Ningún interés de los políticos por combatir la corrupción

El joven juez federal brasileño Sergio Moro ganó notoriedad pública por la implacable investigación que encabezó sobre el mayor caso de corrupción de la historia del Brasil, que se perpetró durante los Gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, y por condenar a nueve años de cárcel al citado expresidente. El magistrado sostuvo que los políticos tienen poco interés en combatir la corrupción, pese a la crisis económica y política que genera. Se tiene la impresión, según el juez Moro, de que ellos creen que esa tarea competería solo a la policía, a los fiscales y a los jueces. Es evidente que estos dichos también son válidos para el Paraguay, según lo demuestra la larga y penosa experiencia. Se entiende que así sea, ya que los políticos compatriotas, salvo excepciones, están inmersos en la corrupción, y mal se podría pretender que impulsen una investigación contra sí mismos y contra sus compañeros de ruta. Roban y dejan robar en los poderes Ejecutivo y Legislativo, en los Gobiernos departamentales y municipales, así como en las entidades autárquicas, sin perjuicio de que algunas pocas veces, sobre todo cuando están en la llanura, se crean obligados a lanzar invectivas contra los corruptos, hasta que, a su vez, les toque el anhelado turno de enriquecerse ilícitamente.

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El joven juez federal brasileño Sergio Moro ganó notoriedad pública por la implacable investigación que encabezó sobre el mayor caso de corrupción de la historia del Brasil, que se perpetró durante los Gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y por condenar a nueve años de cárcel al citado expresidente. El magistrado sostuvo que los políticos tienen poco interés en combatir la corrupción, pese a la crisis económica y política que genera. Se tiene la impresión, según el juez Moro, de que ellos creen que “esa tarea competería solo a la policía, a los fiscales y a los jueces”.

Es evidente que estos dichos también son válidos para el Paraguay, según lo demuestra la larga y penosa experiencia. Se entiende que así sea, ya que los políticos compatriotas, salvo excepciones, están inmersos en la corrupción, y mal se podría pretender que impulsen una investigación contra sí mismos y contra sus compañeros de ruta. Roban y dejan robar en los poderes Ejecutivo y Legislativo, en los Gobiernos departamentales y municipales, así como en las entidades autárquicas, sin perjuicio de que algunas pocas veces, sobre todo cuando están en la llanura, se crean obligados a lanzar invectivas contra los corruptos, hasta que, a su vez, les toque el anhelado turno de enriquecerse ilícitamente.

El común de los políticos estima que es propio de su oficio vender votos, dedicarse al tráfico de influencias, orientar licitaciones, concertar sobrecostos, practicar el nepotismo, influir sobre las autoridades, pagar a empleados particulares a costa del erario o apropiarse lisa y llanamente de fondos públicos. Según este pensamiento, quien no cometiera estas y otras fechorías sería un tonto que no aprovecha la oportunidad de valerse de la función pública en beneficio propio y en el de sus parientes y allegados.

En particular, quienes ocupan cargos electivos creen que es natural recuperar con creces el dinero invertido en la compra de un buen lugar en las “listas sábana”, así como devolver los apoyos económicos y políticos recibidos en la campaña electoral. Los financistas serán retribuidos en el momento oportuno mediante la sanción de una ley o de una ordenanza que atienda sus intereses, y los operadores políticos obtendrán cargos, aunque sean unos ineptos de marca mayor, como lo son la mayoría de ellos. Pero también deben pensar en los próximos comicios, así que se ensuciarán las manos para acumular recursos que les permitan ser reelectos para continuar traicionando a sus representados.

Lo afirmado no es un secreto, ya que los propios legisladores hablan sin tapujos de la compraventa de votos en ocasiones especiales, como cuando hay que aprobar una concesión o integrar la mesa directiva de las Cámaras, sin que el Ministerio Público se inmute, como si fuera una práctica inherente a la tarea parlamentaria.

Desde luego, los políticos cuentan con la impunidad, entre otras cosas porque ellos intervienen decisivamente en el nombramiento de los fiscales y de los magistrados, que carecen de la admirable independencia que están demostrando sus colegas brasileños.

De la Policía Nacional, sumida ella misma en la corrupción desenfrenada, y manejada –según se ha visto– desde fuera por gente vinculada con el poder, mal puede esperarse que mueva un dedo. En nuestro país, los políticos no esperan ni desean que otros agentes estatales persigan a los delincuentes, mientras ellos se hacen los desentendidos, como dice el mencionado juez federal brasileño. Aquí no se cruzan de brazos, sino que muchos políticos intervienen para impedir que los fiscales investiguen y los jueces condenen a quienes perpetran un latrocinio, yendo así más allá de la mera inoperancia para frustrar la persecución penal de sus paniaguados y de sus compinches. Ni uno solo de ellos está hoy en prisión, y los que han sido acusados por el Ministerio Público están impidiendo desde hace años la apertura del juicio oral y público, mediante reiteradas chicanas, a vista y paciencia de una Corte Suprema de Justicia cómplice.

Para peor, los partidos no se preocupan por depurar sus filas. Solo se conoce el caso de Carlos Rubén Sánchez (Chicharõ), que fue expulsado por el Tribunal de Conducta de la ANR. Se diría que los partidos creen que la corrupción es un mal menor, que no afecta gravemente su imagen ni les resta votos. Es probable que así sea, ya que la tradición partidaria sigue jugando en nuestro país un gran papel y los electores apoyan a sus respectivos partidos, sin tener en cuenta la honestidad de sus candidatos.

Es de esperar, empero, que la ciudadanía vaya tomando cada vez más conciencia de que la adhesión sentimental a una polca o a un color no debe primar sobre la razón, que exige limpiar las instituciones de los delincuentes que se las dan de “políticos”.

No se podrá perseguir a los ladrones mientras los fiscales y los magistrados les deban favores. Por ende, habrá que utilizar el sufragio para combatir a aquellos que fungen de políticos para llenarse los bolsillos, por la razón adicional de que son los mismos que digitan a quienes deberían mandarlos a la cárcel.

Es de anhelar que también en nuestro país aparezcan lo antes posible magistrados como el juez Moro para sacarnos del estercolero en que lo han metido los políticos ignorantes y corruptos que hoy dominan las instituciones del Estado.

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