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El invernadero del agricultor Casimiro Quiñónez, en la colonia El Triunfo, de Minga Guazú, fue barrido por una ráfaga de viento. Las demás instalaciones del mismo tipo, de los agricultores de la zona, resistieron el fenómeno y están intactas. ¿Cuál fue la diferencia? Que los que soportaron el ventarrón fueron construidos por empresas particulares y el que resultó destruido fue financiado por el Crédito Agrícola de Habilitación y construido por un contratista del Ministerio de Agricultura y Ganadería, una obra que costó 33 millones de guaraníes y cuya calidad, una vez terminada, nadie vino a verificar.
El labriego damnificado ahora debe el 30% del precio de su invernadero al CAH, el que, a su vez, deberá dar por perdido el 70% restante. No se sabe si le exigirá indemnización a la chambona empresa constructora; posiblemente nada, considerando que habrá sido beneficiada con ese tipo de contrato por los motivos de índole irregular tan bien conocidos (participación en el negocio, política, amistad); pero, si fue así, y si sus favorecedores continúan en el poder, entonces cabe suponer que no se le reclamará nada.
De cualquier manera, Casimiro Quiñónez ya perdió todo y posiblemente ya no tendrá tiempo de salvar sus cosechas de este semestre. Si hubiera hecho lo de sus vecinos, no le hubiese pasado esto, pero no tenía el dinero y carecía de fiador, así que recurrió al Gobierno, cuyos administradores se proclaman a sí mismos “agraristas” y promotores del desarrollo rural. Recurrió al Estado y le fue mal.
Estas anécdotas son las que van sembrando en lo profundo de la conciencia de los campesinos a lo largo y ancho del país que negociar con el sector público, sea lo que fuere, es altamente riesgoso. Que lo que el Estado vende es falso u ordinario, que lo que construye se derrumba, que lo que debe andar no funciona, que lo que tiene que ser puntual demora meses, que lo que cobra por algo es el cuádruple de lo que este vale. Puede decirse que los colonos más prósperos de nuestro país no necesitaron de la asistencia estatal para progresar; es más, en muchos casos pueden alardear de que les va bien, a pesar del Estado.
Pero hay decenas de miles de campesinos que no pueden obtener financiación del sector privado porque carecen de bienes de respaldo u otras garantías, no tienen títulos de propiedad de sus tierras. Es para estos que se debe disponer de fondos bancarios públicos y de un programa crediticio operativo y eficiente. Lamentablemente, a través del tiempo, corruptos de todos los sucesivos gobiernos se sirvieron de los créditos para desarrollo rural para volverse multimillonarios.
No debe extrañarnos pues, que, viendo cómo muchos se hacen ricos robando en su nombre, los campesinos deudores del Estado se sientan estúpidos pagando sus deudas y prefieran venir a Asunción a demandar su condonación en vez de mantenerse en sus chacras produciendo.
El caso del agricultor Quiñónez es ejemplar. Resume lo que hay que desterrar de este país para que las políticas de desarrollo rural empiecen a funcionar como deben y con la eficiencia que se espera. Cómo devolver a los campesinos la confianza, de modo que ellos también se sientan obligados a honrar sus compromisos económicos, y cómo convertir en fondos productivos el dinero público que hoy se derrocha, es algo que solamente políticos honestos y patriotas podrán averiguar y podrán lograr. Y no tenemos ninguna prueba de que en este Gobierno los haya.