No a las reelecciones

La pretensión de presentarse a una tercera opción de reelección comicial que hicieron conocer algunos intendentes constituye un abuso al que hay que ponerle freno. ¿Cómo se va a pretender involucrar más a la juventud en las cuestiones de interés público, se va a incentivar su ingreso a las organizaciones políticas y fomentar su participación más activa en la organización democrática de la sociedad, si al mismo tiempo se permite que senadores, diputados y concejales puedan ser reelectos indefinidamente, cerrando el camino de ascenso a las personas de edades más bajas, que están deseosas de dedicarse a esas funciones o que ya comenzaron a desempeñarse en esas carreras y alientan la legítima y normal pretensión de ir ascendiendo en ellas? La no reelección es la regla, la reelección debe ser la excepción. Así debemos entender nuestro régimen político fundamental, si pretendemos luchar contra el estancamiento, la obsolescencia y la corrupción de los políticos que se aferran a los cargos y alcancías públicas para perpetuarse.

Cargando...

La pretensión de presentarse a una tercera opción de reelección comicial que hicieron conocer algunos intendentes constituye un abuso al que hay que ponerle freno por constituir, en primer término, un ridículo intento por torcer la interpretación de la normativa que prohíbe más de una reelección para dicho tipo de cargo y, en segundo término –quizás más significativo que el primero–, es una actitud indecente, que pone en evidencia un modo groseramente ambicioso de ser para un funcionario, una pretensión que va más allá de lo moralmente admisible.

La interpretación de que las disposiciones que cambian las reglas de juego en materia de elecciones rigen para el futuro y no para el pasado –la famosa irretroactividad de la ley, casi siempre interesadamente utilizada– tiene la virtualidad jurídica de crear una nueva condición, pero no altera la secuencia de los hechos históricos. Si alguien ya fue elegido una vez y una nueva ley admite una segunda oportunidad, pero no una tercera, la primera elección constituye un hecho histórico, ya sucedido, consumado y registrado, y no se lo puede desconocer con la ficción de que la nueva norma posee la virtud mágica de hacer retroceder el calendario, anular el tiempo transcurrido y borrar los acontecimientos pasados.

Pese a que este argumento parte del sentido común y de la lógica para recién después entrar a formar parte del derecho, no faltan los oportunistas que, engolosinados con el cargo público y el poder, con sus ventajas y privilegios, intentan desvirtuarlo con acciones judiciales y pedidos de “interpretación jurídica”, a ver si por ese lado consiguen torcer la norma para sacar su ventajita particular.

Lo malo es que esta impropia e indecente actitud tiene malos ejemplos y cuenta con algunos antecedentes, ya que, como se recordará, el Partido Colorado la empleó aviesamente, después de aprobada la Constitución de 1967, para hacer poner el reloj de la dictadura de Alfredo Stroessner en punto cero, “interpretando” que los trece años que el dictador ya había estado en el poder anteriormente no se debían contabilizar, en virtud, decían, del principio de irretroactividad de la ley; y, por consiguiente, que el cuarto período presidencial y tercera reelección de Stroessner (1968) era “perfectamente legal”.

El núcleo ético de esta cuestión que estamos considerando radica en que, si en la práctica política paraguaya vamos a retornar a la viciosa maña de hacer uso perverso de la facultad judicial de interpretar el sentido de la ley, poniéndola al servicio de políticos inescrupulosos y ambiciosos para satisfacer sus caprichos, estaremos retrocediendo décadas, hacia las peores épocas políticas de nuestro país.

Los intendentes y gobernadores no tendrían por qué ocupar sus cargos más de diez años –lo que significa una sola reelección– sencillamente porque, si en ese extenso lapso no pudieron realizar sus proyectos, es porque carecen de aptitudes o de disposición de lograrlo. Que vayan, pues, a sus casas y dejen el espacio y la función a otros candidatos que sí podrían estar más capacitados e interesados que él en trabajar políticamente para hacer progresar a su comunidad.

Y los gobernadores e intendentes que tuvieron éxito en sus propósitos y lograron resultados positivos, pues que se preocupen por formar a nuevos administradores y funcionarios, por delegar en jóvenes promisorios la tarea de proseguir en la buena senda que ellos abrieron y que continúen sus carreras políticas en otros servicios públicos, porque el anquilosamiento en los cargos públicos nunca dio buenos resultados y no conviene a nadie, ni a los gobernantes ni a los gobernados.

Y todavía habría que decir algo más sobre el tema de las reelecciones: ningún funcionario electivo debería poder ser reelecto más de una vez, según el caso. ¿Cómo se va a pretender involucrar más a la juventud en las cuestiones de interés público, se va a incentivar su ingreso a las organizaciones políticas y fomentar su participación más activa en la organización democrática de la sociedad, si al mismo tiempo se permite que senadores, diputados y concejales puedan ser reelectos indefinidamente, cerrando el camino de ascenso a las personas de edades más bajas, que están deseosas de dedicarse a esas funciones o que ya comenzaron a desempeñarse en esas carreras y alientan la legítima y normal pretensión de ir ascendiendo en ellas?

Pero estos jóvenes se encuentran hoy con un impenetrable techo de hormigón armado: los senadores, diputados y concejales que hace tres, cuatro, cinco o más períodos están atornillados a la silla del cargo, enviciados con sus privilegios, que son personas codiciosas y egoístas, a quienes les importa muy poco formar escuela entre los más jóvenes y planear cuidadosamente el cambio generacional que todo país, y el nuestro en particular, requiere con urgencia, y cuya única pretensión es permanecer el mayor tiempo posible en posesión de sus beneficios y canonjías, muriendo, si fuese posible, en sus puestos.

El principio de no reelección política establecido en la Constitución de 1992 es una de las medidas que más benefició al afianzamiento y progreso de nuestro sistema democrático, por lo que los paraguayos debemos mantenerlo cueste lo que costare y pese a quienes pese, durante todo el tiempo que sea necesario. La no reelección es la regla, la reelección debe ser la excepción. Así debemos entender nuestro régimen político fundamental, si pretendemos luchar contra el estancamiento, la obsolescencia y la corrupción de los políticos que se aferran a los cargos y alcancías públicas para perpetuarse.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...