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A la licenciada en Ciencias de la Educación Nancy Figueredo no le sirvió de nada haber ganado el concurso público de oposición convocado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para ocupar la dirección de un colegio de Eusebio Ayala, ya que el puesto terminó siendo otorgado a la postulante que alcanzó el tercer lugar. Ante la denuncia de la afectada, la doctora Sonia Paredes –directora de Concursos Públicos de Oposición del MEC– afirmó que “las normativas deben respetarse, gusten o no”. Tiene toda la razón; así que solo resta averiguar si la decisión adoptada se ajusta o no a ellas. Según la funcionaria, el puntaje no es un criterio que defina la capacidad del docente. Si eso es cierto, ¿cuál sería el criterio a tener en cuenta para determinar la idoneidad, según las normativas a ser acatadas aunque disgusten?
La Dra. Paredes respondió a esta inquietud señalando que la capacidad del docente se desprende de “las competencias que se evalúan durante el proceso de concurso, como las pruebas escritas, orales, entrevista y certificado”. La evaluación se hace mediante el puntaje, y es de suponer que algún valor tiene el hecho de haber obtenido el más alto. Si no es así, ¿por qué se lo emplea en un concurso público de oposición? Como la directora encargada del procedimiento de selección está peleada con la lógica, no pudo responder a esa interrogante y se limitó a señalar que quizá se cometió el error de no descalificar de entrada a los candidatos que no trabajaban en el colegio.
Una resolución ministerial dictada el año pasado prioriza a los docentes del centro educativo al que hace relación el concurso, lo que significa que no excluye a otros interesados. Si el hecho de ser “de la casa” debe implicar una ventaja, ella debe traducirse, en todo caso, en la concesión de puntos adicionales. La Lic. Figueredo fue admitida como postulante y demostró tener más méritos y aptitudes que los otros aspirantes. La Dra. Paredes fue incapaz de explicar de qué valen los concursos públicos de oposición si al final el puesto en disputa no es confiado al mejor.
La evidente injusticia cometida solo puede ser atribuida a que a la mejor calificada le faltó un padrino lo bastante influyente como para que se respetara su puntaje.
Al igual que muchos excelentes maestros y profesores postergados (deberían pronunciarse en este caso) en tiempos de la dictadura stronista, ella habría sido marginada por motivos ajenos a las exigencias del cargo. Está visto que esta práctica nefasta persiste en los nombramientos para el magisterio, con la triste consecuencia de que también los alumnos son los más perjudicados. Los méritos y las aptitudes deben ser el único e imprescindible requisito para acceder a un cargo público. Si sus normativas dicen lo mismo en cuanto a la docencia, el MEC tendrá que cumplirlas, le “gusten o no”, al decir de su directora de Concursos Públicos de Oposición. Por lo demás, la arbitrariedad perpetrada sugiere que el cargo que ella misma ejerce es engañoso, ya que ese procedimiento de selección no sería más que una burla cruel.
La ministra Marta Lafuente debe poner fin cuanto antes a la iniquidad referida, para que el favoritismo no termine primando sobre la idoneidad. Quienes la indujeron a cometerla deben ser sancionados, y la Lic. Figueredo debe ser nombrada directora del colegio, tal como lo reclama también la indignada comunidad educativa.