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    Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte, luego variables. Precipitaciones al final de la jornada.

  • Viernes 20

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    Frío a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sureste.

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04 de Diciembre de 2017

 

Más dinero para los buitres políticos y su clientela

El Congreso empeoró el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación, que contemplaba erogaciones por un valor total de 73,160 billones de guaraníes (unos 13.000 millones de dólares) y aumentos salariales superiores al último reajuste del salario mínimo, en contra de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Con ello el déficit fiscal del próximo año rebasaría el límite del 1,5% del PIB, fijado en la citada ley, para llegar al 1,63%, según la ministra de Hacienda, Lea Giménez. Los incrementos dispuestos por los legisladores –cuándo no– responden básicamente a mejoras en las retribuciones de funcionarios y docentes. Emplear fondos públicos para congraciarse con ciertos grupos de presión a cambio de apoyo electoral es una práctica inmoral y contraria a la racionalidad financiera que merece el repudio ciudadano. El dinero de los contribuyentes debe satisfacer el interés general y no el de los funcionarios públicos organizados que recurren al chantaje para imponer sus demandas. Está visto que los tiempos electorales son propicios para presentarlas, confiando en que, por oportunismo político, el Congreso –los senadores y diputados– estará dispuesto a atenderlas.

El Congreso empeoró el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, que contemplaba erogaciones por un valor total de 73,160 billones de guaraníes (unos 13.000 millones de dólares) y aumentos salariales superiores al último reajuste del salario mínimo, en contra de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los diputados aprobaron un gasto público de 73,617 billones de guaraníes (13.155 millones de dólares) y los senadores uno de 73,533 billones (13.110 millones de dólares), según datos parciales, con lo que el déficit fiscal del próximo año rebasaría el límite del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), fijado en la citada ley, para llegar al 1,63%, según la ministra de Hacienda, Lea Giménez. Para más, como no supo de dónde sacar dinero para justificar los mayores egresos, el Senado autorizó a su Comisión de Hacienda, sin que ninguna normativa lo permita, a reducir los gastos que crea superfluos, incurriendo en el escándalo de aprobar un Presupuesto sin cifras finales.

Los incrementos dispuestos por los legisladores –cuándo no– responden básicamente a mejoras en las retribuciones de funcionarios y docentes, llegando los otorgados por los senadores a 466.391 millones de guaraníes (83.280.000 dólares).

Emplear fondos públicos para congraciarse con ciertos grupos de presión a cambio de su apoyo electoral es una práctica inmoral y contraria a la racionalidad financiera que merece el repudio ciudadano. El dinero de los contribuyentes debe satisfacer el interés general y no el de los funcionarios públicos organizados que recurren al chantaje para imponer sus demandas. Está visto que los tiempos electorales son propicios para presentarlas, confiando en que, por oportunismo político, el Congreso –o los senadores y diputados– estará dispuesto a atenderlas. Como los contribuyentes no están sindicalizados, ni van a la huelga ni bloquean entidades estatales, solo se hacen oír los pedigüeños de siempre a través de sus medidas de fuerza.

Quienes sancionan y promulgan el Presupuesto se ven tentados a satisfacer ese reclamo “popular” de mejores salarios, sin atender la recaudación tributaria racionalmente previsible, tanto que a lo resuelto por los senadores le faltaría una cobertura financiera de unos 220.000 millones de guaraníes (unos 40 millones de dólares). Lo que los parlamentarios de todos los colores suelen hacer es elevar fantasiosamente los ingresos tributarios previstos por el Poder Ejecutivo, algo prohibido por las Constituciones de varios países más organizados, como la de Chile.

Desde el punto de vista formal, nada impide que la Ley de Responsabilidad Fiscal sea ignorada por la presupuestaria, pues no se trata de una normativa de superior jerarquía. Empero, que sus disposiciones sean dejadas de lado en función de un irresponsable populismo habla muy poco en favor de la seriedad en el manejo de las finanzas públicas y del respeto a una ley sancionada por estos mismos legisladores. Como los impuestos recaudados no cubrirán todos los gastos previstos y los aumentos salariales son de obligado cumplimiento, el Ministerio de Hacienda tendrá que reducir las inversiones y los gastos sociales, afectando incluso la gestión del próximo Gobierno. No se atiende el bien común, sino el particular, como apuntó la ministra Lea Giménez.

Se dirá que para recaudar más se debe combatir el contrabando y la evasión fiscal, pero sería ilusorio esperar que el próximo año los organismos recaudadores tengan el coraje y la honestidad de cobrar como se debe a los grandes evasores sinvergüenzas ligados al poder político. Por eso mismo, es erróneo suponer que cierto porcentaje de crecimiento del PIB será acompañado por uno igual de recaudación impositiva.

La Carta Magna dice que el interés particular no debe primar sobre el general. El interés de la nación radica en tener un Presupuesto financiado, en el que los gastos corrientes no excedan notablemente los de inversión, que es lo que hoy ocurre debido al exceso de funcionarios con sueldos altísimos, provocado por el arraigado prebendarismo de la clase política. En los últimos años, los “servidores públicos” lograron aumentos muy superiores a los recibidos por los trabajadores y empleados del sector privado, por la simple razón de que los legisladores prefieren mantenerlos contentos a ellos antes que destinar fondos a obras de infraestructura vial, educativa o sanitaria. No defienden el bolsillo de los contribuyentes que les pagan sus dietas, sino que prefieren abultar el de quienes brindan pésimas prestaciones, o simplemente no tienen nada que hacer en las oficinas públicas. También las remuneraciones de los docentes se han venido incrementando, sin que ello se haya reflejado en su esfuerzo por capacitarse ni en un mejoramiento de la enseñanza que imparten.

La irresponsabilidad fiscal conducirá de hecho a que las inversiones y los gastos sociales disminuyan, afectando el presente y el futuro de la población. Si es que se desembolsa más de lo que se tiene, el Gobierno recurrirá otra vez al cómodo expediente de contraer más deudas a ser amortizadas con un mayor endeudamiento. Se trata del “bicicleteo”, lo que ya está ocurriendo con la emisión de bonos soberanos, y que habrá de proseguir, pues las Cámaras aprobaron una nueva emisión por valor de 600 millones de dólares, de los cuales la mitad servirá para pagar “pasivos”. La gran mayoría de los legisladores comparte la mentalidad del diputado liberal Dionisio Amarilla, quien hace poco justificó una ampliación presupuestaria con que la suma en cuestión era una “bicoca” frente a lo que roban los aduaneros.

Así, a este paso, se va desbarrancando nuestro país de la mano de unos legisladores irresponsables que solo piensan en sus intereses políticos. Todas las versiones indican que la Cámara Baja admitiría los mayores dispendios resueltos por el Senado sin garantía alguna de cobertura. Las organizaciones sociales de ciudadanos y ciudadanas, que serán las principales víctimas del despropósito en ciernes, deben manifestarse públicamente ante la nueva deuda que será colocada sobre los hombros del pueblo trabajador que con su sudor paga sus impuestos.

 
 

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