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El caso del candidato de la ANR e intendente electo de la localidad de Capitán Bado, Denilso Sánchez Garcete, muestra de un modo insuperablemente claro hasta qué punto y con cuánta tranquilidad los delincuentes manejan esa zona de nuestro país sin tropezar en su camino con ninguna clase de obstáculos.
El flamante intendente municipal de Bado, como se sabe, tenía y mantiene sobre sí una orden judicial de captura por estar involucrado en un proceso por lavado de dinero. El prófugo Denilso Sánchez, conocido también con el mote de “Chicharõcito”, en alusión a su ya célebre hermano Carlos Sánchez Garcete, alias “Chicharõ”, diputado suplente por el Partido Colorado e involucrado en un proceso por cargo similar al mencionado, es asimismo hermano del abogado Ardonio Sánchez Garcete, actualmente con arresto domiciliario dictado en el mismo caso que afecta a “Chicharõ”. Como se ve, se trata de una familia de prosapia muy averiada.
El Sánchez prófugo no podía haberse presentado al acto formal de juramento y asunción del cargo sin que la Policía lo detuviera en cumplimiento de la orden judicial, pero lo hizo. Se puso un traje elegante y organizó un acto clandestino al que concurrieron sus amigos y cómplices, además de una escribana pública. La Policía de la localidad nada supo. El subcomandante de la Policía Nacional, Luis Alberto Mareco, declaró oficialmente que a “Chicharõcito” no se lo detuvo en Bado porque no estuvo presente en el acto de juramento ante los concejales. Claro, al otro acto, el especial para el prófugo, nadie tuvo la cortesía de invitar a la Policía; así fue como esta no se enteró. Además, el flamante intendente designó un representante e inmediatamente solicitó a la Junta permiso por algunos meses “para atender asuntos particulares”. Todo descaradamente orquestado.
Como en esta comedia hay tantos dislates, de inmediato surgen algunos interrogantes más. El papel en el que Sánchez escribió su nota formal de solicitud de permiso lleva membrete de la institución comunal. En este caso, ¿cómo lo obtuvo? Los que recibieron tal nota de pedido, ¿en qué lugar van a comunicarle que la solicitud fue concedida? Debe presumirse que tienen una dirección, un teléfono, siquiera un buzón de correo para localizar al prófugo. ¿No debió la Policía indagar inmediatamente, reunir toda esta información y ponerla al alcance del juzgado?
La escribana Sara Segovia, que estuvo presente en ese insólito acto –que para Denilso Sánchez era clandestino y para la Ley era irregular–, fue interpelada por un fiscal, pero se abstuvo de declarar escudada en la figura del “secreto profesional”, como si esta pudiera aplicarse a un acto que presume de institucional, al que concurren varias personas y que, solamente por estos dos motivos, es de indudable carácter público. ¿Qué hacía esa escribana en ese lugar, a esa hora y en esa pésima compañía? ¿Era una simple amiga del prófugo que asistía invitada al juramento clandestino; o fue allí a darle visos de licitud al acto? Se supone que esta profesional ha de llevar un registro oficial de sus actuaciones notariales; ¿estarán allí asentadas la firma del prófugo y la fijación de su nuevo domicilio?
De todos modos, y para despejar siquiera una parte de tantas dudas, el mismo “Chicharõcito” Sánchez se permitió reconocer, en declaraciones a Radio Cardinal, que la fotografía publicada en nuestro diario, en la que él aparece con el brazo en alto, frente a un selecto auditorio, todos sonrientes y muy divertidos, fue realmente de su juramento. Se declaró un “humilde trabajador” del agro, pero no supo dar cuenta de la extensión de terreno que cultiva ni de las cifras de su producción. Se declaró miembro del movimiento colorado que lidera el diputado Óscar Tuma y afirmó que, por este motivo, se considera un “perseguido político”.
Esta increíble historia, en la que actúan tantos excelentes farsantes, da para lamentar, por un lado, la dolorosa situación en que se encuentra nuestro país, y para la carcajada, por el otro, porque dentro de la tragedia que significa para el Paraguay que grandes extensiones de su territorio hayan pasado a estar bajo control de los narcotraficantes, no deja de ser cómica la manera en que actúan de marionetas los políticos, los policías, los abogados y escribanos y hasta algunos fiscales y jueces.
Entonces, acabado este momento de risas, lo que todos los habitantes de este país debemos plantearnos es: ¿Hasta dónde continuaremos permitiendo que avancen estos operadores del crimen? ¿Cuántas plazas más les dejaremos copar? ¿A quién pedirle ayuda en la lucha contra sus organizaciones? Ya vemos cómo se les venden barato los policías, los funcionarios y quienes más tienen que cooperar con la Justicia para combatir eficientemente el crimen.
Alguien tiene que reaccionar, porque, si no, en muy pocos años al menos la mitad de las autoridades públicas o será miembro de esas bandas o estará sobornada por ellas. Tal posibilidad es aterradora para esta débil democracia y para su futuro. Ojalá se logre sopesar en su justa medida la gravedad de la situación que se refleja en la anécdota del intendente prófugo “Chicharõcito” Sánchez.