17 de Marzo de 2017

 

La ANDE debe ser intervenida

Aferrados al endémico clientelismo característico de la politiquería criolla, los gobernantes de turno han optado por ignorar los reclamos de los diversos sectores de la sociedad por el cada vez peor servicio que presta la ANDE, falencia que perjudica a todo el país. Por más que se quiera, como monopolio estatal centralizado, la ANDE ya no tiene condiciones para atender con suficiencia, calidad y seguridad la demanda de electricidad a nivel país. Su capacidad operativa está absolutamente colapsada para atender las necesidades del vital suministro energético. Los aumentos de tarifas, como los ahora implementados, para supuestamente invertir en el sistema de distribución, son mentiras convencionales, económicamente perjudiciales para los consumidores pero útiles para el clientelismo político y las arcas del Gobierno. Atendiendo que el Poder Ejecutivo está embebido en la esquizofrenia del “rekutu”, no piensa remediar nada respecto del colapso de la entidad. Sin embargo, como el servicio que presta el ente solo le acarrea puntos en contra a su Gobierno, el presidente Cartes debe dejar de lado la politiquería y ordenar la intervención total de esa obsoleta y corrompida empresa que les ocasiona tantos dolores de cabeza a los usuarios.

El creciente consumo de energía eléctrica, combinado con la agricultura moderna, ha impulsado un círculo virtuoso de desarrollo socioeconómico en el que se sustenta el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esto ha posibilitado que la gente tenga mejores condiciones de vida. Concomitantemente, con los logros materiales han sobrevenido la liberación de valores sociales y la posibilidad de acceder a mejores puestos de trabajo. Con todo, debido a la falta de una política energética centrada en la promoción del consumo de la abundante energía eléctrica de que dispone el Paraguay en las usinas hidroeléctricas binacionales, ese círculo de prosperidad no ha podido extenderse a un sector más amplio de la población, con el consiguiente impulso al crecimiento económico del país.

Esa política energética nacional, centrada en el aprovechamiento racional de la abundante electricidad de la que por mucho tiempo aún dispondrá el país, debería propender a la diversificación de la economía nacional, con énfasis en la industria y el comercio, que son los renglones que más puestos de trabajo crean, de modo que cuando se agote el excedente de electricidad disponible en las usinas hidroeléctricas binacionales, el Paraguay no tenga que sufrir un colapso económico por acabársele el excedente exportable de ese vital insumo que actualmente contribuye con más del 12 por ciento del PIB nacional.

Salvando proporciones, Paraguay debiera hacer lo que actualmente está haciendo Arabia Saudita para no seguir dependiendo en el futuro exclusivamente de la exportación de hidrocarburos para sostener su economía: utilizar el dinero del petróleo para diversificar su economía, a fin de depender cada vez menos del estratégico insumo que, como toda materia prima, es vulnerable a las fluctuaciones de precios en el mercado internacional.

Desafortunadamente, los gobiernos que se han sucedido desde la puesta en operación de las usinas hidroeléctricas binacionales no han tenido el patriotismo –menos aún la visión de estadista– que en su tiempo tuvo Don Carlos Antonio López para modernizar al Paraguay y desarrollar su sedentaria economía. En vez de impulsar el máximo aprovechamiento a nivel nacional de la electricidad disponible en las usinas hidroeléctricas binacionales, creando un marco legal regulatorio destinado a optimizar la transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en todo el país, el Gobierno ha optado por mantener el corrupto e ineficiente monopolio de la ANDE.

Aferrados al endémico clientelismo característico de la politiquería criolla, invariablemente los gobernantes de turno han optado por ignorar los reclamos de los diversos sectores de la sociedad por el cada vez peor servicio que presta la ANDE, falencia que perjudica a todo el país, de frontera a frontera. En vez de solicitar al Congreso que desempolve el proyecto de ley del marco regulatorio del servicio eléctrico nacional y lo apruebe sin más dilación, con el propósito de atraer inversión privada directa, nacional o extranjera, que aporte los 10.000 millones de dólares que, según su presidente, ingeniero Víctor Romero, necesita la ANDE a fin de adecuar su servicio a la demanda de los usuarios de todas las categorías, el Gobierno se aferra a la vetusta estructura actual de la institución.

Obviamente, si por arte de magia la administración del presidente Horacio Cartes pusiera ahora a disposición del ente esa suma equivalente a más de un tercio del PIB del país, la corrupta repartición eléctrica estatal no tendría la más mínima capacidad de ejecución, aunque muy bien podría dar cuenta de ella en menos de lo que canta un gallo si es para metérsela en los bolsillos. Es que, por más que se quiera, como monopolio estatal centralizado, la ANDE ya no tiene condiciones para atender con suficiencia, calidad y seguridad la demanda de electricidad a nivel país. Su capacidad operativa está absolutamente colapsada para atender la creciente demanda del vital suministro energético.

Paraguay es uno de los pocos países de la región –si no el único– en el que el servicio de suministro eléctrico a nivel país está monopolizado por una sola agencia, en este caso, de carácter público, en todos sus componentes: generación, transmisión, distribución y comercialización. Los aumentos de tarifas –como los ahora implementados– para supuestamente invertir en el sistema de distribución son mentiras convencionales, económicamente perjudiciales para los consumidores pero útiles para el clientelismo político y las arcas del Gobierno.

Siendo así la cosa, y atendiendo que el Poder Ejecutivo está embebido en la esquizofrenia del “rekutu”, no piensa remediar nada respecto del colapso de la ANDE. Sin embargo, como el servicio que presta el ente solo le acarrea puntos en contra a su Gobierno, el presidente Horacio Cartes debe dejar de lado la politiquería y ordenar la intervención total de esa obsoleta y corrompida empresa que les ocasiona tantos dolores de cabeza a los usuarios.

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  • ABC COLOR, se deben intervenir ande, copaco, essap, ips, secretaria del consumido, bcp, bnf, contraloria, fondo ganadero, agencia financiera para el desarrollo, la una, todos los ministerios y sub secretarias(set, seprelad, defensa del consumidor, etc), policia nacional, fuerzas armadas y una larga lista de entidades que estan al pedo y no saben para que existen(diben, sen, sas). Pero como esto no va ocurrir, se pueden ir todos al carajo.

    pepegrillo 17 Marzo 2017, 14:13:49 

 

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