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El Poder Legislativo no solo debe legislar, sino también controlar a los otros dos poderes del Estado. El problema consiste, sin embargo, en que las tropelías que se cometen en la función pública suelen contar con el aval de los mismos legisladores, si es que ellos mismos no están directamente implicados, como en el caso de los nombramientos irregulares de parientes, niñeras o caseros en el propio Congreso.
Parece increíble, pero los escandalosos e indebidos sobresueldos que perciben muchos funcionarios públicos, denunciados últimamente por nuestro diario, figuran en el presupuesto nacional aprobado por quienes justamente son los que deben velar por el buen uso del dinero de sus representados. Es decir, los propios parlamentarios dan legalidad al saqueo. En los últimos años, solo las senadoras Blanca Mignarro y Desirée Masi figuran entre los pocos legisladores que han formulado alguna objeción a esa repudiable práctica que, aparte de afectar el bolsillo de los contribuyentes y de distorsionar la estructura salarial, crea una gran desigualdad entre los mismos funcionarios: en la Cámara de Diputados se abonan hasta cinco aguinaldos en un año, mientras en la Procuraduría General de la República, como corresponde, se abona solo uno.
No se trata, pues, de que los parlamentarios están ignorando al actual saqueo de los fondos públicos, sino de que muchos de ellos participan en él en beneficio propio y ajeno. Saben muy bien, por supuesto, que en la Justicia Electoral se despilfarra a lo grande, pero resulta que eso es posible porque ellos displicentemente aprueban partidas presupuestarias para retribuir a miles de sus operadores políticos planilleros. Sus respectivos partidos tienen hasta empleados a sueldo de la Justicia Electoral, es decir, “comisionados” ilegales. Se sabe que ese organismo es un verdadero coto cerrado de los políticos, por lo que no puede esperarse que manifiesten ahora preocupación por el uso que allí se da a los fondos públicos.
No debe creerse que el desinterés de los congresistas en el manejo del dinero del pueblo se limita a lo que allí acontece; en verdad se extiende a todas las entidades públicas en general; esto a pesar de que la Constitución les faculta a pedir informes, citar e interpelar a ministros y altos funcionarios e instalar comisiones de investigación. Pero estos pedidos a los otros poderes del Estado, a entes autónomos, autárquicos y descentralizados y a altos funcionarios en la realidad no tienen ninguna consecuencia, pues habitualmente sirven solo para promocionar al parlamentario ante la ciudadanía como alguien que trabaja y se preocupa por la marcha del país. No pasan de allí; encima, no inciden en un posterior manejo eficiente de la cosa pública ni en un mejor cumplimiento de las responsabilidades que eventualmente deban asumir sus administradores.
Desde al menos 2013, tampoco se ha instalado ninguna comisión conjunta de investigación sobre algún asunto de interés público, como si no lo ameritaran, por ejemplo, el “blanqueo” de la Contraloría General de la República (CGR) en el caso del Indert o la crítica situación financiera del IPS, entre tantas otras graves cuestiones. Aunque una comisión así también puede constituirse para investigar la conducta de los miembros del propio Congreso, es de ilusos suponer que los legisladores, que no investigan a los demás poderes, vayan a investigarse a sí mismos.
Tanto el pedido de informe como la citación e interpelación y la comisión conjunta de investigación pueden afectar también a los miembros del Poder Judicial, en materia no jurisdiccional. El Congreso nunca ha empleado ninguno de esos instrumentos para controlar la gestión administrativa de la Corte Suprema de Justicia, pese a las reiteradas denuncias periodísticas del grosero derroche de los enormes fondos públicos manejados en la Judicatura.
Lo más criticable de esta dejadez de funciones del Poder Legislativo en lo que hace al control es que a ella también se pliegan los parlamentarios de la oposición. Es comprensible que los partidarios del Gobierno sean displicentes en este asunto, pero, de ninguna manera, puede tolerarse que también lo sean quienes deben tener los ojos y oídos puestos en la gestión del Poder Ejecutivo, de modo de que expongan ante la opinión pública sus malos manejos, para ellos, a su vez, presentarse luego como alternativa en las próximas elecciones. Y que no aleguen que están en minoría y, en consecuencia, carecen de los votos necesarios para recurrir a uno de los mencionados mecanismos constitucionales, sino se trata de una simple y llana haraganería o incluso connivencia.
Siendo así la situación, si quienes desde sus escaños no cumplen con su deber de proteger a los ciudadanos de los atracadores públicos, resulta imperativo que las propias víctimas se organicen para defenderse a sí mismas, poniendo en la picota a los delincuentes saqueadores empotrados en el aparato estatal, a través de denuncias ante el Ministerio Público y ante la prensa, así como en la calle, en las redes sociales y en las organizaciones gremiales y sindicatos.
En fin, como los políticos, sean o no congresistas, en vez de impedir que los delincuentes de guante blanco se queden con el dinero de la gente parecen más bien ser sus cómplices o encubridores, a la ciudadanía solo le resta confiar en sí misma y defenderse, organizándose y manifestándose contra quienes la esquilman cotidianamente.