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A raíz de la iniciativa del presidente de la República, Horacio Cartes, anunciando que el Estado asumiría la deuda de la Azucarera Iturbe SA con productores cañeros de la zona, ni cortos ni perezosos, cinco senadores, Nelson Aguinagalde (ANR), Gustavo Alfonso (ANR), Zulma Gómez (PLRA), Fernando Lugo Méndez (FG) y Sixto Pereira (FG), han presentado a la Cámara Alta un proyecto de ley que declara de utilidad social regional la actividad de la mencionada empresa y expropia a favor del Estado paraguayo el 100 por ciento del patrimonio de la misma. A todas luces, resalta la contradicción entre esta iniciativa gubernamental y la promesa del Primer Mandatario de marcar un nuevo rumbo para la política económica nacional, impulsando cambios de liberalización indispensables para la implementación de reformas estructurales macroeconómicas que posibiliten un crecimiento sostenido del producto interno bruto del país.
Como ocurrió recientemente con la reestatización de Acepar –emblemático “elefante blanco” de la dictadura stronista–, en este caso, una vez más, el Gobierno trata de disfrazar con la manida cantinela de la “utilidad social” el rescate de una empresa privada pésimamente administrada y con instalaciones industriales obsoletas, cargando el pesado fardo sobre las espaldas de los contribuyentes.
En el caso de esta azucarera, a estar por lo declarado por las autoridades nacionales involucradas en el tema, de entrada el fisco –el contribuyente paraguayo– deberá aportar 15.000 millones de guaraníes en concepto de pago de la deuda que la empresa mantiene con sus proveedores de materia prima. Pero a nadie escapa que con la iniciativa de expropiación –sugestivamente propuesta por los senadores más arriba citados– esta suma podría ser apenas la punta del iceberg que se esconde detrás de lo que podría ser otro flagrante negociado convenido entre gallos y medianoche por los ineficientes propietarios de la firma vaciada con altos exponentes del Gobierno nacional. En última instancia, aunque no existiese dolo, la iniciativa gubernamental va a contramano de la política económica de liberalización proclamada por el Gobierno con el fin de mejorar la productividad nacional.
¿De dónde va a salir el dinero para pagar el pasivo de la fallida empresa? Como el Estado recauda apenas un poco más de lo que gasta en sueldos, no puede descartarse que tal suma salga del dinero prestado al Gobierno por las instituciones financieras internacionales vía bonos soberanos que tres generaciones de paraguayos deben pagar a partir de ahora y por 30 años. ¿De dónde van a provenir los recursos necesarios para financiar la reactivación industrial de la obsoleta planta azucarera de Iturbe, habida cuenta de que actualmente todas las industrias básicas en manos del Estado son deficitarias, como la INC, Acepar, Capasa, etc.? Sin duda, va a salir también de las arcas públicas, sea del dinero prestado, o mediante subsidios disfrazados de las vacas lecheras de Itaipú o Yacyretá, como está ocurriendo con la acería de Villa Hayes, supuestamente arrendada a una empresa brasileña, pero en realidad encubiertamente subvencionada por el Estado en beneficio de ciertos grupos de interés.
A menos que una mayoría de legisladores con verdadero sentido de responsabilidad y patriotismo rechace el inoportuno y populista proyecto de ley presentado por la coalición de colorados, liberales y socialistas “bolivarianos”, el gobierno del presidente Cartes va a agregar un elefante blanco más a los numerosos con que ya cuenta el Estado sin que reporten beneficio alguno para la sociedad, aunque sí para sus administradores de turno, los políticos depredadores siempre al acecho y su infaltable clientela política acostumbrada a mamar de las ubres del Estado.
Irónicamente, no deja de ser un despropósito que, en vez de tratar de concretar las alianzas público-privadas encaminadas a atraer capital privado, tanto doméstico como foráneo, para impulsar proyectos de infraestructuras indispensables para el crecimiento económico, el Gobierno tenga que estar malgastando dinero prestado para subvencionar empresas públicas crónicamente deficitarias y, lo que es peor ahora, estatizar empresas privadas fallidas, debilitando así la capacidad del Estado para impulsar reformas estructurales que hagan sostenible un mayor crecimiento económico que le permita hacer frente al pago de la ingente deuda que está contrayendo con las instituciones financieras internacionales, so pena de llevar al país en el futuro a una desastrosa cesación de pago, como le ocurrió a la Argentina bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa, cuyas secuelas la mantienen en jaque hasta el presente bajo el gobierno de los Kirchner.
De continuar con esta errática y contradictoria política populista, el Paraguay emergente que el presidente Cartes ha prometido al pueblo no pasaría de ser una mentira convencional que llevará a pensar que el híbrido público-privado fue diseñado más bien para fomentar la corrupción de empresarios mafiosos que roban al Estado, al decir en el comienzo de su gobierno por el propio Primer Mandatario, antes que para cooperar con este en la concreción de emprendimientos conjuntos mutuamente beneficiosos, como pretende la Ley de Alianza Público-Privada, que, a un año de gobierno, continúa siendo letra muerta.
De cara a estas consideraciones básicas de la realidad política nacional, las reformas estructurales de las que tanto habla el Gobierno, pero por las que tan poco hace, podrían frustrarse, o tornarse inconsistentes e insuficientes para atender las dificultades económicas y deseos de moralización del
Estado que el pueblo reclama con insistencia. Con la recuperación de Acepar por parte del Estado y ahora con el proyecto de ley de expropiación de la Azucarera Iturbe, el presidente Horacio Cartes está tomando medidas populistas inconducentes, que son las más fáciles pero las menos efectivas para impulsar el desarrollo económico que pretende su gobierno.
Si el presidente Horacio Cartes no rectifica el rumbo de su contradictoria política económica, lo más probable es que dentro de cinco años el legado de su gobierno sea el aumento de la desigualdad entre los paraguayos, con la paradoja de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y el consiguiente infortunio que ese dilema representa para la Nación.
Los legisladores que no se olvidaron de su compromiso con el interés general tienen ahora en sus manos el deber de impedir que se meta en otro brete sin salida a la población, que ya tiene las espaldas machucadas de tantos golpes bajos recibidos de parte de políticos, autoridades corruptas y empresarios inescrupulosos, rechazando este descabellado proyecto de ley sobre la Azucarera Iturbe SA.