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A pesar de su inmensa riqueza potencial, el departamento del Alto Paraguay es uno de los más pobres en materia de desarrollo del país. Con sus 82.349 kilómetros cuadrados –el doble de la superficie de Suiza– NO TIENE UN SOLO METRO DE CAMINO ASFALTADO. Su atraso socioeconómico es atribuible a un aislamiento tan extremo que, en estos días, los municipios situados sobre el río Paraguay solo pueden vincularse con el mundo exterior mediante una lancha que llega hasta Vallemí. En la realidad, sus 21.000 pobladores viven desconectados desde hace décadas, pero lo cierto es que su situación ha empeorado: ya no tienen, como antaño, un servicio regular de transporte aéreo, y los dos buques de la Flota Mercante del Estado son hoy un lejano recuerdo. Este rico departamento es el patio trasero del Paraguay, exclusivamente por la corrupción de las autoridades nacionales y departamentales.
Si el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se ha desentendido de que nuestros compatriotas norteños tengan rutas transitables durante todo el año, tampoco el de Salud Pública y Bienestar Social se ha ocupado de que el hospital regional de Fuerte Olimpo tenga médicos especialistas y un banco de sangre, razón por la cual una joven parturienta debió ser evacuada hace unos meses hasta Asunción por el Servicio Aéreo de Búsqueda y Rescate, pero solo después de haberse secado la pista de aterrizaje del aeropuerto de la capital departamental.
Vale la pena recalcar que el abandono en que está sumido el departamento no es atribuible solo a la desidia del Poder Ejecutivo, sino también a la negligencia y corrupción del gobierno departamental de turno. Desde 1993 hasta mediados de este año, los mandamases locales han administrado más de 350.000 millones de guaraníes sin ningún resultado para los pobladores pero sí para sus respectivos bolsillos. Con tantos fondos con destino no justificable, puede pensarse que los popes departamentales saquearon a mansalva y siguen impunes. Valgan como muestras los casos de los exgobernadores Erasmo Rodríguez y Rosalba de Penayo, condenados en 2009 a reponer, respectivamente, 280 y 208 millones de guaraníes, pagaderos en 36 cuotas: ninguno de ellos devolvió un centavo, y conste que en la administración del primero se detectó un faltante de 3.000 millones de guaraníes, y en la de la segunda, uno de 4.000 millones.
No es aventurado suponer que los gobernadores del Alto Paraguay son quienes más han robado, en términos relativos, en toda la geografía patria. Y lo hicieron, justamente, en el departamento más carenciado, demostrando así la estrecha correlación que existe entre la corrupción y la pobreza. Si al menos hubieran enripiado 20 kilómetros por año, aprovechando las piedras de las cercanías de Fuerte Olimpo, el departamento ya habría estado unido a Loma Plata mediante un camino siempre transitable. En vez de eso, prefirieron dedicarse con entusiasmo a malgastar el dinero público. Sin olvidar al célebre padrino político de la zona, el exdiputado José Chamorro, otro inútil que no hizo nada por su departamento.
Como el botín departamental era apetecible, la disputa entre los aspirantes a conquistarlo fue siempre intensa. Por ejemplo, entre 1998 y 2003 hubo nada menos que seis gobernadores, que dejaron a su paso fuertes indicios de corrupción y que incluso pagaban los pasajes aéreos de jueces electorales de Concepción para que fueran a legitimarlos.
Vale la pena mencionar a los gobernadores colorados que, desde 1993 hasta 2013, defraudaron miserablemente las esperanzas de sus conciudadanos, con la complicidad de la mayoría de los concejales departamentales: Tarcisio Sostoa, Óscar Alvarenga, Bernardino Garcete, Sergio Valinotti, Vidal Benítez, Nildo Penayo, Erasmo Rodríguez, Rosalba de Penayo y Justo Fernández. Pese a su desastrosa gestión, el gobierno departamental fue intervenido solo una vez durante todos estos tristes años. Según sus propios dichos, la actual gobernadora, Marlene Ocampos, también de la ANR, se dedica a distribuir víveres, alegando que sus antecesores no hicieron nada. Tiene toda la razón, pero justamente por eso debería hacer mucho más. Debería ocuparse, por ejemplo, del mantenimiento de los caminos vecinales, en vez de dejarlo a cargo de una comisión de ganaderos, que se permite cobrar peaje y cerrar el tránsito cuando lo cree oportuno. Un gobierno departamental no puede lavarse las manos transfiriendo su competencia a un grupo privado.
La descentralización se funda en la creencia de que él conoce las necesidades locales y puede responder a ellas con rapidez, aparte de que en tal caso el control ciudadano será más eficaz que el ejercido sobre el lejano Gobierno nacional. Desde este último punto de vista, gran responsabilidad le cabe también a la sociedad civil del Alto Paraguay por haber venido tolerando un expolio descomunal e incluso reeligiendo a los miembros de la misma rosca corrupta. Por eso, es destacable que en abril de este año se haya despertado y reaccionado, realizando una jornada de protesta en Toro Pampa, con el fin de exigir a las autoridades nacionales y departamentales el arreglo de los caminos para que unos 10.000 habitantes de ocho localidades dejen de estar aislados. Los ladrones y los inútiles no deben seguir contando con la pasividad de la ciudadanía. Es plausible también que, por fin, en noviembre último, el MOPC haya encargado a dos empresas la construcción de 650 kilómetros de obras viales, lo que contribuirá a reducir la incomunicación, siempre que se hagan los permanentes trabajos de mantenimiento.
Los paraguayos y las paraguayas que sobreviven en el Paraguay profundo, como les gusta decir a los políticos, no deben seguir marginados. Los compatriotas del norte, en especial, deben ser rescatados de la corrupción y del olvido, para que rompan su aislamiento y venzan a la pobreza.