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La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitirá hoy dictamen sobre el desbloqueo de las “listas sábana”, es decir, sobre la posibilidad de que el elector pueda votar por la persona de su preferencia sin respetar el orden que le quiere imponer la cúpula partidaria. El proyecto de ley de los diputados colorados Ramón Romero Roa, Óscar Tuma y Dany Durand prevé el desbloqueo de las listas solo en las elecciones internas, en tanto que el de la diputada independiente Olga Ferreira y el liberal José Ledesma lo admite solo para las generales.
Lo que está en juego es, por lo tanto, que el ciudadano pueda apartarse de las listas confeccionadas por los caciques políticos que no tienen en cuenta ni la idoneidad ni la honestidad de sus integrantes, sino la obsecuencia o la contribución monetaria que puedan brindar. Es de pública notoriedad, en efecto, que en las elecciones internas se venden por sumas siderales los primeros puestos de una lista, sobre todo cuando de la elección de candidatos a senadores se trata.
Esta repulsiva realidad ocasiona que los afiliados, primero, y los ciudadanos en general, después, se vean obligados hasta ahora a aceptar como bobos lo que resulte del dedazo de un capitoste o de la compra de un buen lugar en la lista sábana. O sea que deben tragarse lo que les impongan por interés personal de quienes desean instalarlos en el Congreso, o en las Juntas Departamentales y Municipales.
Así, la libertad del elector se ve mutilada como si fuera un zombi sin criterio para decidir por sí mismo quién podría representar o defender mejor sus intereses. El desbloqueo evitaría estas distorsiones de su voluntad, en la medida en que respaldaría únicamente a aquel en quien confía porque lo conoce, y no a cuarenta y cinco aspirantes a senadores de los que en su gran mayoría ni siquiera ha oído hablar.
Si no se piensa que el elector es un ignorante o un infradotado, se le debe permitir hacer uso de su más ilustrado criterio como mejor le parezca, y no obligarlo, como ahora, a someterse a los dictados de las claques o del dinero puro y duro de los delincuentes metidos en la política. Romper las “listas sábana” es un imperativo moral y político para sanear los órganos colegiados, algo que el Congreso mantiene secuestrado desde 2002, año en que fue presentado el primer proyecto de ley que desbloquea las listas de candidatos. Nueve años más tarde, fue aprobado uno por ambas Cámaras para ser aplicado en los comicios generales de 2013, pero poco después se dispuso que rija solo a partir de las municipales de 2015. Desde entonces, se han sucedido los proyectos de ley cuyo estudio ha sido aplazado una y otra vez.
A esta altura se trata ya de una cansina historia a la que no se ha puesto fin favorable al elector por la simple razón de que, en realidad, los legisladores no tienen ningún deseo de eliminar las “listas sábana”, porque la mayoría fueron elegidos justamente gracias a ellas, y no serían votados en unas elecciones libres y transparentes.
La semana anterior, los saboteadores de la voluntad ciudadana contaron con el apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard –un miembro de la cofradía–, quien alegó que el cronograma electoral impediría aplicar el desbloqueo tanto para las elecciones internas como para las generales. El 21 de agosto se convocaría a elecciones internas, de modo que ya no habría tiempo para alterar las reglas de juego, como si antes de esa fecha no pudiera ser sancionada y promulgada la ley que reclaman los paraguayos y las paraguayas.
No debe sorprender, entonces, que la máxima autoridad de la Justicia Electoral se confabule con quienes desean que nada cambie en el liberticida sistema de votación. Los politicastros beneficiados por el actual estado de cosas se sirven de ese dócil organismo subalterno no solo para instalar allí a sus respectivos operadores políticos mediante un “cuoteo” formalizado, sino también para sacarle la “declaración” en el sentido que ellos esperan. Lo que el titular del TSJE ha hecho es respetar lo que le han ordenado los parlamentarios renuentes a desechar el mecanismo electoral que les ha venido siendo tan útil para enriquecerse en la “profesión” de político.
Esta verdadera farsa, a la que según todos los indicios daría continuidad el dictamen a ser presentado esta mañana, debe ser enérgicamente condenada por la propia ciudadanía que el 5 de junio de 2012 tuvo el coraje de rodear el Congreso en defensa de su libre albedrío a la hora de votar. Es de esperar que, así como su movilización contribuyó decididamente a que se deseche el irregular proyecto de enmienda constitucional, sirva ahora para demostrar a los legisladores que no pueden seguir burlándose alegremente de la gente para perpetuarse en sus bancas. Es hora de que los ciudadanos y las ciudadanas vuelvan a levantarse en defensa del voto y en contra de la imposición fraudulenta que beneficia, en primer lugar, a delincuentes disfrazados de parlamentarios.