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La respuesta de la Oficina de Integridad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la denuncia presentádale por autoridades del Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay (CIME), aclarando que la adopción de la modalidad de contratación “llave en mano” para la construcción de la línea de transmisión de 500 kV entre Ayolas y Villa Hayes es competencia exclusiva del convocante –en este caso, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)–, confirma la responsabilidad personal del presidente del ente, Ing. Víctor Romero, y de sus adláteres en la componenda institucional armada para impedir que la industria nacional del ramo tenga opción de preferencia en la ejecución de la mencionada obra.
Con tan categórico deslinde de responsabilidad de la institución financiera multinacional, ha quedado en evidencia un flagrante hecho de corrupción que a todas luces configura un grave delito contra la patria cometido por el titular de la ANDE y sus colaboradores inmediatos.
La economía es hoy día uno de los pilares de la seguridad nacional de cualquier nación. Más que el clásico poderío militar, en el mundo globalizado en que vivimos, para los países poderosos es cada vez más difícil traducir su poder nacional en términos de poderío bélico, como lo atestigua el retorno de la confrontación geopolítica entre las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China, ahora ya por espacios de poder comercial alrededor del mundo.
Como todo país pequeño, la seguridad nacional del Paraguay se centra en su capacidad económica y, obviamente, esta depende de su grado de desarrollo relativo. Por tanto, todo acto cometido por ciudadanos comunes o funcionarios públicos contra la seguridad económica del país, sea por acción u omisión, con el pretexto que fuere, debe ser castigado con el rigor que la ley de las naciones establece. Bajo ese concepto, es condenable la artera maniobra administrativa conducida por la actual administración del ente eléctrico a los efectos de impedir la participación de la industria metalúrgica nacional en la construcción de la línea de transmisión eléctrica de 500 kV de Yacyretá a Asunción, denegándole el derecho de preferencia con que los gobiernos protegen a sus industrias frente a competidores extranjeros como regla de oro de su política económica.
Por esta razón es que el Estado puede y debe establecer reglas razonables para favorecer la competitividad de las empresas nacionales de cara a la competencia foránea, sobre todo en obras de infraestructura y de servicios básicos construidas con créditos a ser pagados con el dinero de los ciudadanos contribuyentes.
Resulta obvio que nuestro país, con su mediterraneidad, no puede alcanzar un desarrollo sustentable en el mediano plazo solo con la exportación de commodities. Necesita desarrollar industrias manufactureras que proporcionen puestos de trabajo para el creciente número de mano de obra disponible. La industria metalúrgica es un renglón estratégico del desarrollo económico del país. Sin embargo, pese a que ya se han realizado obras similares como esta por la que ahora pelean los industriales paraguayos, por desidia y corrupción de los sucesivos gobiernos, y de los concusionarios inescrupulosos y corruptos empotrados en la administración de la ANDE, hasta ahora vienen siendo sistemáticamente marginados en forma ruin de las oportunidades de participar preferencialmente en las licitaciones pertinentes.
Como se ha comprobado el repudiable delito cometido por el presidente de la ANDE y sus paniaguados contra un interés nacional de la mayor importancia, como este de la participación de la industria metalúrgica nacional en las licitaciones para la construcción de una obra de infraestructura, cabe esperar que el Presidente de la República los sancione ejemplarmente.
El Primer Mandatario, como supremo administrador del Estado, es el responsable de lo que sus altos funcionarios hacen o dejan de hacer en todos los órdenes de la vida nacional, incluidas la seguridad ciudadana y la económica, por lo que de ninguna manera debería dejar de sancionar a altos funcionarios de su gobierno que demuestran no acompañarlo en su esfuerzo de cumplir lo mejor posible con la confianza que le demostraron quienes lo eligieron.