanto a la mora judicial, una vez más el presidente de la CSJ dijo que desde allí se luchará contra ella, controlando que las audiencias fijadas se realicen a tiempo. Aparte de que el retardo no solo afecta a las audiencias, sino también a las resoluciones, el anuncio supone la confesión de que los actuales ministros no vienen realizando ningún control al respecto. Aquí tampoco hay que inventar la rueda: basta con que el Consejo de Superintendencia de la CSJ ejerza sus facultades disciplinarias de supervisión, y que los magistrados morosos sufran las sanciones previstas en la Acordada N° 709/11, en concordancia con el art. 199 del Código de Organización Judicial. De nuevo, solo se trata de aplicar las reglas, lo que en nuestra administración de Justicia está lejos de ser normal.
Los magistrados deben respetar no solo las leyes, sino también el Código de Ética Judicial, aprobado por la CSJ en 2005. Cabe recordar su art. 11, que obliga a los jueces a evitar que sus familiares, amigos u otras personas influyan en sus decisiones judiciales. La norma alude al tráfico de influencias, tan intenso en el Poder Judicial por obra y gracia principalísima de los políticos de todos los colores. Aquí se habla solo de decisiones judiciales, pero también las administrativas –como las referentes a nombramientos de funcionarios– suelen ser pasto de las intervenciones externas, que riñen con la independencia judicial.
Los ministros de la CSJ solo podrán resistir a las influencias indebidas si están íntimamente convencidos de que no le deben ningún favor a nadie. Pero el problema es que, en la mayoría de los casos, los méritos y las aptitudes no jugaron ningún papel a la hora de ser seleccionados para integrar una terna, primero, y ser elegido por el Senado, después. El ministro Sindulfo Blanco confesó, incluso, haber mentido para llegar al cargo que aún ejerce, y conste que después aprobó sin ningún rubor el Código de Ética Judicial. También lo aprobaron Miguel Óscar Bajac, el ministro que admitió haber pedido un cargo para un amigo en la oficina aduanera del Aeropuerto Guaraní, y el propio ministro Fretes, que ejerce a la vez el cargo esencialmente administrativo de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en detrimento de su función jurisdiccional aunque más no sea que por razones de tiempo.
Las palabras de quien vuelve a presidir la CSJ son poco creíbles. No se requiere un “nuevo modelo de Justicia”, porque lo que tenemos no es un modelo, sino un escándalo. Lo que se necesita es la justicia de siempre: la que consiste en dar a cada uno lo suyo, aplicando la ley con independencia y celeridad, de modo que la garantía constitucional de igualdad de acceso a la Justicia sea una realidad. Ello será posible solo cuando los políticos dejen de meter sus sucias garras para designar a sus títeres en los cargos judiciales, para tener una justicia a la carta. Como ahora.