Las “listas sábana” contra la libertad del elector

Los caciques políticos y los magistrados electorales acordaron sepultar el reclamo popular de competir libremente en elecciones directas y no previamente digidadas –como ahora–, al anunciar la supuesta imposibilidad de aplicación del desbloqueo de las “listas sábana”, como también del control del dinero sucio que financia las elecciones. Para la ciudadanía, es simple y claro. De no existir las “listas sábana”, todos estos personajes indeseables de la política criolla y rastrera serían desplazados por gente con verdadera vocación política y capacitada para las delicadas funciones de Estado. De existir un férreo control financiero de las campañas electorales, todos ellos deberán ocupar lugares en las celdas comunes del sistema penitenciario nacional. Estas son las razones que impulsan a las elites políticas, y a los aspirantes, a formar parte de ellas, a conservar las “listas sábana” y a rechazar el control estatal independiente de los fondos destinados a sufragar gastos electorales. Los que están, para acumular más poder ilegítimo y fortuna malhabida, y los que esperan su turno, porque aspiran a convertirse en multimillonarios, al igual que los otros, sin arriesgar capital ni esfuerzo, ni temer a la Justicia.

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La Justicia Electoral, creada por la Constitución de 1992, es la institución responsable de proclamar a las autoridades electivas del país. Cuenta con el monopolio del poder en cuanto a los asuntos electorales como para que la ciudadanía se pueda respaldar legalmente en ella para la necesaria garantía y respeto a la voluntad popular en el proceso de construcción del poder legítimo.

Sin embargo, a pesar de contar con la plenitud de las atribuciones en esa cuestión específica y pese también a que sus máximas autoridades están investidas de fueros para actuar con independencia y seguridad, es una institución que se convirtió con el tiempo en un simple apéndice de la clase política dominante del país, de la cual se contaminó con todos los vicios de latrocinio, servilismo y arbitrariedad, hasta convertir a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en lo que son actualmente: simples mandaderos de los caciques políticos que desde las élites partidarias y los resortes parlamentarios tuercen las leyes electorales y estrujan a su antojo las reglas del juego democrático.

Los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hicieron llamar a las autoridades y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para hacerlos aparecer en las fotografías y filmaciones como los autores intelectuales del rechazo de la cúpula política mafiosa al clamor popular, que se tradujo en dos proyectos de leyes, uno de los cuales ya lleva seis años cajoneado. Uno trata del desbloqueo de las listas sábana y el otro del control del financiamiento electoral, dos cuestiones que ayudan a los dueños de partidos y movimientos partidarios a ser elegidos y reelectos las veces que desean, además de convertirlos en los grandes electores, por encima de la soberanía ciudadana y de las leyes, y de manejar el dinero de origen sucio, lejos del control estatal.

Aprovechándose de la distracción ciudadana en varias cuestiones relevantes de la agenda política, los caciques partidarios decidieron dar su golpe para asegurarse de hacerse elegir ellos mismos y varios otros personajes averiados de su entorno en las próximas elecciones generales. Al mismo tiempo, se van a asegurar de que en las decisivas elecciones internas sigan recibiendo y distribuyendo dinero de origen cada vez más cierto como proveniente del narcotráfico, de la corrupción estatal, del contrabando, del lavado de dinero y de la evasión impositiva.

Los caciques políticos y los magistrados electorales acordaron sepultar el reclamo popular de competir libremente en elecciones directas y no previamente digitadas –como ahora– por los propietarios de movimientos y partidos. Al mismo tiempo, resolvieron mantener oculta la forma en que estos personajes y sus camarillas juntan dinero de aportantes que, con toda razón, temen represalias futuras, de delincuentes de cuellos blancos que compran bancas con dinero sucio. Naturalmente, quedará oculta también la buena parte de todo ese dinero con que se quedan los “dueños” de las listas sábana.

Para la ciudadanía, es simple y claro: de no existir las listas sábana, todos estos personajes indeseables de la política criolla y rastrera serían desplazados por gente con verdadera vocación política y capacitada para las delicadas funciones de Estado. De existir un férreo control financiero de las campañas electorales, todos ellos deberán ocupar lugares en las celdas comunes del sistema penitenciario nacional.

Estas son las razones que impulsan a las elites políticas, y a los aspirantes a formar parte de ellas, a conservar las “listas sábana” y a rechazar el control estatal independiente de los fondos destinados a sufragar gastos electorales. Los que están, para acumular más poder ilegítimo y fortuna malhabida, y los que esperan su turno, porque aspiran a convertirse en multimillonarios, al igual que los otros, sin arriesgar capital ni esfuerzo, ni temer a la justicia.

Este grosero rechazo de una comisión parlamentaria en connivencia con la Justicia Electoral de dos cuestiones de alto interés cívico, que sin duda será confirmado en pocos días por el Congreso, justifica la reacción popular que, de llevarse a cabo, seguramente será repelida por los órganos de seguridad “con la ley en la mano” como falta grave, atropello y violencia contra las instituciones republicanas. Los ciudadanos y las ciudadanas deben comprender que el silencio permisivo y la pasividad frente a estos verdaderos actos de violencia en contra de los principios constitucionales de elección directa en igualdad de condiciones, con transparencia y garantía legal e institucional, solo contribuyen a fortalecer el sistema de exclusión política y al poder de las gavillas partidarias.

Estas verdaderas burlas a las aspiraciones de la gente por parte de legisladores y magistrados electorales insensibles a la voluntad popular son las que llevan, finalmente, a que la gente pierda la paciencia y busque justicia por propia mano cuando la institución que debe impartirla, el Poder Judicial, es un brazo más de los políticos bandidos.

Para remediar esta tétrica situación, hay un solo camino: sepultar el régimen de “listas sábana”, para lo cual la ciudadanía debe salir a las calles a exigir su derecho a elegir libremente a sus representantes.

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