Perniciosas campañas electorales

Hay pocas actividades en el Paraguay que se planifiquen e inicien con tanta anticipación como las relacionadas con las elecciones internas, municipales o generales. Apenas terminan unos comicios, nuestros políticos ya piensan en los siguientes. Los numerosos precandidatos a intendentes y concejales municipales ya están en abierta campaña proselitista con miras a las elecciones internas simultáneas de junio del próximo año. ¡Trescientos días antes! El Código Electoral establecía 60 días de plazo para el efecto, el que con buen tino fue reducido a la mitad, es decir, 30 días, aunque sin resultados en la práctica, hasta ahora. Aparte de que tan extensas campañas favorecen a los candidatos con mayores recursos económicos y de agravar el constante “internismo”, distraen la atención de quienes ocupan un cargo público, en perjuicio de la ciudadanía. La Ley Electoral seguirá siendo letra muerta mientras no contemple sanciones ejemplares para quienes la violan.

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Hay pocas actividades en el Paraguay que se planifiquen e inicien con tanta anticipación como las relacionadas con unas elecciones internas, municipales o generales. En cuanto a ellas, nuestros políticos tienen una “visión de futuro” muy amplia y una marcada tendencia a tomar las medidas pertinentes con gran anticipación. A diferencia del común de la gente, no dilatan las cosas hasta última hora cuando de lo que se trata es de conquistar un cargo electivo. Apenas terminan unos comicios, ya piensan en los siguientes, abandonando las exigencias diarias de la función pública ejercida. De hecho, los comicios son un fin en sí mismos, y no solo un mecanismo para elegir a quienes han de ejecutar algún programa de gobierno. No es raro, pues, que el señor Juan Afara haya iniciado ya una soterrada campaña con miras a las elecciones generales de 2018, según publicaciones.

El Vicepresidente de la República quiere suceder a Horacio Cartes, lo cual no es condenable. El problema es que, enterados de sus primeros pasos, otros aspirantes se apresuran a imitarlo, acentuando el “internismo” que corren los partidos y, en consecuencia, entorpece la gestión gubernativa. En efecto, una confrontación prematura de cara a las próximas elecciones generales se reflejará inevitablemente en las bancadas coloradas del Congreso, obligando al Poder Ejecutivo a negociar con los diversos grupos en pugna y a efectuar las más variadas concesiones. Así lo creyó el Presidente de la República, de modo que se ocupó de convencer a su segundo de la conveniencia de que interrumpiera sus operaciones encubiertas hasta por lo menos a fines de 2015. Afara dedicaría así más de dos años a su campaña presidencial, tiempo que en otras latitudes sería más que suficiente.

Ahora, por una cuestión de equidad, el Primer Mandatario debería reunirse también con los otros presumibles aspirantes para instarles a lanzarse a la carrera recién dentro de algo más de un año. Es improbable que en tal caso su poder de disuasión sea muy fuerte, pero de todos modos debería intentarlo.

Juan Afara hizo movimientos más bien discretos, que escaparon al conocimiento del grueso de la ciudadanía. No es ese el caso de los numerosos precandidatos a intendentes y concejales municipales que ya están en abierta campaña proselitista con miras a las elecciones internas simultáneas de junio del próximo año. ¡Trescientos días antes!

La propaganda electoral ya está a la vista en rutas y avenidas, pese a que la ley prohíbe que ella exceda de treinta días en los comicios internos de los partidos políticos. Originalmente, el art. 290 del Código Electoral hablaba de sesenta días, plazo que con buen tino fue reducido a la mitad, aunque sin resultados en la práctica, hasta ahora. La cuestión es que, si la ley ya no fue respetada antes, hoy lo está siendo mucho menos.

Uno de los motivos de la grosera ilicitud de siempre es que la ley no prevé ninguna sanción en caso de que la propaganda sea prematura. Una norma que deja impune su incumplimiento no es más que un consejo, que puede ignorarse sin más. Es lo que viene ocurriendo desde 1996.

Los arts. 294 y 295 del Código Electoral aluden a las áreas que las municipalidades deben habilitar para la fijación de carteles o murales, previa autorización de los dueños de los inmuebles afectados, “durante la época de realización de propaganda”. Las municipalidades no han dictado el reglamento pertinente y, por lo tanto, mal podrían prohibir que se pongan afiches o se pinten murales por doquier. La irregularidad subsiste, de todos modos, porque la propaganda electoral se está realizando a destiempo, independientemente del lugar. Ahora bien, los agentes fiscales electorales solo podrían intervenir si la propaganda extemporánea estuviera tipificada como falta o como delito, lo que infelizmente no es el caso. Es hora de preguntarse por qué aún no se ha llenado la referida laguna legislativa, incorporando al Código Electoral la penalización correspondiente. Es que quienes deben dictar los reglamentos son precisamente políticos, la mayoría de los cuales siempre están aspirando al “rekutu”.

Aparte de favorecer a los candidatos con mayores recursos económicos y de agravar el constante “internismo”, las tan extensas campañas previas a las elecciones internas distraen la atención de quienes ocupan un cargo público, en perjuicio de la ciudadanía. Los intendentes, los concejales y los funcionarios municipales ya estarán actuando sobre todo en función de los próximos comicios, recurriendo más que nunca al populismo o a los bienes públicos comunales para ganar los votos de sus correligionarios. Lo que ocurre es que hay que apurarse para contratar con mucha antelación a los mejores “operadores políticos” profesionales, es decir, a los intermediarios en la compraventa de votos.

Para quienes pugnan en las elecciones internas de los dos grandes partidos políticos, las campañas electorales muy prolongadas tienen un alto costo en tiempo y dinero. ¿Justificarían tanta inversión el sueldo de un intendente o la dieta de un concejal, en el caso de que finalmente resultaran electos en los comicios municipales? Sin duda, los candidatos piensan “recuperar” luego la inversión a como sea. Otros, que ya estuvieron antes y acumularon fortuna en los cargos, destinarán parte para “invertir” en la nueva campaña electoral. Por eso pueden aguantar tanto tiempo de movilización, y la víctima final será, como siempre, el pueblo contribuyente.

La Ley Electoral seguirá siendo letra muerta mientras no contemple sanciones ejemplares para quienes la violen.

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