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Cada cierto tiempo, cada habitante de este país debe preocuparse en observar la conducta de los gobernadores, intendentes y concejales de los departamentos y las localidades del interior, personas que se corrompen, que defeccionan y que traicionan a sus compueblanos y cuyas trapisondas permanecen en el anonimato por falta de divulgación.
Paseando por nuestras ciudades, pueblos y compañías, lo que se ve es que las únicas obras públicas y de servicio comunitario que se realizan o que se reparan son las que pueden proporcionar ganancias a las empresas que comparten sus beneficios con los intendentes y concejales. Las que no les van a dar provecho particular no reciben atención ni son objeto de su preocupación.
Hay muchos ejemplos. Véanse los casos de las ciudades que se hallan sobre las rutas, en particular las hoy ya mal llamadas “internacionales”, que en muchos tramos dejaron de ser rutas para convertirse en avenidas internas de esas ciudades, al llenarlas sus municipalidades de semáforos, lomadas y obstáculos. De hecho, la Ruta II, por ejemplo, solamente merece tal nombre en algunos pocos kilómetros, porque en los demás se convirtieron en vías internas de cada localidad por la que pasa. Lo mismo sucede con las nuevas rutas, como la denominada “Acceso Sur” y tantas otras.
Esas localidades están dirigidas por intendentes y concejales que dan la impresión de carecer de sentido de orden urbanístico elemental, pues permiten cualquier tipo de construcción sobre esas vías, sin guardar retiro, sin solución para los cruces y sin ninguna medida inteligente de seguridad para el tránsito y las personas ni otras que son recomendadas por planes regulares sencillos y fáciles de aplicar. El desorden en los semáforos y la ausencia de los demás tipos de señalización, por ejemplo, constituyen una réplica del desorden mental e ineptitud de esas autoridades.
Por ejemplo, el pavimento de las calles internas de pueblos y ciudades depende sobre todo de los posibles beneficios a obtener por las autoridades; si no hay provechosos acuerdos de “comisiones” entre las empresas que concurren a las llamadas a licitación o concurso y los intendentes y concejales, simplemente no se ejecutan.
Los munícipes hacen vito de los aportes del Fonacide y los famosos royalties de Itaipú sin ningún escrúpulo ni temor. Cada municipalidad los emplea en lo que le viene mejor. Así, pese a las limitaciones estrictas que imponen las leyes respectivas en cuanto a la finalidad de esos aportes, se los emplea para pagar salarios y gratificaciones, para adquirir bienes suntuarios o directamente para repartirse entre los “muchachos”.
Luego viene el proceso de control y verificación de dichos actos administrativos, el cual se lleva adelante con criterio partidista. En este momento, ningún exintendente está preso por defraudación de estos fondos, a pesar de la forma grosera en que, en muchos casos, se los dilapidó.
Según los últimos informes de la Contraloría General, el cuadro de las 250 municipalidades de la república ofrece el siguiente panorama: en relación con los aportes de Fonacide, 175 de ellas presentaron rendición de cuentas y 72 no lo hicieron. Con relación a los royalties, presentaron rendición de cuentas 159 y 85 no lo hicieron.
Estas cifras fueron variando durante los años anteriores, incrementándose o reduciéndose las omisiones y los rechazos. La cuestión muestra claramente que, si bien las municipalidades poseen todos los instructivos y formularios acerca de cómo deben rendir cuentas de los aportes recibidos de ambos fondos, muchas no lo hacen, lo hacen mal o, simplemente, pasan por alto las reglas porque no pueden justificar sus defraudaciones. Tan seguros están de que, por el apoyo político del que gozan, ningún brazo de la justicia les alcanzará.
De que haya tantos haraganes, bandidos y negligentes entre los gobernadores, intendentes y concejales son responsables, en mayor medida, los partidos políticos que los propusieron como candidatos y promocionaron sus personas en las campañas electorales. Pero también lo son los propios vecinos de cada departamento y municipio, que, conociendo la personalidad negativa de esos candidatos, que son sus compueblanos, en su mayoría les otorgaron igualmente sus votos. Estos últimos no tendrán, por tanto, de qué quejarse si sus pueblos y ciudades continúan en el atraso y hasta en tren de retroceso.
Todas las personas tienen la obligación moral de denunciar públicamente a las autoridades locales corruptas, inútiles o ineptas para el cargo que desempeñan. Es preciso emplear contra ellas y sus administradores desleales todas las armas que la ciudadanía posee, como la acusación formal, el escrache público, la denuncia por los medios de comunicación masiva, en particular los de cada localidad. Los jóvenes, especialmente, tienen en sus manos un gran poder, que es su legitimidad, impulso y entusiasmo por manifestar su lealtad a sus pueblos y ciudades; tienen que hacer uso permanente de él para impulsar la sanción a los políticos que defeccionan. Si así no lo hacen, no tienen por qué quejarse de que los mismos les continúen metiendo las manos en los bolsillos.