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Tras la construcción en marcha de mil “viviendas sociales” en un terreno de 24 ha. que era uno de los pulmones verdes de la capital, ahora se vislumbra un atentado ecológico aún más grave, promovido por el “asesor político” presidencial Basilio Núñez y por el diputado Ramón Duarte (FG). Estos insensatos personajes buscan que se expropien y loteen nada menos que 8.000 ha. de un esteral situado en el municipio de Villa Hayes, cuya vegetación protege a Asunción y al Área Metropolitana.
La disparatada intención reflota y empeora un proyecto de ley que en 2010 ya había sido impulsado por el mismo Núñez, que entonces fungía de intendente municipal. Aquella vez, invocó la necesidad de combatir el desempleo mediante la instalación de fábricas en hasta 1.500 ha. del humedal. El Congreso acogió la soberana estupidez y sancionó el proyecto de ley de expropiación, que el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Fernando Lugo, tuvo el buen tino de vetar con base en un minucioso informe de la Secretaría del Ambiente (Seam), que subrayó el notable valor ecológico del inmueble. En ese mismo informe se fundó el Decreto N° 6473/11, que declaró la finca N° 916 como “refugio de vida silvestre y humedales del Chaco”.
El nuevo atropello programado contra la calidad de vida de los asuncenos y de sus vecinos ya no apunta a crear una zona industrial, sino más bien una habitacional. El cambio de criterio no altera el fondo de la cuestión, que consiste en que se trata de un área de enorme importancia para la salud pública y la biodiversidad, que el Estado debe precautelar porque así lo mandan los convenios internacionales y el art. 7° de la Constitución, cuya primera parte vale la pena recordar: “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente”.
Si se llegara al absurdo de construir “viviendas sociales” en la finca N° 916, se vulneraría el derecho a un ambiente saludable que tienen no solo los habitantes de Asunción y del Área Metropolitana, sino también quienes se conviertan en los beneficiarios de la expropiación. De la norma constitucional citada se desprende que la preservación del esteral con sus bosques debe ser un objetivo de interés social, tal como reconocieron hace unos años la Seam y el titular del Poder Ejecutivo. Invocar el interés social para destruir el ambiente es un verdadero contrasentido.
Aparte del derecho a un ambiente saludable, aquí está en juego el sentido común: ¿en qué cabeza cabe que en un esteral, cuyo nivel de agua sube con cada lluvia, puedan asentarse familias enteras? Si antes no podía servir para que se instalasen fábricas, tampoco podrá hacerlo mañana para que se levanten casas. No sería la primera vez, por cierto, que se expropie un inmueble que no sirve para el propósito enunciado, toda vez que detrás estén personajes poderosos que buscan realizar negociados lucrativos u obtener algún rédito político.
Por eso mismo, y porque la finca N° 916 ya había sido expropiada parcialmente por el Congreso, no hay por qué excluir que en breve sea expropiada totalmente, más aún considerando que Basilio Núñez ejerce hoy la función de “asesor político” del Presidente de la República, un rol impresionante que induce a preguntarse si Horacio Cartes está de acuerdo con la iniciativa comentada y si, dado el caso, vetaría, como lo hizo Lugo, la ley respectiva.
Está visto que a los propulsores de este despropósito les tienen sin cuidado la ecología y el bienestar de sus compatriotas. Lo que les mueve es el deseo de presentarse ante la opinión pública como benefactores de personas carenciadas, confiando en que ella ignore los hechos y muerda el anzuelo de un falso “interés social”. Aquí, el verdadero “interés social” es el que marca el art. 7° de la Ley Fundamental, cuya segunda parte dice que “constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral”. La norma termina declarando que la legislación y la política gubernamental pertinentes se guiarán por esos fines y no, desde luego, por el de la destrucción del ambiente inspirada por el populismo, que luego termina revelándose como una miserable estafa.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben abandonar su pasividad frente a la continua destrucción de la naturaleza y expresar públicamente su desacuerdo con los dudosos planes que ponen en peligro un futuro saludable para sus hijos. Al mismo tiempo, deben recordar los nombres de los responsables de estos despropósitos para no votarles en próximas elecciones.