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A diferencia de lo que ocurre con los funcionarios de la Administración Pública, para quienes se exige idoneidad para ocupar sus cargos, la Constitución Nacional no dispone que los legisladores cumplan con algún requisito de idoneidad para ocupar sus bancas. Es de suponer que eso ocurre porque se cree que solo se atreverían a postularse quienes posean algún conocimiento sobre la cosa pública, y que el pueblo, bien informado, sabría elegir de entre ellos a los mejores.
Como la suposición es obviamente errónea y, por lo demás, las materias legislativas son muy variadas, se comprende que los diputados y los senadores cuenten con asesores personales, a costa del erario, para que estén más o menos a la altura de su importante labor. El problema es que las asesorías parlamentarias son una verdadera joda, que sirven más bien para dotar de buenos salarios a parientes, amigos y operadores políticos, sin perjuicio de que los “asesorados” se queden con una parte de los emolumentos, que pueden llegar hasta a 12 millones de guaraníes, incluida la bonificación familiar. Tal fue el caso del mecánico Miguel Ángel Carballo, nombrado en 2013 “asesor” por el entonces diputado Víctor Bogado, mientras cobraba también un sueldo en la Municipalidad de Asunción.
No existe regla alguna en cuanto al número de consultores que puede tener cada diputado, pero el promedio es de tres. Empero, en la plantilla figura un total de nada menos que 532 asesores, de entre los que 238 son “externos”, llevándose la palma el diputado Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), que ¡cuenta con seis de ellos! Bajo ese título cobran hoy varios exparlamentarios y exfuncionarios, que desean seguir viviendo a costa de los contribuyentes. Este año, los consultores se quedarán con la friolera de 41.277 millones de guaraníes en total, entre otras cosas porque los diputados se embolsan la suma prevista en la matriz salarial para que cada uno de ellos contrate a los suyos, es decir, la utilizan como un sobresueldo.
¿Cómo se explica que haya tantos “asesores”, incluso considerando que las treinta Comisiones Asesoras Permanentes tienen sus propios asesores? Ocurre, simplemente, que la enorme mayoría de ellos son vulgares “planilleros”, ya que ni siquiera visitan el Palacio Legislativo. Y si lo visitan no lo hacen precisamente para transmitir su sapiencia a un parlamentario, sino para hablar con el padrino respectivo de asuntos que en nada interesan a la sociedad. ¿O se creerá, acaso, que si el citado mecánico concurrió alguna vez fue para aconsejar a alguien sobre el tratamiento de cierto proyecto de ley?
Se preguntará el lector quién controla el “trabajo” realizado por esa multitud de supuestos asesores. Y bien, ellos solo deben reportarse ante quienes evalúan su “rendimiento”, es decir, los propios parlamentarios, sin ajustarse a ningún horario de trabajo. O sea, por ejemplo, que dos hijas de la diputada Ramonita Mendoza (PLRA) y una de su colega Héctor Lesme (PLRA), que fungen como “asesores” en la Cámara Baja, solo deben rendir cuentas a sus progenitores.
“No necesariamente hacen oficina, aunque pueden estar trabajando desde otros lugares”, dijo alguna vez, muy suelto de cuerpo, el director administrativo de la Cámara, Alfredo Mongelós, tratando de justificar el repugnante “planillerismo”.
¿Y qué deberían hacer los ausentes en beneficio de sus evaluadores y, por extensión, de la ciudadanía? Pues, según el mismo funcionario, “guiarlos, por ejemplo, en la realización de los proyectos de leyes, hacer correcciones de las formas y diferentes tipos de gestiones, no solo a nivel de proyectos, sino también a nivel personal del parlamentario”. En verdad, a los ciudadanos les gustaría mucho saber en qué consistirían, en concreto, los asuntos personales del diputado, cuyo manejo también es retribuido con el dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes. ¿Acaso cuidar de sus hijos menores o de su casa quinta? Está claro que las “asesorías” parlamentarias no son más que una costosa tomadura de pelo, que debe ser castigada conforme al Código Penal, porque implican la comisión del delito de cobro indebido de honorarios, salvo muy contadas excepciones. Se trata de una burla cruel a la que nuestros descarados representantes seguirán destinando decenas de miles de millones de guaraníes, mientras los paraguayos sigamos aceptando dócilmente que nos tomen por imbéciles.
Esos parásitos de la función pública, que llevan tan rimbombante título sin tener la menor idoneidad, no le prestan ningún servicio al país. Son la expresión más cruda del prebendarismo rapaz de la que hacen gala los parlamentarios, sin ningún escrúpulo, quienes no se distinguen, precisamente, por su sapiencia, y que en vez de emplear el dinero de sus compatriotas para ilustrarse recurriendo a personas competentes, lo derrochan con todo descaro en beneficio propio y en el de sus allegados. Resulta que, en realidad, no les interesa tener un desempeño aunque sea regular como legisladores, sino instalar en el Presupuesto a cualquiera que les venga en gana.
¡Y estos –en mayoría– vulgares ignorantes son los que dictan las leyes que deciden sobre la vida y hacienda de los ciudadanos hasta en sus más ínfimos detalles!
Solo liquidando las “listas sábana”, que secuestran la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas en el momento de elegir, se podrá esperar un mejor futuro para el país. Hay que hacerles sentir a estos desfachatados que el pueblo paraguayo está cansado de que vivan a sus costillas.