La culpa del despilfarro la tienen los diputados y senadores

Los principales responsables del indignante despilfarro del dinero público en materia de salarios y otras remuneraciones al personal público son los legisladores que sancionan la ley del presupuesto nacional. Son ellos los que destinan el dinero de los contribuyentes al pago de todo tipo de emolumentos a funcionarios y contratados que, en general, no se destacan ni por su idoneidad, ni por su honradez ni por su inteligencia. Son ellos los que crean cargos innecesarios para ubicar a sus operadores políticos, a sus parientes cercanos y a sus amistades íntimas o hasta para encubrir el pago de sus empleados particulares con fondos públicos. Son ellos, en fin, los que traicionan a los ciudadanos al privarlos de hecho de servicios básicos que no pueden ser cabalmente proveídos porque casi toda la recaudación impositiva debe destinarse al pago de extravagantes remuneraciones. Es tiempo de que las víctimas –los paraguayos y paraguayas– se movilicen en defensa de su dinero miserablemente malgastado.

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Los principales responsables del indignante despilfarro del dinero público en materia de salarios y otras remuneraciones al personal público son los legisladores que sancionan la ley del presupuesto nacional. Son ellos los que destinan el dinero de los contribuyentes al pago de todo tipo de emolumentos a funcionarios y contratados que, en general, no se destacan ni por su idoneidad, ni por su honradez ni por su diligencia. Son ellos los que crean cargos innecesarios para ubicar a sus operadores políticos, a sus parientes cercanos y a sus amistades íntimas o hasta para encubrir el pago de sus empleados particulares con fondos públicos. Son ellos, en fin, los que traicionan a los ciudadanos al privarlos de hecho de servicios básicos que no pueden ser cabalmente proveídos porque casi toda la recaudación impositiva debe destinarse al pago de extravagantes remuneraciones.

Tamaña desvergüenza es posible porque el Poder Legislativo, dejando de lado al Ministerio de Hacienda, negocia con las autoridades de los diversos órganos, a los que dotan de dinero público con la condición de que varios de los nuevos puestos sean ocupados por sus recomendados y porque el Poder Ejecutivo no puede vetar ni siquiera parcialmente la ley del presupuesto nacional, por razones de tiempo. Un buen ejemplo de esa perversa política en materia de personal público es el propio Congreso, donde no solo hay personas muy cercanas a los legisladores, sino también nueve directores generales y 29 directores que cobran en total 632.262.800 guaraníes mensuales, sin ejercer sus respectivas funciones.

Las asignaciones del presupuesto nacional, así como los nombramientos y las contrataciones resultantes, revelan el nivel intelectual y, sobre todo, moral que ha venido exhibiendo al menos la mayoría de los representantes del pueblo. La pésima calidad del gasto público es una consecuencia directa de la pésima calidad del Congreso, y esta es el resultado de las perniciosas “listas sábana” presentadas en las elecciones internas de los partidos, preparadas por los capos partidarios, en las que se mimetiza todo tipo de candidatos, incluyendo los de la peor ralea. Para integrarlas solo es necesario estar vinculado a algún pope político, tener solvencia económica o, en todo caso, estar dispuesto a endeudarse firmando pagarés o a pedir una contribución a algún empresario dispuesto a poner varias fichas en el tablero electoral, como bien lo saben el senador Blas Llano y el Presidente de la República. Los conocimientos y la honradez son absolutamente secundarios a la hora de elaborar una lista. La cuestión es tener dinero o comprometerse a devolverlo, quizá incluso en forma de favores que se puedan dispensar desde el cargo electivo a conquistar. De esta forma han aterrizado en el partido impresentables como Carlos Portillo, Magdaleno Silva, Óscar González Daher, Nimia Carísimo y otros.

¿Cabe esperar que parlamentarios de esta índole sean celosos custodios de los fondos públicos o que tengan alguna idea de política financiera? Ciertamente, son los legisladores los primeros culpables del escandaloso malgasto que se viene denunciando, pero no se debe olvidar que ellos, al fin y al cabo, fueron electos y hasta reelectos por el pueblo. También los ciudadanos tienen su cuota de responsabilidad. Se dirá que no tuvieron opciones, ya que las listas de candidatos han sido cerradas y bloqueadas, incluso en las elecciones internas. Es cierto, pero si hasta hoy no se ha logrado realmente acabar con las “listas sábana” es porque la ciudadanía no ha sido aún lo bastante enérgica en su lucha contra ese modelo que le obliga a votar por cualquier inescrupuloso que haya comprado su candidatura.

Aparte de bregar contra las perniciosas “listas sábana”, que sirven para proteger a facinerosos y promover a ignorantes, la gente debe exigir que los políticos rectifiquen la repudiable conducta manifestada, entre otras cosas, en el derroche del dinero público. Conviene que cada vez que algún legislador aparezca en la prensa llenándose la boca de pueblo y hasta lamentando que la salud y la educación pública estén tan descuidadas, lo mismo que las rutas, el ciudadano tenga en cuenta que tales situaciones justamente derivan de que el Congreso ha venido prefiriendo satisfacer intereses personales o sectoriales que se contraponen al bien público. Es imposible aumentar puestos administrativos con buenos salarios, a ser ocupados por ineptos, haraganes y corruptos, y al mismo tiempo lograr que hospitales, escuelas y vías de comunicación estén a la altura de las necesidades del país. Es hipócrita prever el gasto público en función de unos ingresos imaginarios, a sabiendas de que, en el mejor de los casos, solo será plenamente ejecutado el referente al obligatorio pago de los “servicios personales”, es decir, de los salarios y las irracionales remuneraciones complementarias.

Sería deplorable que la inacción ciudadana permita que en las próximas elecciones generales se vuelva a votar unas “listas sábana” conformadas por los mismos que hoy, como ayer, están dilapidando groseramente el dinero público o por otros de igual catadura que seguirán haciendo lo mismo por insolvencia moral e intelectual. Los beneficiarios del despilfarro están organizados y defienden con uñas y dientes sus irritantes privilegios. Es tiempo de que las víctimas –los paraguayos y las paraguayas comunes y corrientes– se movilicen en sentido contrario, en defensa de su dinero bien habido pero miserablemente malgastado por unos irresponsables de tomo y lomo.

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