La Corte Suprema está convertida en botín de guerra

El capítulo más importante de la reforma judicial, de la que hoy se está hablando, sobre todo en el PLRA, debe consistir en eliminar el perverso cuoteo político en la designación de los jueces y en priorizar la idoneidad, la honradez y la diligencia en la administración de justicia. Si tenemos un Poder Judicial en el que abundan los ineptos, los corruptos y los haraganes es porque los magistrados –desde los ministros de la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces de Paz– han sido escogidos considerando en primer lugar su afiliación. La descomposición moral reinante en la Judicatura y en el Ministerio Público está estrechamente ligada a la enorme influencia ejercida por la politiquería. Mientras sigan así las cosas, no serán realidad ni el derecho a ser juzgado por jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, ni la garantía de igualdad de acceso a la justicia.

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El capítulo más importante de la reforma judicial, de la que hoy se está hablando, sobre todo en el PLRA, debe consistir en eliminar el perverso cuoteo político en la designación de los jueces y en priorizar la idoneidad, la honradez y la diligencia en la administración de justicia. Si tenemos un Poder Judicial en el que abundan los ineptos, los corruptos y los haraganes es porque los magistrados –desde los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta los jueces de Paz– han sido escogidos considerando en primer lugar su afiliación. Y si tenemos una Judicatura que no brilla por su independencia es también porque los políticos han intervenido decisivamente en su composición.

Quienes fueron nombrados no por sus méritos y aptitudes sino por el respaldo que tuvieron de un partido o de algún influyente legislador tienden a mostrarse muy agradecidos con sus patrocinadores. Es comprensible que así sea, pues quienes no tienen virtudes que exhibir creen que al menos deben mostrar gratitud, aunque sea prevaricando o designando a funcionarios “recomendados”.

Si antes de la caída de la dictadura había un Poder Judicial identificado con la ANR hasta el punto de que algunos magistrados se exhibían con el pañuelo colorado al cuello, hoy tenemos uno que ha sido en gran medida ocupado por los dos partidos mayoritarios. Es de pública notoriedad que el cuoteo halla su más nítida representación en la máxima autoridad judicial. Si la ANR y el PLRA fueran partidos aunque sea algo programáticos, podría entenderse que desearan contar en la Corte Suprema de Justicia con unos ministros que reflejen sus puntos de vista acerca de la libertad, la igualdad, la seguridad u otras cuestiones de similar importancia. Como es claro que para ellos las ideas son irrelevantes, las opiniones de los ministros les tienen absolutamente sin cuidado. El interrogatorio al que algunos de ellos fueron sometidos por el Senado en 2003 no pasó de ser una simple formalidad, tanto que el Dr. Sindulfo Blanco no tuvo empacho en confesar luego que había mentido al decir que los miembros de la Corte necesitan una doble confirmación para lograr la inamovilidad en el cargo.

Si a los políticos no les importa en absoluto que los jueces tengan una concepción más o menos conservadora, liberal o “progresista” del Derecho, es porque solo pretenden obtener sentencias de favor e instalar en el presupuesto a sus amigos, parientes y correligionarios. La cuestión es que el magistrado esté dispuesto eventualmente a torcer la ley y que los allegados accedan al dinero público.

El mínimo presupuestario equivalente al tres por ciento del presupuesto de la Administración Central, que la Constitución otorga al Poder Judicial para asegurar su independencia, solo ha servido más bien para que proliferen los cargos ocupados según criterios partidistas. No ha contribuido a que los magistrados juzguen según la ley ni a que los ciudadanos hallen una pronta atención a sus reclamos, sino para alimentar a la clientela de los políticos para reforzar su poder. Si la corrupción se ha descentralizado desde 1989, la Judicatura se ha pluripartidizado en el sentido de que hoy ya no está en manos de un solo partido, sino por lo menos de dos. Lo mismo ha ocurrido en el Ministerio Público, pues también los fiscales han sido designados según el cuoteo y no precisamente por el currículum vítae.

El hecho de que todos los nombramientos hayan surgido, como corresponde, de ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura (CM), revela hasta qué punto la partidocracia ha desvirtuado las instituciones. Ese órgano, creado por la Constitución actual justamente para precautelar la independencia de los jueces impidiendo que su designación dependa de un solo órgano o sector político, fue totalmente contaminado por el partidismo. Aparte de que entre sus ocho miembros figuran dos representantes del Poder Legislativo y uno del Ejecutivo, que a la hora de seleccionar a los candidatos tiene en cuenta factores políticos, el representante de la CSJ le debe su cargo a un partido y los restantes miembros –dos abogados y dos profesores de las facultades de Derecho– son electos por sus colegas en unos comicios en los que la afiliación juega un rol determinante. Es decir, a la hora de elaborar las ternas, todos ellos han venido privilegiando, la gran mayoría de las veces, cuestiones ajenas a los requisitos formalmente requeridos para integrar el Poder Judicial o el Ministerio Público.

No debe extrañar, entonces, que en la práctica se haya impuesto el cuoteo, tanto que en la Justicia Electoral tiene hasta una consagración normativa en lo que hace a sus funcionarios y contratados. Allí resulta extremadamente difícil, si no imposible, que una persona no afiliada a ningún partido pueda aspirar a un cargo.

Hay signos alentadores de que el CM está tratando de liberarse del enfoque partidista que ha venido primando en la constitución de las ternas de magistrados y fiscales, pero nada garantiza que esta reorientación no sea pronto corregida por los actores políticos. Es que el cuoteo, en última instancia, está vinculado a la corrupción, cuyos tentáculos son bien poderosos. Es presumible que muchos políticos no quieran correr el riesgo de ser investigados y eventualmente condenados por los delitos cometidos o por cometer, de modo que se esforzarán por meter una mano en tan delicado asunto. La gestión del CM a lo largo de los últimos años muestra que ni la Constitución ni las leyes pueden asegurar que el Poder Judicial y el Ministerio Público estén integrados solo por personas honorables, capaces y laboriosas. Para que así sea, es necesario que quienes intervengan en la preselección y el nombramiento se liberen de sus inclinaciones partidistas y, a la vez, tengan el coraje de resistir a quienes desean seguir repartiendo los cargos públicos según el carnet partidario.

La descomposición moral reinante en la Judicatura y en el Ministerio Público está estrechamente ligada a la enorme influencia ejercida por la politiquería. Por culpa de ella, la afiliación adecuada y los padrinos oportunos se convirtieron en los factores esenciales para designar a quienes van a juzgar o a representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Mientras sigan así las cosas, no serán realidad ni el derecho a ser juzgado por jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, ni la garantía de igualdad de acceso a la justicia. Erradicar el nefasto cuoteo, cuanto antes, es una de las tareas de la hora.

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