Miserable explotación

En una grosera violación de las normas más elementales del derecho laboral, la firma Cevima-Renova, responsable de las labores de limpieza en diversas instalaciones del IPS, explota a más de 700 empleados a quienes que paga un salario muy inferior al mínimo, aunque obligándolos ignominiosamente a firmar recibos en los que se hace constar que sí perciben la retribución estipulada por ley. Según los propios afectados, el personal del consorcio cobra un salario de 900.000 guaraníes, pero la empresa los estaría obligando a firmar recibos por el mínimo establecido, es decir, 1.658.232 guaraníes. Esta bochornosa irregularidad se produce aun cuando el IPS está obligado a contratar únicamente los servicios de empresas que cumplan con los requisitos más elementales del derecho laboral, entre los que figura, justamente, el pago del salario mínimo. Ello hace sospechar que existe algún tipo de complicidad entre las autoridades del IPS y el consorcio mencionado.

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En lo que constituye una grosera violación de las normas más elementales del derecho laboral, la firma Cevima-Renova, responsable de las labores de limpieza en diversas instalaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), explota a más de 700 empleados a quienes paga un salario muy inferior al mínimo, aunque obligándolos ignominiosamente a firmar recibos en los que se hace constar que sí perciben la retribución estipulada por ley.

De acuerdo con las informaciones dadas a conocer por los propios afectados, el personal del consorcio mencionado cobra un salario de 900.000 guaraníes; sin embargo –y lo que es peor, con el aval del IPS–, la empresa los estaría obligando a firmar recibos por el mínimo establecido, es decir, 1.658.232 guaraníes.

Dicha empresa tiene actualmente un contrato por valor de 27.000 millones de guaraníes con el IPS. El mismo vence en mayo de 2013. Si se toma en cuenta que solo abona 900.000 guaraníes a cada uno de los 725 empleados que están registrados en la planilla de la previsional, el consorcio tiene una utilidad aproximada de 1.500 millones de guaraníes al mes y unos 18.000 millones por año. Una impresionante ganancia que acumula, y es preciso decirlo con todas las letras, explotando inicuamente a trabajadores.

Esta bochornosa irregularidad se produce aun cuando, por ley, el IPS está obligado a contratar únicamente los servicios de empresas que cumplan con los requisitos más elementales del derecho laboral, entre los que figura, justamente, el pago del salario mínimo.

Ello hace sospechar que existe algún tipo de complicidad entre las autoridades del IPS, a cargo del presidente Fernando Silva Facetti, y el consorcio Cevima-Renova, cuyo representante es Claudio Escobar, pero que estaría vinculado al diputado colorado José Chamorro. En verdad no existe forma de explicar cómo el IPS, un ente que está obligado por ley al resguardo de la previsión social de los trabajadores, se vuelva en contra de ellos y permita dentro de sus propios locales un atropello de las escandalosas dimensiones que se está denunciando.

De hecho, la propia Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en un dictamen presentado el pasado 12 de noviembre. En primer término, la adjudicación anormal y la complicidad del IPS en la explotación de los empleados de Cevima-Renova.

El análisis de la entidad de control refiere que el consorcio en cuestión se habría beneficiado irregularmente con 24.745.310.760 guaraníes, al no contemplar beneficios laborales establecidos en la legislación vigente (sueldo mínimo, pagos especiales por desempeño en días feriados, domingos u horarios extraordinarios, entre otros).

Ante las graves irregularidades detectadas en su momento por los representantes de la Contraloría, la institución recomendó a la administración de Silva Facetti volver a evaluar las ofertas del consorcio en cuestión. Y no solamente esto no ha sido cumplido por el titular del IPS, sino que cabe la absurda posibilidad de que Cevima sea adjudicada nuevamente en la próxima licitación convocada por la previsional.

Estos datos tan a la vista confirman la existencia de un ilegítimo vínculo de complicidad entre las autoridades de la previsional, quienes deben deslindar responsabilidades, y la cuestionada firma supuestamente relacionada con el diputado colorado Chamorro.

Urge que el Ministerio Público, que por mandato constitucional debe “velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales”, tome cartas en el asunto y que, a pesar de las presiones políticas que seguro aparecerán, investigue a fondo este inmundo negociado que involucra por igual a representantes del sector público y el privado.

Al mismo tiempo, es de esperar que el Ministerio de Justicia y Trabajo intervenga de manera inmediata para precautelar el derecho de estos más de 700 compatriotas, que están siendo inicuamente explotados por un grupo de inescrupulosos que no trepida en medrar a costa del sacrificio de personas humildes y desprotegidas, quienes, amedrentadas ante la posibilidad de ser despedidas si hablan, sufren en silencio su martirio.

La población entera, allí donde se los ven, debe repudiar en forma pública a estos sinvergüenzas que usan su poder político para agredir de forma tan miserable a trabajadores indefensos.

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