Más papistas que el Papa

De insolentes y hasta injuriosas deben ser calificadas ciertas declaraciones formuladas en Asunción por algunos de los cancilleres de los países de la Unasur que llegaron para supuestamente presenciar y “testimoniar” acerca del juicio político al actualmente expresidente Lugo, pero en la realidad para defender a este y tratar de presionar para evitar su destitución. Ahora resulta que algunos de estos funcionarios pretenden erigirse en una especia de alta Corte Suprema internacional de justicia, distribuyendo fallos condenatorios y absoluciones respecto a otros Estados que, como el nuestro, entran en procesos políticos singulares cuyas circunstancias no les agradan. Los paraguayos nunca cedimos un ápice de soberanía en lo que respecta a nuestros derechos de autodeterminación, y no será a esta altura de nuestra larga y respetada tradición de Estado soberano, celoso de su independencia, que vendremos a incurrir en semejante defección.

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De insolentes y hasta injuriosas deben ser calificadas ciertas declaraciones formuladas en Asunción por algunos de los cancilleres de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que llegaron para supuestamente presenciar y “testimoniar” acerca del juicio político al que el Congreso decidió someter al ahora expresidente Fernando Lugo, pero en la realidad para defender a este y tratar de presionar para evitar su destitución.

Ahora resulta que algunos de estos funcionarios pretenden erigirse en una especie de alta Corte Suprema internacional de justicia, distribuyendo fallos condenatorios y absoluciones respecto a otros Estados que, como el nuestro, entran en procesos políticos singulares cuyas circunstancias, por el motivo que fuese, no les agradan. Olvidan estos cancille res y sus respectivos gobiernos que Naciones Unidas, a la que pertenecen los Estados que ellos representan, prohíbe terminantemente que ningún país o grupo de países intervengan en los asuntos internos de otros, y bajo ningún pretexto.

Sin embargo, esto es lo que están haciendo en este momento los Jefes de Estado y cancilleres latinoamericanos cuando se ponen a calificar de antemano el proceso político incoado al expresidente Fernando Lugo. Se arrogan atribuciones que, al menos en este país, nadie pensó otorgarles. Porque, cualesquiera hayan sido los términos de los tratados internacionales que como Estado hayamos suscrito, la cesión de soberanía no pudo jamás haberse convenido, ni siquiera implícitamente, en ellos; y, por consiguiente, nadie, ningún otro Gobierno de Estado, debería presumir este extremo.

Los paraguayos nunca cedimos un ápice de soberanía en lo que respecta a nuestros derechos de autodeterminación, y no será a esta altura de nuestra larga y respetada tradición de Estado soberano, celoso de su independencia, que vendremos a incurrir en semejante defección.

Para peor, en homenaje a las normas de urbanidad del buen anfitrión, tuvimos que soportar las arrogantes opiniones del presumido canciller venezolano, Nicolás Maduro, calificando la actuación de los legisladores de “bochornosa” y amenazando con llevar el caso de la “violación del derecho a la defensa” supuestamente cometido contra Fernando Lugo al seno de las deliberaciones de la Unasur, bravata reforzada por el secretario general de este organismo, Alí Rodríguez, casualmente también venezolano y bolivariano, dejando implícitas en sus palabras advertencias directas de aplicación de represalias contra nuestro país, tratando de convertirse, de ese modo, en protagonistas y hasta árbitros de una situación cuya resolución compete solamente a las instituciones previstas en nuestra Constitución Nacional, de acuerdo a los mecanismos y procedimientos establecidos en ella.

Veamos quiénes nos vienen ahora a sermonear sobre la defensa de la democracia y los golpes de Estado: nada menos que representantes del régimen y correligionarios del teniente coronel Hugo Chávez, uno de los peores gorilas violadores de las libertades y derechos humanos en su país, quien en el año 1992 organizó y comandó dos golpes de Estado contra presidentes democráticamente electos, fracasando ciertamente, pero dejando más de 300 víctimas fatales e incontable número de heridos y lesionados de por vida.

Según cables de prensa, el presidente del Parlamento Centroamericano (con sede en Guatemala), Manolo Pichardo, no se quedó atrás, describiendo a los congresistas paraguayos como “oligarquía recalcitrante camuflada de parlamentarios golpistas”, permitiéndose, seguidamente, formularnos la enérgica exigencia de “deponer la actitud antidemocrática”. Su colega brasileño, el presidente del inservible pero costoso Parlamento del Mercosur, doctor Roshina, en declaraciones a una radioemisora local también formuló explícitamente su intención de “llevar el caso paraguayo” al seno de su organización.

¿Pero quiénes son realmente estos políticos que se erigen en arcángeles custodios, interventores directos en las democracias que no son las suyas? Es posible que sus actuaciones y declaraciones no respondan más que al deseo de aprovechar la oportunidad que les proporciona un escándalo de extendida repercusión en la prensa internacional, para hacer lucir sus nombres y justificar los descansados cargos que ejercen en esas anodinas organizaciones. Si es así, no habría mayor problema, naturalmente.

El expresidente Fernando Lugo tuvo el buen criterio de someterse sensatamente a la decisión del Congreso en el juicio político que le fue incoado, y de disponerse a asumir de inmediato las consecuencias derivadas de la misma, como de hecho lo hizo, de modo pacífico y ordenado. No fue infamado, goza de todos sus derechos civiles y políticos y de la plena capacidad de decidir libremente sobre su futuro, como cualquier otro ciudadano.

En las calles de las ciudades y caminos del país no se cometieron desmanes ni hubo represión violenta, el Paraguay está tranquilo, su devenir político cotidiano prosigue normalmente y, en general, se mira el futuro con optimismo.

Y siendo que el mismo Fernando Lugo se sometió pacíficamente al proceso generado en el Congreso, ¿qué es lo que el Mercosur, el Parlasur, la Unasur, el Celac y cuantos más organismos regionales se inventaron por ahí tienen que objetar al Paraguay? ¿Qué proceso o resultado van a impugnar si su defendido aceptó, como corresponde, el fallo del Congreso, que –dicho sea de paso– se adoptó por abrumadora mayoría de legisladores de casi todos los partidos?

Por otra parte, cabe preguntar asimismo: ¿A quién o a quiénes van a castigar con sus eventuales sanciones? Tienen que saber que las penalidades de las que estuvieron hablando son de carácter económico y que, cuando estas se aplican, los que sufren las consecuencias no son los senadores, diputados y jefes de los otros Poderes del Estado, sino el pueblo llano, aquel cuyo bienestar y prosperidad dependen de la regularidad de la actividad económica, de la estabilidad política, la paz social y la seguridad jurídica. Y que todo esto es lo primero que se altera con las acciones insensatamente agresivas con las que estos diplomáticos están amenazándonos.

El descarado canciller venezolano Maduro pronosticó, además, antes de conocerse la sentencia del Senado, que en caso de que el fallo fuera desfavorable a Lugo, que el pueblo iba a reaccionar con violencia. Ojalá haya permanecido el tiempo suficiente aquí como para comprobar que su defendido, el hoy expresidente Lugo, hace tiempo perdió el apoyo de la abrumadora mayoría de la población por sus desaciertos y su desastrosa vida personal, y que ese levantamiento que pronosticó solo existe en su radicalizada mente. Por el contrario, con la salida de Lugo del gobierno, con todas las garantías para un expresidente, la población está recobrando la calma y la actividad ciudadana su normalidad.

Si finalmente la razonabilidad se impone entre los diplomáticos de la región, como es dable esperar que suceda, lo recientemente acaecido en este país pasará a la historia política latinoamericana como un episodio doloroso, pero del cual se han de poder obtener valiosas lecciones para el perfeccionamiento del sistema democrático, al que todos aspiramos, pero que cada quien tiene el derecho de perseguirlo por sí mismo, como lo juzga mejor.
Que es, al fin y al cabo, en lo que consiste la verdadera soberanía de los pueblos.

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