La línea del metrobús proyectado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contempla el establecimiento de una vía troncal de ingreso y salida a lo largo de la avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia, en un recorrido de 18 kilómetros, desde San Lorenzo hasta Asunción. En ese trayecto se construirán estaciones intermedias para la subida y bajada de pasajeros. Las unidades de transporte serán trolebuses movidos a electricidad.
El Gobierno arguye que la inversión prevista para la implantación de esta modalidad de transporte público de pasajeros permitirá adicionalmente la revitalización del centro de Asunción mediante el mejoramiento de la estructura urbana del barrio San Jerónimo, la renovación de espacios públicos existentes y construcción de otros nuevos, a más de la construcción de oficinas gubernamentales y restauración de edificios de valor histórico.
Así presentado, a priori el desarrollo del proyecto de marras parece una maravilla digna de la más entusiasta aprobación ciudadana. Sin embargo, esta es nada más que la cara brillante de la moneda con la que se busca vender a la opinión pública el dudoso producto, ocultando deliberadamente el lado oscuro que esconde las falencias actuales y potenciales del mismo, y que llegado el momento podrían echar por tierra el atractivo escenario pintado por los patrocinadores del emprendimiento, con sorpresas fácticas de negativas consecuencias para el interés público. En ese sentido, nuestro diario se ha hecho eco de las críticas razonables, objetivas y oportunas formuladas por especialistas en la materia y por el público en general al sistema de transporte público adoptado por el MOPC. Esto, con la finalidad de que las autoridades responsables del proyecto y el Congreso que debe aprobar los préstamos para su implementación tomen las medidas correctivas que se requieren, a fin de evitar que tan costoso emprendimiento, así como está presentado, termine siendo otra estafa encubierta en perjuicio del Estado y de la ciudadanía.
Una de las críticas más sustanciales es el absoluto desconocimiento del costo final que tendrá la ejecución del proyecto. El presupuesto inicialmente previsto de US$ 225 millones solo contempla la construcción de las obras básicas, adquisición de los coches de pasajeros, urbanización de ciertos barrios, construcción de algunas oficinas públicas y restauración de edificios históricos.
Llamativamente, no contempla el enorme costo que demandarán las indemnizaciones por las inevitables expropiaciones de propiedades privadas a lo largo de todo el trayecto, ni las correspondientes a lucros cesantes y otros reclamos legales que con seguridad demandarán los propietarios de los negocios afectados por los trabajos de construcción de la línea, a más de resarcimientos legalmente reclamables por daño de parte de los moradores adyacentes a la misma.
Otra incógnita muy importante sin respuesta es el tiempo que demandará el emprendimiento para su conclusión. El plazo de 18 meses establecido por los responsables de la elaboración del proyecto es una estimación ridícula. Como cualquier constructor lo sabe –y más lo deberían saber los ingenieros del MOPC–, las obras de infraestructura vial en áreas urbanas de gran densidad requieren mucho más tiempo que las similares ejecutadas en áreas despobladas, por las dificultades resultantes de la severa limitación de espacio para la movilización de equipos y maquinarias, y ejecución de las tareas inherentes a una obra de la envergadura del proyecto en cuestión. Si a esto se suman los incidentes de judicialización que probablemente plantearán vecinos afectados por los trabajos y en desacuerdo con los resarcimientos que las autoridades del MOPC les ofrezcan, el plazo de terminación de la obra se torna absolutamente impredecible. Corrupción de por medio, puede durar hasta 10 años, como la malhadada avenida Madame Lynch.
Corroborando nuestra preocupación, y en una demostración de la evidente improvisación y falta de estudios serios con que se está encarando la futura obra, nada menos que el jefe de Ingeniería de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, ingeniero Alfredo Ibáñez, sostiene que la construcción del sistema de metrobús no requerirá de expropiaciones de terrenos.
Por su parte, es increíble la revelación hecha por el propio coordinador del equipo técnico del metrobús, ingeniero José Tomás Rivarola, de que “todavía” no cuentan con una estimación de la tarifa que regirá con el metrobús. Calculan que el pasaje en el metrobús será “casi parecido” al del actual transporte público. Impresionante, hacen un proyecto y no saben cuánto va a costar el producto.
Hay demasiadas incógnitas e irregularidades en este proyecto, por lo que la Cámara de Diputados responsablemente debe postergar la aprobación de los créditos para el mismo hasta que las autoridades del MOPC presenten uno debidamente detallado, con los costos consolidados correspondientes a cada ítem del proyecto y el monto total del mismo, incluidas las indemnizaciones y otros costos colaterales no contemplados en los US$ 225 millones que solicitan, así como el plazo de ejecución razonablemente estimado.
Estamos ante la amenaza de un nuevo elefante blanco que será cargado sobre las espaldas del pueblo, ya encorvadas por tanto peso puesto sobre ellas por mandatarios y políticos insensatos y corruptos.