No echar en gorra el proyecto de Presupuesto

El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año es de unos 12.574 millones de dólares, lo que implica un aumento del 3% con relación al vigente, pese a que el índice de inflación previsto es del 4,5% y a que la recaudación fiscal aumentará en un 9%, con una presión tributaria del 12,4%, muy similar a la de este año. Como no se prevé aumento salarial, el déficit fiscal no superará el límite del 1,5% del PIB fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Estos datos, auspiciosos desde el punto de vista macroeconómico, ocultan que en la composición del gasto público los servicios personales seguirán absorbiendo más del 70% de la recaudación tributaria, dejando muy poco margen para las tan necesarias inversiones en salud, educación y obras públicas. No debe descartarse, sin embargo, que considerando las elecciones venideras, los legisladores concedan sin mayores inconvenientes una suba salarial del 10%, lo que llevará el déficit fiscal al 2,4% del PIB. El proyecto de presupuesto para el 2017 está muy lejos de ser excelente, por lo que los legisladores no lo deben empeorar echándolo en gorra para atender a su clientela.

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El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año es de unos 12.574 millones de dólares, lo que implica un aumento del 3% con relación al vigente, pese a que el índice de inflación previsto es del 4,5% y a que la recaudación fiscal aumentará en un 9%, con una presión tributaria del 12,4%, muy similar a la de este año.

El moderado incremento del gasto público –atribuible a que no se prevé un aumento salarial para los funcionarios y contratados– evitará, según el Poder Ejecutivo, que el déficit fiscal supere el 1,5% del Producto Interno Bruto, límite fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Estos datos, auspiciosos desde el punto de vista macroeconómico, ocultan que en la composición del gasto público los servicios personales (salarios y otros beneficios) seguirán absorbiendo más del 70% de la recaudación tributaria, dejando muy poco margen para las tan necesarias inversiones en salud, educación y obras públicas. Es más, pese a que se descarta un aumento salarial, el gasto en concepto de servicios personales crecería en un 2%, para llegar a unos 3.654 millones de dólares, que se debería sobre todo al crecimiento vegetativo de las fuerzas militares y policiales, según el Ministerio de Hacienda. Si bien se crearían solo 745 cargos, elevando su número a 290.458, el proyecto contempla que el funcionariado reciba hasta dos “gratificaciones”, que no son más que aguinaldos adicionales mal disfrazados. Por ende, la clientela, los parientes y los amigos de los políticos seguirán constituyendo un pesado lastre para el contribuyente.

El documento estudiado por la Comisión Bicameral del Congreso no realiza –ni le interesa– en absoluto ningún esfuerzo para alterar la composición del gasto público, reduciendo los gastos corrientes para favorecer los de capital. Nada de supresión o fusión de cargos, sino, en el mejor de los casos, conservación del statu quo presupuestario, con un leve aumento del 7,8% en beneficio del Ministerio de Educación y Cultura y con solo el 0,3% para el de Salud Pública y Bienestar Social, en tanto que el de Obras Públicas y Comunicaciones deberá contentarse con lo administrado este año. Para peor, a juzgar por la experiencia, el proyecto del Poder Ejecutivo, con sus luces y sus sombras, podría ser estropeado por los legisladores, siempre proclives a imaginarse ingresos fantásticos que cubran más egresos para los servicios personales, para sus allegados.

Es cierto que, mediante sus planes financiero y de caja, el Ministerio de Hacienda puede efectuar los recortes que sean necesarios ante la falta de fondos, pero ocurre que los gastos salariales son intocables, de modo que los nuevos funcionarios y contratados cobrarán puntualmente lo presupuestado, aunque para ello haya que sacrificar los de inversión, es decir, salud y educación. Es probable que ello ocurra porque los jerarcas de la administración central y de la descentralizada suelen pedir más dinero que el asignado en el proyecto del Poder Ejecutivo, algo que los parlamentarios suelen otorgar a cambio de uno o varios puestos para los suyos en la entidad respectiva. Por eso es que el Presidente de la República instó a los ministros a no solicitar aumentos, respetando los topes fijados para cada institución.

Se dirá que no hizo falta que lo hiciera, pues el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado dispone que “las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda”. Sin embargo, en un país como el nuestro, en que la ley vale tan poco, no está de más que el titular del Poder Ejecutivo haya realizado esa exhortación, aunque haya sido de inmediato ignorada por uno de sus ministros, el de Defensa, Diógenes Martínez, quien solicitó a la Comisión Bicameral 90.000 millones de guaraníes retaceados por el Ministerio de Hacienda, y un aumento salarial de un millón de guaraníes mensuales cada uno para 325 funcionarios. El citado ministro cuestionó así un proyecto de ley que lleva la firma del Presidente de la República, como si fuera la cosa más natural del mundo. Otros jerarcas podrían imitarlo, siguiendo la costumbre, con lo que aumenta el riesgo de que la iniciativa del Poder Ejecutivo quede hecha un espantapájaros, y ni qué decir si la Comisión Bicameral aceptara el pedido de mejora salarial.

Los gremios de docentes, la mayoría de cuyos dirigentes e integrantes están más interesados en sus bolsillos que en la educación, ya hicieron un reclamo similar, y no sería raro que los numerosos sindicatos de funcionarios hagan lo mismo. Considerando las elecciones venideras, es de temer que los legisladores concedan sin mayores inconvenientes una suba salarial del 10%, aunque su costo de 340 millones de dólares obligue a reducir los fondos destinados a sectores sociales de importancia primordial. Al respecto el ministro de Hacienda acaba de advertir que si se concede el aumento salarial, el déficit fiscal llegará al 2,4% del PIB. Los “representantes del pueblo” son más condescendientes con los cerca de 300.000 empleados públicos y contratados organizados del Estado que con el restante 6 millones y medio de habitantes disperso en todo el país.

El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 está muy lejos de ser excelente, por lo que los legisladores no lo deben empeorar, echándolo en gorra para atender a su clientela. Se debe poner fin al populismo rampante que hace vito con los fondos que pertenecen a toda la ciudadanía.

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