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Como está planteada, la pretensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de aumentar el costo de la tarifa eléctrica a fin de disponer de recursos para financiar obras de infraestructura indispensables para atender la creciente demanda de electricidad y repotenciar su obsoleta red del Sistema Interconectado Nacional (SIN) constituye un pretexto enderezado a meter la mano en los bolsillos del consumidor nacional para arbitrar recursos que perfectamente podría obtenerlos con solo cerrar el grifo del descomunal despilfarro administrativo y financiero prevaleciente en la institución, lo que sumado al robo en diferentes formas desangran sus finanzas.
En efecto, si el Gobierno llevara a cabo la drástica reforma estructural que requiere con urgencia el monopolio estatal administrador del suministro eléctrico nacional para convertirlo en una empresa eficiente, el dinero ahorrado con su “saneamiento” administrativo y operacional sería más que suficiente para financiar las obras de infraestructura necesarias para asegurar la disponibilidad, confiabilidad y efectividad del suministro eléctrico del SIN, sin necesidad de aumentar la tarifa actual. Es desde todo punto de vista intolerable que la gente tenga que cargar otra vez con el pesado fardo resultante de una gestión institucional ineficiente y corrupta por donde se la mire.
El Gobierno debe combatir la causa y no los efectos de tal desprolijidad administrativa. En ese sentido, cálculos realizados por el economista norteamericano de fama mundial Jeffrey Sachs demuestran que la ANDE pierde anualmente más de US$ 260 millones, suma equivalente a la que el Estado se ha visto obligado a proporcionarle en igual lapso con dinero prestado –vía Bonos Soberanos– para atender las necesidades básicas del suministro eléctrico nacional. Así, durante el bienio 2013-2014, la ANDE recibió de las arcas públicas la suma de US$ 300 millones para gastos de inversión. Período en que, irónicamente, la ANDE perdió US$ 520 millones en diferentes conceptos tales como robo de energía por parte de consumidores inescrupulosos, “lavado de cuentas” por deshonestidad de sus propios funcionarios, pérdidas técnicas por obsolescencia del SIN y pérdidas administrativas por múltiples andariveles de ineficiencia y corrupción institucional. Vale decir, si la ANDE revirtiera su ingente pérdida económica, podría disponer de más de US$ 2.000 millones en el lapso de una década.
A tal efecto, lo que el Gobierno nacional debe hacer para no desacelerar la dinámica de la economía nacional, al tiempo de sacar a la ANDE del atolladero de ineficiencia en que se debate desde hace más de dos décadas, es mantener invariable la tarifa eléctrica e impulsar una profunda reforma estructural de la ANDE, de modo que ella se convierta en una empresa estatal eficiente. Esta reforma orgánica y funcional debe incluir necesariamente la creación de un ente regulador de la política energética nacional, desempolvando el proyecto de ley que duerme en los archivos del Congreso nacional por presión de los privilegiados sindicatos “dueños” de la empresa que no quieren soltar las tetas del Estado. Sin un ente regulador del sector eléctrico nacional no será posible atraer inversión extranjera directa, y sin ella la ANDE no puede ni podrá atender la demanda de electricidad que la industrialización del país va a requerir en el corto y mediano plazos.
De hecho, por culpa de la incapacidad financiera y técnica de la ANDE es que el Paraguay no tiene hasta ahora condiciones que permitan concretar la radicación de empresas manufactureras y electrointensivas de gran porte en el país. Concretamente, ella carece de la infraestructura para el transporte y distribución de la energía eléctrica segura que las mismas requieren. Por la misma razón, nuestro país se ve obligado a malvenderla a sus socios de las usinas binacionales, habilitando a los ciudadanos a parafrasear al Presidente de la República con la ironía de que el Paraguay exporta riqueza y atesora pobreza. Un país pobre sentado sobre un cofre lleno de oro.
La reforma de la ANDE debe ser integral, de abajo para arriba, a fin de racionalizar los recursos humanos supernumerarios de más de 6.000 empleados que tiene en la actualidad, de los que unos dos mil son contratados. A más de los altos salarios que perciben, en comparación con otros empleados públicos, son beneficiados indebida y anticonstitucionalmente con el pago de solo el 50 por ciento de la tarifa eléctrica residencial. Con la tarifa residencial vigente de 365,45 G/kWh ellos pagan solo 182,73 G/kWh, lo que multiplicado por seis mil usuarios da 1.096.350 G/kWh. Suponiendo que el consumo promedio anual de cada hogar sea 2.000 kWh/mes, la suma que pierde anualmente la ANDE con este subsidio a su personal asciende a unos 22.000 millones de guaraníes. Obviamente, esta suma es una ínfima parte del total de pérdida económica que la institución registra anualmente, pero no por eso debe ser soslayada en el marco de una completa reforma del ente administrador del suministro eléctrico.
Si el Gobierno opta, por razones políticas o por no malquistarse con los sindicatos, apenas por una reforma parcial de la empresa, no obtendrá otro resultado que más de lo mismo. Las reformas parciales de las empresas públicas ineficientes solo favorecen al clientelismo político camandulero y a sindicatos haraganes. Los parches aplicados para paliar sus desbarajustes administrativos y operacionales no constituyen medidas transformadoras, y son utilizadas más bien para tratar de engañar a la ciudadanía con subvenciones amañadas a costa del bolsillo de los contribuyentes.
Mientras la ANDE continúe siendo un coto de caza cerrado manejado a su antojo y conveniencia por sindicalistas y profesionales avivados, la empresa continuará sufriendo crónicas faltas de recursos para cumplir su función, y la población continuará soportando falta de energía para la industria o cortes en el servicio en días de calor o apenas se desata una pequeña tormenta.