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La Cámara de Senadores tiene previsto tratar mañana, jueves, el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, el que, de aprobarse, cargará sobre las espaldas de los contribuyentes 15.000 millones de guaraníes que la Azucarera Iturbe debe a sus proveedores cañeros y transportistas.
Comprensiblemente, muchos senadores, tanto liberales como colorados, no están a favor de la populista iniciativa del Gobierno porque consideran que si se concreta el socorro que este pretende, se va a abrir un grifo de caridad pública del que se van a aprovechar ciertos empresarios, ladrones de cuello blanco, para prenderse de las ubres del Estado, dejando de pagar a sus proveedores de materia prima y empleados, así como los aportes sociales descontados a los mismos, los impuestos, la energía eléctrica y otros insumos proveídos por empresas públicas y privadas, exactamente como lo han hecho dolosamente los directivos de la privatizada Acepar y la Azucarera Iturbe, a quienes el gobierno del presidente Cartes pretende subsidiar con el dinero del pueblo trabajador.
Otros legisladores arguyen que, en vez de auxiliar a delincuentes con dinero público, el Gobierno debería caerles encima con todo el peso de la justicia para que con sus bienes personales salden sus cuentas, y, de existir, redireccionar esa importante suma a la atención de las apremiantes necesidades sociales de salud y educación que están a la vista a lo largo y ancho del país y que, por cierto, afectan a cientos de miles de compatriotas. Los legisladores aducen también que existen empresas que tienen deudas con sus obreros, y que si se va a tomar en cuenta solo ese criterio, muchas de ellas se van a sumar a la puja por el dinero público, echando al Gobierno en gorra. Esto abrirá la posibilidad de implicaciones políticas con el reclamo popular por igualdad y justicia que el Presidente de la República no podrá resolver con el eslogan de que “no se puede dar lo que no se tiene”, como dijo recientemente su ministro de Hacienda, Germán Rojas.
Por otra parte, al Estado no le sobran recursos para embarcarse irresponsablemente en aventuras populistas coyunturales de caridad.
En relación con las posturas de los legisladores frente al proyecto de ley, el líder de la bancada del PLRA, Ramón Gómez Verlangieri, dijo que en su bancada hay mucha indefinición, reconociendo que la mayoría está en contra de la decisión adoptada por el Ejecutivo. Por su parte, el senador Julio César Velázquez, del Partido Colorado, manifestó que su sector tampoco tiene una decisión tomada al respecto. No son pocos los senadores de los demás sectores políticos que consideran que las soluciones populistas simples, como la propuesta por el presidente Cartes en el caso en cuestión, son apuestas al fracaso, porque en última instancia no resuelven el drama existencial de la gente perjudicada por la estafa de la empresa azucarera. Encima, va a representar una estéril sangría para las arcas públicas, pues, diga lo que diga el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, el Estado jamás va a recuperar ese dinero en caso de que prospere el “salvataje” que se propone el Gobierno.
Dada la diferencia entre retórica gubernamental y realidad social, si el presidente Cartes se sale con la suya en esta desacertada aventura populista, en vez de aliviar los álgidos problemas sociales de injusticia, desigualdad y pobreza que agobian a un tercio de la población del país, más bien los va a agravar, dando injustamente una mano a los estafadores mercantilistas con el dinero aportado por los contribuyentes que pagan sus impuestos. De cara a lo que está en juego en términos de política económica y social del Gobierno, los senadores deben asumir una actitud a favor de lo que conviene a la sociedad en su conjunto, y no a un grupo de personas al que se pretende ayudar a expensas de una mayoría tan necesitada o más que los cañeros y transportistas estafados por la Azucarera Iturbe. Por más lealtad política que tengan comprometida con el Ejecutivo, deben pensar y obrar en consecuencia como representantes del pueblo y no meramente como exponentes del partido de Gobierno. No deben, por ignorancia o fanatismo sectario, apoyar una iniciativa gubernamental equivocada que suscita un nefasto precedente de caridad pública que, como fin social último, no sirve al interés de los que tienen menos, sino al de los que tienen más.
De prosperar la iniciativa del Gobierno de auxiliar a los dueños de la Azucarera Iturbe haciéndose cargo de la deuda que ella mantiene con sus proveedores, estaríamos frente a una encubierta reculada del Presidente de la República con relación a su promocionada política de cambio económico estructural, utilizada como cliché en su afán de liberalizar la economía nacional y atraer inversiones foráneas. En efecto, representaría un lamentable retroceso hacia la vieja práctica estatista que por siglos ha mantenido a nuestro país en el atraso, pese a las ventajas comparativas que posee en términos de recursos naturales, incluida la energía eléctrica en los últimos tiempos.
El Congreso no debe avalar iniciativas presidenciales que buscan favorecer a empresarios fraudulentos que, tomando como chivos expiatorios a sus trabajadores –como antaño a los “mensú” en los yerbales–, buscan embretar al Estado para que les pague sus deudas.