Pocas veces un proyecto de servicio público ha suscitado tanta controversia y generado tanta suspicacia como el del metrobús, que ha vuelto al ámbito parlamentario tras su archivamiento el año pasado y que será de nuevo tratado por la Cámara de Diputados en su sesión de mañana, miércoles.
Tantas han sido las marchas y contramarchas que por casi cinco años han estado dando los impulsores de este cuestionado emprendimiento de transporte público, y tanta la obstinación por conseguir que este Congreso saliente a fin de mes, dentro de unos pocos días, apruebe el mix de empréstitos pertinentes, que se ha hecho pública la fuerte sospecha de que tras la parafernalia mediática y política empleada para lograrlo por la rosca del MOPC y por conocidos políticos, como el senador liberal Luis Alberto Wagner y otros legisladores, se esconde otro nauseabundo negociado que salpica a sus propulsores institucionales y cómplices políticos.
La sospecha ciudadana de que el asunto olía fétido subió de punto cuando el año pasado el senador Wagner, Ricardo Canese y otros arrearon a incautos estudiantes secundarios de colegios públicos hasta la explanada del Congreso para hacer lobby a favor de la aprobación del proyecto. Para la opinión pública, la deducción lógica fue que tan desmedido interés en forzar esa aprobación necesariamente tenía que deberse a intereses espurios antes que a celo por el interés ciudadano. La iniciativa de volver a presentarlo al filo del último período de sesiones del Congreso saliente ha reforzado esta sospecha de contubernio entre el gobierno liberal de Federico Franco y algunos parlamentarios, para que a cualquier costo se apruebe dicha ley antes de que asuman el nuevo Congreso y el nuevo gobierno, y se estudie con mayor responsabilidad el tema.
Habida cuenta de que de aprobarse su implementación quedaría en manos del nuevo gobierno, lo que al parecer preocupa a las autoridades liberales del MOPC, como el ministro Salyn Buzarquis, José Tomás Rivarola y otros administradores del proyecto, es que ellos ya han utilizado unos US$ 5 millones del crédito del BID en gastos que nada tienen que ver con ningún metrobús, delito por el que podrían ser imputados penalmente cuando las nuevas autoridades del MOPC tomen posesión del cargo si el gobierno del presidente Cartes decide barrer la añeja corrupción empotrada en esa cartera ministerial. De ahí la desesperación de los burócratas concusionarios, sin descartar que con la “palada inicial” que seguramente dará el ministro Buzarquis tan pronto la Cámara de Diputados apruebe el convenio de préstamo, algún dinero irá a manos de los políticos comprometidos con el entuerto.
De hecho, el coordinador del proyecto metrobús, José Tomás Rivarola, en eufóricas declaraciones a medios de comunicación, ha señalado que con la aprobación del presupuesto de 242 millones de dólares para la incorporación del metrobús eléctrico se harán obras complementarias, como la reconversión del centro histórico de Asunción, la modernización de oficinas públicas y la reconstrucción total de la avenida Eusebio Ayala dotándola de seis carriles, de los cuales cuatro serán para automóviles y dos para el metrobús. Lo que “olvidó” decir es que esas obras complementarias y las no analizadas expropiaciones a los propietarios de las viviendas y comercios a ser afectados por la construcción de la línea del metrobús, por no haber sido estudiadas en detalle, sin duda sobrepasarán largamente el presupuesto de referencia.
De hecho, como está ocurriendo con la autopista Ñu Guasu, el MOPC no sabe cuáles se van a necesitar, cuánto va a costar, cómo se va a hacer, ni de dónde va a sacar el dinero necesario para las indemnizaciones que demandará la implementación del proyecto metrobús. Lo más probable es que, como ocurrió con la construcción de la avenida Madame Lynch, que de un plazo de un par de años, tardó 10 en completarse, con lo que casi triplicó su costo, con los US$ 242 millones el metrobús quede a mitad de camino, como un monumento a la corrupción de la era Cartes, a menos que el presidente electo intervenga para evitar que le entreguen en bandeja un potencial elefante blanco.
Este diario ha puntualizado hasta la saciedad las irregularidades técnicas, administrativas y sociales del proyecto de marras. Lo que cabe señalar en esta oportunidad es que, contra toda lógica, los impulsores del proyecto se están apurando para que, contra viento y marea, sea aprobado por la Cámara de Diputados saliente, lo que lleva a creer que hubo mucho dinero bajo el escritorio de los beneficiarios ocultos tras las bambalinas del MOPC. La rosca empotrada en dicha repartición del Estado pretende dar el último gran mordisco al banquete que tuvieron durante la administración de los ministros liberales, para dejar que el nuevo gobierno cargue con el pesado fardo, como sucedió con Acepar en la era del dictador Alfredo Stroessner, que de US$ 188 millones terminó costando más de US$ 400 millones, que los contribuyentes tuvieron que pagar, sin que la planta siderúrgica haya sido debidamente completada y que al final, irónicamente, fue rematada por menos de US$ 30 millones y sin haber reportado ningún beneficio duradero a la Nación.
Hay demasiados detalles de este chanchullo encubierto que no se conocen, situación similar a la del proyecto de la autopista Ñu Guasu, lanzada como una obra nacional prioritaria, cuando en realidad el verdadero propósito eran los beneficios obtenidos por los contratistas, justo en momentos en que la campaña electoral por la presidencia de la República necesitaba más dinero.
Da para sospechar que este proyecto del metrobús está destinado a favorecer a personajes escondidos entre los escritorios del MOPC que quieren dar el último manotazo a la plata del pueblo.
La Cámara de Diputados debe postergar el tratamiento de este proyecto hasta que el MOPC lo presente bien completo y salve todas las objeciones que posee, para comprobar si en verdad será o no una solución inteligente al martirizante problema del mal servicio del actual transporte público de pasajeros, objetivo que debe buscarse con la máxima sensatez y honestidad.