Piratas políticos

Nada menos que 37 de los 45 presidentes de seccionales que la ANR tiene en Asunción están nombrados en cargos públicos. Al menos dos de ellos fueron pillados cobrando sendos salarios de fondos públicos, simultáneamente. Son, obviamente, ladrones del Estado, pues su verdadera ocupación es la política partidaria y no las funciones que deberían prestar en oficinas gubernamentales, departamentales, municipales, etc., adonde ni siquiera necesitan concurrir a retirar sus remuneraciones, ya que las perciben por vía bancaria. Se estima en más de diez millones de dólares lo que estos impresentables sustraen al erario cada año. Hace poco, el presidente Horacio Cartes formuló la vieja y repetida advertencia de que se cortarán las manos a los que roben al Estado. ¡Qué gran oportunidad para su vocación de cirujano le está dando esta banda de correligionarios suyos, saqueadores de las arcas públicas, que cobran salarios sin trabajar! Las instituciones que deben velar por la legalidad, la honestidad administrativa, como la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General de la República, no sirven de nada.

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El robo escandaloso que afiliados al Partido Colorado están consumando en grave desmedro de los recursos del Estado es otra vergüenza más que va a quedar inscripta en las páginas oscuras de la historia de ese partido, incluso superando lo que se supo y documentó del período de las dictaduras que comenzaron en 1947 y acabaron en 1989, que no fue poco.

Es sabido que las declamaciones moralistas que los políticos realizan frecuentemente no son creídas por nadie ni tomadas en serio por ellos mismos; y, en esta conducta, la inmensa mayoría de ellos se comporta exactamente igual. Basta que los dirigentes de cúpula o de organizaciones de base accedan a cualquier puesto de la administración pública para que pasen a convertirse en otros aprovechadores que, de allí en adelante, harán cualquier cosa para incrementar su poder, afirmar su permanencia o asegurar su reelección para continuar enriqueciéndose a como dé lugar.

El resultado de la investigación que nuestro diario está publicando en relación con los presidentes de seccionales coloradas y otros dirigentes de base (seccionaleros) que son beneficiados con salarios públicos marca un récord más en la competencia de cosas escandalosamente inmorales que los políticos son capaces de perpetrar cuando llegan al poder, y pasan a controlar a los organismos encargados de vigilar, denunciar y sancionar a los corruptos en la administración pública.

Nada menos que 37 de los 45 presidentes de seccional que la ANR tiene en Asunción están nombrados en cargos públicos. Esto es apenas un botón. Al menos dos de ellos fueron pillados cobrando sendos salarios de fondos públicos, simultáneamente. Son, obviamente, ladrones del Estado, pues su verdadera ocupación es la política partidaria y no las funciones que deberían prestar en oficinas gubernamentales, departamentales, municipales, etc., adonde ni siquiera necesitan concurrir a retirar sus remuneraciones, ya que las perciben por vía bancaria.

Se estima en más de diez millones de dólares lo que estos impresentables sustraen al erario cada año. Solamente dos de ellos, Gustavo Samaniego, de la Seccional 12, y César González Arce, de la Seccional 19, ambos empotrados en la Binacional Yacyretá, en el mes de diciembre pasado metieron en sus alcancías más de 200 millones de guaraníes.

Todo esto ocurre mientras los centenares de miles de afiliados colorados que los votaron en las internas de su seccional, abandonados por sus líderes partidarios, andan quejándose a través de los medios de comunicación de no tener medicamentos en los centros de salud, de sus escuelas ruinosas, de sus calles, avenidas y rutas intransitables, de su servicio de transporte público calamitoso, de sus pésimas y corruptas administraciones municipales, de la ineptitud, venalidad, desinterés y haraganería de sus autoridades locales o nacionales.

Lastimosamente, los otros partidos aprendieron de los colorados que mantenerse en el poder sin sostenerse sobre la corrupción es tarea prácticamente imposible, de modo que lo que en este país podemos esperar, si no producimos cambios verdaderamente revolucionarios en la educación cívica y moral popular, es más de lo mismo cualquiera sea el que esté al mando.

Hace poco, el presidente Horacio Cartes formuló la vieja y repetida advertencia de que se cortarán las manos a los que roben al Estado. ¡Qué gran oportunidad para su vocación de cirujano le está dando esta banda de correligionarios suyos, saqueadores de las arcas públicas, que cobran salarios sin trabajar!

Las instituciones que deben velar por la legalidad, la honestidad administrativa, la transparencia, no sirven de nada. Lo más probable es que sus autoridades responsables puedan estar participando entusiastamente de la repartición del botín, porque no nos pueden decir el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, o el contralor general, Óscar Rubén Velázquez, por poner ejemplos fáciles, que esta elemental tarea de investigación que realizan nuestros periodistas no podrían hacerla ellos con mucha más amplitud, facilidad y mejores resultados.

Los seccionaleros que roban al Estado con la complicidad o el encubrimiento de esas personas que fungen de autoridades gubernamentales o municipales, sean o no sus correligionarios, no solamente tienen que ser inmediatamente destituidos y borrados de las planillas de asalariados o contratados, sino que los jueces deben obligarles a devolver lo sustraído, lo que cobraron sin trabajar, lo que ocultamente percibieron a cambio de tareas proselitistas electorales o de gestión interna de sus seccionales, para costear lo cual su partido ya está recibiendo miles de millones de guaraníes del subsidio estatal.

¿Puede Horacio Cartes comenzar a cortar unas cuantas docenas de manos, para comenzar? Si realmente esa es su determinación, ahora mismo se le presenta la mejor oportunidad para hacerle a la ciudadanía una demostración de buena fe y sinceridad. Insistimos, si toda esta lacra moral que sumerge en una cloaca maloliente al Partido Colorado no comienza a ser rectificada ahora que todavía le quedan tres años y medio en el Gobierno, pocas dudas caben de que en los próximos comicios los electores lo volverán a enviar a la llanura.

Tal vez los capitostes citados digan “qué me importa; total yo ya estoy forrado”, pero deben estar conscientes de que el enriquecimiento ilícito, sobre todo en la función pública, aparte de ser un delito que puede ser perseguido por la ley, cada vez más será motivo de la repulsa y el escrache de los ciudadanos y ciudadanas de bien.

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