03 de Diciembre de 2012

 

Los accidentes de tránsito tienen alto costo para el país

Nuestro único Centro de Emergencias Médicas recibe cada fin de semana a entre 400 y 500 víctimas de accidentes de tránsito, con un elevado porcentaje de motociclistas. El número de accidentados sería mucho más alto, pues el dato no incluye a los que son atendidos en otros centros sanitarios, sobre todo en lugares alejados de la capital. Aparte de lamentar la pérdida de vidas humanas, hay que destinar importantes recursos humanos y materiales para salvar otras, tanto que el Centro de Emergencias Médicas –saturado de pacientes– sufre de una insuficiencia crónica de insumos y de camas. Si también se consideran las horas de trabajo perdidas forzosamente por los accidentados, cabe inferir que la situación es dramática. Para combatir este problema, hay que recurrir tanto a la educación como al castigo.

Nuestro único Centro de Emergencias Médicas recibe cada fin de semana a entre 400 y 500 víctimas de accidentes de tránsito, con un elevado porcentaje de motociclistas. El número de ellas sería mucho más alto, pues el dato no incluye a las que son atendidas en otros centros sanitarios, sobre todo en lugares alejados de la capital.

Aparte de lamentar la pérdida de vidas humanas, hay que destinar importantes recursos humanos y materiales para salvar otras, tanto que el Centro de Emergencias Médicas –saturado de pacientes– sufre de una insuficiencia crónica de insumos y de camas. Si también se consideran las horas de trabajo perdidas forzosamente por los accidentados, cabe inferir que la situación es dramática.

Si hay tantas víctimas de accidentes de tránsito en un país de poco más de seis millones de habitantes es porque la negligencia está generalizada. A ella no escapan ni las autoridades competentes ni los conductores de vehículos. El descontrol es notorio. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y las municipalidades deben mantener las rutas y las calles en buen estado y adecuadamente señalizadas. No lo hacen, pero hasta hoy nadie ha sido condenado en virtud del Art. 216 del Código Penal, que castiga con tres años de prisión o con multa al responsable de la construcción de carreteras o de la seguridad del tránsito que causara o tolerara un estado gravemente riesgoso de dichas instalaciones. Las municipalidades, por su parte, deben otorgar una licencia de conducir solo a quien tenga la edad suficiente y haya aprobado el examen reglamentario, pero no es raro ver a adolescentes manejando un vehículo automotor. No hace falta decir que el número de accidentes disminuiría bastante si se cumplieran cabalmente esas exigencias básicas para un tránsito seguro.

Los motociclistas merecen un capítulo aparte. Los conductores de estos biciclos no respetan la velocidad máxima establecida en los diferentes lugares, y toman hasta las mismas calles de Asunción como pistas de carrera desplazándose a 150 km por hora frente a los agentes de tránsito sin que estos atinen absolutamente a nada. A más de la velocidad no permitida, muchos motociclistas no llevan cascos, sus vehículos no tienen chapa, y a menudo llevan dos o más personas –incluyendo niños– también sin la protección exigida.

Los motociclistas, que constituyen el 66% de las víctimas de accidentes de tránsito, suelen llegar al Centro de Emergencias Médicas borrachos, ensangrentados y con vómitos, según el propio director de esa institución. Cabe aplicar a esos insensatos el Art. 217 del Código Penal, que castiga con prisión de hasta dos años o con multa al que condujera en la vía pública un vehículo sin estar en condiciones debido a la ingestión de bebidas alcohólicas. Manejar en estado de ebriedad –los accidentes aumentan llamativamente los fines de mes cálidos– no implica una mera infracción de tránsito, sino un hecho punible que debe ser perseguido con todo el rigor de la ley. El borracho que sufre o produce un accidente debe ir a la cárcel. Tanto la Policía Caminera como la Municipal de Tránsito deben velar estrictamente por el cumplimiento de las normas.

Las medidas correctivas sugeridas deben ser sensatas y aplicables. Por ejemplo, se ha señalado la necesidad de gravar las motocicletas para desalentar su compra, pero el impuesto solo privaría a las personas de bajos ingresos de una motocicleta, sin inducirlas a comprar otro tipo de vehículo. Optan por ella justamente porque no tienen dinero para comprar un automóvil o una camioneta, ya que la diferencia de precios es enorme. No está mal, en absoluto, que esas personas se motoricen ni que en el país se creen puestos de trabajo ensamblando motocicletas. Lo que está mal es que los motociclistas, entre otras cosas, carezcan de la educación vial necesaria para conducir, que no respeten las normas del tránsito y que exista con ellos una increíble indulgencia por parte de los agentes del tránsito y de la Policía Caminera.

Hace falta una continua campaña de concienciación respecto a la seguridad en la circulación, de modo que los conductores sepan y recuerden que lo que está en juego es su vida y la de los demás. Hay que recurrir tanto a la educación como al castigo. La correcta combinación de medidas preventivas y punitivas reducirá considerablemente las dimensiones de lo que bien podría llamarse una cotidiana tragedia nacional.

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