Ping pong

Salta de nuevo al tapete de las discusiones, en estos días, un viejo inconveniente que aqueja a las mayores ciudades paraguayas: los vendedores informales que ocupan espacios públicos, degradando el aspecto de estos, desordenando el tránsito de vehículos y de personas, conculcando arbitrariamente derechos ajenos, cometiendo actos ilícitos y mostrando al mundo entero que en nuestro país la informalidad y la ilegalidad gozan de completa tolerancia e impunidad. La mayoría de los vendedores informales de calles, paseos y mercados públicos suelen ser peones de los grandes contrabandistas, que diariamente les reparten la mercadería ilícita en vehículos de carga, a la vista de todo el mundo. El Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas tienen la atribución suficiente y la obligación irrenunciable de combatir el comercio ilegal. A la Municipalidad solo le compete despejar espacios públicos de cualquier persona que instale en ellos puestos permanentes de lo que sea, conculcando derechos colectivos. Si todos cumplieran con su misión y dejaran de lado el ping pong verbal, más temprano o más tarde la solución llegaría.

Cargando...

Salta de nuevo al tapete de las discusiones, en estos días, un viejo inconveniente que aqueja a las mayores ciudades paraguayas: los vendedores informales que ocupan espacios públicos, degradando el aspecto de estos, desordenando el tránsito de vehículos y de personas, conculcando arbitrariamente derechos ajenos, cometiendo actos ilícitos y mostrando al mundo entero que en nuestro país la informalidad y la ilegalidad gozan de completa tolerancia e impunidad.

Este problema es de antigua data y se debe a varias causas sociales, económicas y políticas, que habría que debatir en el amplio marco de estas disciplinas. Pero que sea un tema a ser analizado detenidamente por expertos para hallarle soluciones adecuadas no implica que, entretanto, las autoridades se queden de brazos cruzados, justificando su inacción con el pretexto de que previamente hay que realizar los estudios y proyectar las soluciones, y lo que es más lamentable, se tiran la pelota sobre la responsabilidad de tomar acciones sobre el particular.

El caso de los vendedores informales apostados en espacios públicos se presenta con varias aristas: la ilicitud delictual, si se trata de mercaderías de contrabando, que se presume lo son casi la totalidad de ellas; la informalidad misma, es decir, la omisión de las obligaciones legales establecidas para ejercer el comercio; y, el tercer aspecto: la irregularidad con relación a las normas municipales, ocupando espacios públicos sin concesión de uso otorgada por la autoridad comunal.

Solamente en este último aspecto se exige que la Municipalidad intervenga –y lo debería hacer de inmediato–, despeje las veredas, calles, paseos y plazas, y se haga respetar por los informales de la manera más convincente y enérgica posible. Simultáneamente, el Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección General de Aduanas y la Policía deberían ocuparse de los otros dos aspectos del problema. Pretender que la Municipalidad también arregle esto es absurdo e inapropiado. Como se ve, la situación es ideal para un ping pong dialéctico, lo que les da la ocasión de eludir sus responsabilidades.

El hecho de que voceros del MIC se muestren ahora preocupados por el tema de los vendedores informales y reclame a la Municipalidad de Asunción acción inmediata parece ser efecto de la politiquería mucho más que de una verdadera preocupación política. No escuchamos que el anterior intendente, Arnaldo Samaniego, haya sido apremiado por el MIC para combatir la informalidad en espacios públicos y en los mercados y ferias. Lo cual no obsta, por supuesto, a que el intendente Ferreiro ponga manos a la obra en este tema.

Como en este país tenemos vasta experiencia en la materia, una manera de que los problemas socioeconómicos nunca sean resueltos es que la competencia y responsabilidad por ellos se haga recaer en varios organismos públicos. Cuando se da esta situación, cada organismo opta por mirar hacia otro lado, sentirse desobligado y esperar que sean los otros los que actúen. La peor de las posibilidades, en estos casos, es que acuerden formar una “comisión interinstitucional” para estudiar los casos y encarar las soluciones. Cuando se llega a este punto muerto, ya no cabe esperar ninguna acción concreta y eficaz.

La mayoría de los vendedores informales de calles, paseos y mercados públicos suelen ser peones de los grandes contrabandistas, que diariamente les reparten la mercadería ilícita en vehículos de carga, a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, se trata de un caso anómalo por donde se lo mire. Además del origen ilícito de la mercadería, estos comerciantes informales compiten deslealmente con los formales, que deben alquilar locales, pagar salarios, seguros sociales, servicios públicos de agua y electricidad, impuestos y tasas, con lo que aquellos atentan por segunda vez contra los intereses económicos estatales. Por último, ocupan espacios públicos que deben cumplir otra función, generan basura que ellos no recogen ni pagan por hacerlo, y crean zonas de marginalidad y criminalidad en todos los demás aspectos.

Como se puede apreciar, solo este resumen ya debería considerarse a esta actividad y a los que la practican como altamente perjudiciales para los intereses generales del país. No obstante, siempre habrá algún populista que salga a hacer un discurso afectadamente sentimental, alegando que se trata de personas humildes, que tienen una familia que mantener, que solamente tratan de ganarse la vida, etc., etc. Pero si a estos factores se consideran suficientes para justificarles, entonces, ¿por qué perseguir a los que producen marihuana o comercian con estupefacientes al por menor, en puestos callejeros o con el sistema “delivery”, si la mayoría de ellos están en idéntica situación social y económica con la que se pretende legitimar la informalidad comercial?

El tiempo transcurrido desde que esta plaga de vendedores informales, empleados de contrabandistas de grandes volúmenes, comenzó a asolar nuestras ciudades, es ya suficiente como para que el caso se haya estudiado hasta el mínimo detalle, para que los expertos hayan debatido y arribado a conclusiones, y para que los gobernantes, incluidos los municipales, hayan podido comenzar a aplicar remedios apropiados.

Lejos de esto, el fenómeno creció en estos últimos años, con lo cual cada vez será más difícil erradicarlo. La manera práctica y rápida de motivar e impulsar a estos vendedores a formalizarse es impedir, de manera expeditiva, la usurpación de espacios públicos. Privados de ese injusto e ilícito privilegio, que ahora gozan por imperio de la indiferencia y el padrinazgo politiquero, se verán impelidos a moverse por sí mismos, a ingeniarse para encontrar la respuesta a sus necesidades por la vía del ejercicio legal del comercio.

El MIC y la Dirección General de Aduanas tienen la atribución suficiente y la obligación irrenunciable de combatir el comercio ilegal. A la Municipalidad solo le compete despejar espacios públicos de cualquier persona que instale en ellos puestos permanentes de lo que sea, conculcando derechos colectivos. Si todos cumplieran con su misión y dejaran de lado el ping pong verbal, más temprano o más tarde la solución llegaría.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...