Empresa privada y Gobierno son necesariamente diferentes. Los negocios se organizan alrededor de un principio dominante: el lucro. En cambio, el Gobierno tiene como responsabilidad primaria administrar el dinero de los contribuyentes con el máximo celo, para que la inversión pública se refleje en la calidad de los bienes y servicios que el Estado contrata con las empresas privadas, y para que el precio pagado por los mismos sea justo. Lamentablemente, a nivel mundial y regional, desde hace décadas el Paraguay ocupa uno de los primeros lugares en el ranking de la corrupción, y hasta ahora no hay señales de que la élite política gobernante esté dispuesta a revertir un récord tan infame.
La corrupción pública afecta la gobernabilidad del Estado, el buen gobierno y el crecimiento de la economía, y, consecuentemente, induce a la pobreza y la desigualdad social. Contribuye a la inseguridad, el narcotráfico y el terrorismo, como lo viene comprobando desde hace mucho tiempo la ciudadanía. Este estado de cosas es culpa de las élites políticas y los malos gobernantes por ellas encumbradas, que han ido corrompiendo gradualmente los órganos centrales del Gobierno, permitiendo la emergencia de grupos empresariales mercantilistas corruptos, que se aprovechan de la venalidad de los burócratas concusionarios empotrados en los más altos niveles de la administración pública, para saciar su desmedido afán de lucro con el dinero de los contribuyentes. En nuestro país, la pérdida del patriotismo y de la honestidad de los servidores públicos ha dado paso a que sigan sus apetitos personales, que como un cáustico disuelven la ética de responsabilidad con la que debieran desempeñarse.
Obviamente, no se puede esperar que todos los empresarios antepongan el patriotismo, la ética y la honestidad a sus beneficios, como tampoco que todos sean necesariamente corruptos. Para los buitres carroñeros que medran a costillas del Estado en cuanta oportunidad se les presenta, tales valores representan un agregado sentimental sin importancia, un impedimento para la maximización del lucro. Lo malo no es que existan empresarios mafiosos –que siempre han existido y existirán–, sino que la galopante subversión de las instituciones públicas haga prosperar la codicia de estos facinerosos.
En este poco propicio escenario destaca una repartición nacional donde la simbiosis de la corrupción pública y privada ha alcanzado su pico: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La indignante corrupción imperante en esta institución es ancestral, pero desde la caída del dictador Alfredo Stroessner se ha ido acentuando hasta niveles escandalosos en los últimos tiempos. Paralelamente, aquellas empresas constructoras viales que medran a su amparo mediante la colusión y el soborno han ido afilando los dientes para acrecentar su indebido lucro, merced a la deshonestidad de los venales funcionarios encargados de velar por la plata de los contribuyentes. Y lo hacen doblemente: con los precios inflados de las obras que cotizan, por una parte, y con la mala calidad de su ejecución, por otra. El primer batacazo lo dan en el más alto nivel de la institución sobornando al ministro y a su primer anillo de colaboradores; el segundo, con la complicidad de la empresa consultora contratada para la fiscalización –generalmente controlada por las mismas constructoras–, con la complaciente supervisión del ingeniero responsable del control de calidad de los trabajos por parte del MOPC. Vista gorda que también tiene su precio. Así funciona la espiral de corrupción en esta repartición pública que tradicionalmente administra el mayor presupuesto de ejecución del Estado y que, por lo mismo, ha propiciado la conformación de una poderosa rosca inescrupulosa que literalmente ha encontrado en este ministerio a la gallina de los huevos de oro.
Aunque en la actualidad existen numerosas empresas constructoras viales, las más favorecidas por la camarilla enquistada en el MOPC han sido históricamente aquellas nucleadas en la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la mayoría de las cuales emergieron y progresaron durante la dictadura stronista: Ecomipa SA (Juan Carlos Wasmosy), EDV Construcciones SA (Enrique Díaz Benza), Benito Roggio e Hijos SA (Óscar Franco), Tecnoedil SA (Denes Tómboly), 14 de Julio SA (Raúl Cubas Grau), Concret-Mix SA (José Bogarín), Compañía de Construcciones Civiles SA (Solano Cordero), OCHO A SA (Luis Pettengill), Barrail Hnos. SA, Conempa SA, Construcpar SA, Ingaer SA, Talavera & Ortellado SA, Vialtec SA, S. Feldmann SA, por citar algunas de las que más contratos de obras viales del MOPC acaparan, como es de público conocimiento.
Tal como los empresarios del transporte lograron que el Congreso les aprobara la ley de creación de Setama, la secretaría público-privada en que ellos tienen voz y voto para imponer tarifas del pasaje, así también Cavialpa, durante el gobierno de Wasmosy, hizo aprobar por el Congreso una ley que creaba un ente mixto integrado por funcionarios del MOPC y empresarios viales: la Dirección Nacional de Obras Públicas (DINOP), con atribuciones para fijar pautas de precios y adjudicaciones de contratos viales, subrogando injustificadamente una potestad privativa de dicho ministerio. Durante su breve mandato, el presidente Raúl Cubas –pese a ser empresario de Cavialpa–, con muy buen tino, vetó el proyecto de ley, pero, tras su renuncia, el gobierno de Luis González Macchi rápidamente lo aprobó.
Durante la gestión del ministro José Alberto “Icho” Planás, algunas empresas vinculadas a Cavialpa y otras, a base de jugosas coimas, obtuvieron carta blanca para repartirse a gusto y paladar los contratos de obras viales, sin necesidad de valerse de la ley de marras, que tiempo después fue dejada de lado porque ya no la necesitaron desde que se institucionalizó la coima con la voraz codicia del ministro de turno y la vista gorda del contralor general de la República del momento, Francisco Galiano, de por medio. Resultado de esta disparada de la corrupción en el MOPC fueron los tristemente célebres “empedrados chinos”, pagados al doble del precio establecido por el gobierno de Cubas –quien había conseguido el préstamo–, y la mayoría, si no todos, pésimamente construidos y ni siquiera terminados. “Monumentos a la corrupción” hasta hoy maldecidos por las comunidades que tenían que haber sido beneficiadas, como Tacuatí, por citar un triste caso.
Empresas de Cavialpa, entre otras, son también las corresponsables de las estafas perpetradas con la construcción de la ruta Transchaco, en el tramo comprendido entre Mariscal Estigarribia y La Patria, y con la reconstrucción de la ruta de Pozo Colorado a Concepción, la ruta de San Ignacio, Misiones, a Pilar y la que une Paraguarí con Villarrica y La Colmena; esta última, construida por la empresa del arquitecto Julio Mendoza y asociados –actual contratista del primer tramo de la autopista Ñu Guasu– en el doble del plazo contractual original y con 32 por ciento de sobrecosto, que irónicamente fue inaugurada dos veces –por Nicanor Duarte Frutos y por Fernando Lugo– y que en la actualidad llama la atención pública por su severo deterioro.
Resta por verse cuándo, cómo y a qué costo concluirá la cacareada autopista Luque-Asunción. Los auspicios no son halagüeños: la innecesaria destrucción del tramo del histórico ferrocarril de López, la ilegal extracción de tierra del predio de la Dirección de Aeronáutica Civil, las marchas y contramarchas en la definición del proyecto geométrico y estructural definitivo de las obras, y la contrariedad de los vecinos afectados, no presagian un feliz término.
Habida cuenta de la corrupción público-privada acumulada en el ámbito del MOPC con la más campante impunidad, tanto bajo el gobierno izquierdista de Fernando Lugo como el del liberal Federico Franco y los de los colorados que les antecedieron, si el presidente electo, Horacio Cartes, pretende cambiar el rumbo de la conducción nacional como afirma, se impone acabar con el contubernio público-privado enquistado en dicha repartición estatal. Y si la ley no puede alcanzar a los culpables por los vicios de nuestra judicatura, por lo menos que sea la opinión pública la que sancione moralmente a aquellos empresarios corruptos que se llenan las faltriqueras perjudicando al país en su conjunto al aumentar indebidamente los costos y rebajar la calidad de las obras públicas que se les encomiendan.