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En los últimos 50 años, el Paraguay ha firmado muchos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales con países y organizaciones multinacionales de la región sin haber avanzado mayormente en la implementación de sus fines en lo concerniente al interés nacional. Este déficit de persistencia se ha debido fundamentalmente a la inacción de nuestra Cancillería. Típicamente, uno de ellos es el convenio firmado con el Gobierno de Chile en 1968 para el establecimiento de un puerto franco de nuestro país en Antofagasta. El mismo jamás fue implementado y saltó de nuevo al tapete gracias a la reciente visita a nuestro país de la presidenta trasandina, Michelle Bachelet.
Otro entendimiento multilateral de vital interés para el Paraguay que ha sido virtualmente olvidado por nuestra Cancillería es la organización URUPABOL, constituida el 25 de abril de 1963 por Uruguay, Paraguay y Bolivia, con los objetivos de coordinar la representación de las Partes en el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales de carácter financiero, así como promover el intercambio comercial, cultural, artístico y científico entre los países miembros. Igualmente, con la finalidad de impulsar acciones para el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de sus ríos, la armonización de sus legislaciones sobre navegación e implementar la cooperación en materia de interconexiones viales, ferroviarias, fluviales, aéreas y de comunicaciones.
De igual modo, Paraguay, como país mediterráneo, es un interesado central en el programa de la Hidrovía Paraguay-Paraná-Río de la Plata, concepción estratégica de cooperación multilateral que involucra a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para optimizar el sistema fluvial de transporte al interior del Cono Sur. El Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) fue creado en 1989 en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata, en ocasión de la XIX Reunión de Cancilleres de los países signatarios del tratado. Como países sin costa marítima, Paraguay y Bolivia deben poner máxima insistencia para la optimización de esta vital vía de salida al Atlántico. Más que las modalidades de transporte terrestre que se implementen con los corredores de integración regional, viales o ferroviarias, la modalidad de transporte más barata continuará siendo la fluvial.
Al igual que otras naciones, Paraguay ha firmado infinidad de convenios internacionales concernientes a diversos asuntos de interés regional y mundial, tales como libre comercio, interconexión vial y energética, cambio climático, discriminación contra la mujer, etc., de importancia relativa para nuestros intereses, pero no centrales como algunos de los mencionados precedentemente.
Que esos compromisos periféricos sean desatendidos por indolencia de nuestra Cancillería no nos perjudican mayormente. La cosa cambia cuando se trata de asuntos que afectan al núcleo de nuestro interés nacional, que deben ser priorizados por los Gobiernos de turno y defendidos a capa y espada por nuestra Cancillería mediante una diplomacia hábil y prudente, como la implementada por el presidente Carlos Antonio López para abrir nuestra flamante República al comercio internacional, tras la cuarentena que le impuso el Doctor Gaspar Rodríguez de Francia para salvarla de la ambición anexionista de Argentina.
Por su parte, el Congreso Nacional tiene mucho que ver con la política exterior del país, en función de guardián de los intereses nacionales, aprobando aquellos tratados y convenciones suscritos por el Poder Ejecutivo que sean favorables a los intereses del país y, concomitantemente, rechazando aquellos contrarios a ellos firmados por el Presidente de la República. Entre estos últimos pueden ser considerados como emblemáticos el infame acuerdo de “Ushuaia II”, firmado por el presidente Fernando Lugo y su canciller Jorge Lara Castro dentro del marco del Mercosur el 20 de diciembre de 2011, así como aquella Nota reversal de 1992 convenida por el gobierno del general Andrés Rodríguez con la Argentina referente al Tratado de Yacyretá en 1992, que no obstante su rechazo por el Congreso Nacional, hasta ahora sigue perjudicando a nuestros intereses con una tarifa de apenas US$ 30/MW por nuestra electricidad que se llevan los argentinos.
La diplomacia es la primera línea de defensa de los intereses nacionales. Por eso, la política exterior de un país pequeño como el nuestro, sin músculo geopolítico para hacer prevalecer sus intereses por otros medios, debe ser ejercida con el aval de la dignidad nacional mediante una política exterior hábil, flexible y prudente, procurando sacar provecho de eventuales intereses que otro país pudiera tener con respecto al nuestro, por la razón que sea. Esto se aplica en particular a nuestros vecinos limítrofes, sobre todo Argentina y Brasil, cuyos intereses geopolíticos se interceptan dentro de nuestra geografía.
Los Tratados de Itaipú y Yacyretá fueron iniciativas privativas de Brasil y Argentina por exclusivo interés propio, no por altruismo hacia nuestra nación. En determinada coyuntura, tal vez a disgusto, necesitaron irremediablemente del Paraguay para concretar los emprendimientos hidroenergéticos vitales para su desarrollo. Por sus intereses, no por los nuestros, se vieron obligados por la geografía a asociarse con nosotros. El moderno infortunio del Paraguay fue que en ese momento estelar de nuestra historia, en vez de un gobernante patriota, tuvimos a un dictador, el general Alfredo Stroessner, más interesado en su permanencia en el poder que en la suerte de su pueblo, quien no supo aprovechar la oportunidad para negociar sendos tratados equitativos y provechosos, en vez de los leoninos que al final suscribió para sellar nuestra suerte de mendigo enhorquetado sobre dos cajones de oro.
Por eso, ahora que vivimos en libertad, nuestros gobernantes deben cambiar el rumbo de la defensa del interés nacional centrando el esfuerzo de nuestra diplomacia en el “pacta sunt servanda” del acuerdo Lugo-Lula referente a Itaipú y en una renegociación justa del Anexo C del Tratado de Yacyretá, a más de no descuidar aquellos acuerdos bilaterales y multilaterales en que se juegan nuestros intereses primordiales como nación.
En consecuencia, consideramos que la cuestión no es continuar firmando más acuerdos, que en la mayoría de los casos solo constituyen copias fieles de otros ya firmados anteriormente, sino tratar de que se cumplan los existentes. Muchos de ellos son de mucha conveniencia para nuestro país, pero no se ejecutan más por deficiencia de gestión de nuestro Gobierno antes que por otras causas, como la operatividad del depósito franco y zona franca de Antofagasta que Chile ya le ha concedido al Paraguay en 1968, y que para “implementar y hacer operativo” el convenio se ha acordado nuevamente un memorándum de entendimiento ahora durante la visita de la presidenta chilena Michelle Bachelet... casi medio siglo después.
Más que depósito de papeles en los que se firman los tratados, nuestra Cancillería debe ser el motor del desarrollo del país.