La magistratura está sometida de hecho al Congreso y al Poder Ejecutivo, pese a que el art. 3° de la Constitución dispone, entre otras cosas, que los Poderes del Estado son ejercidos en un sistema de equilibrio y de recíproco control. No se trata de que el diseño constitucional favorezca esa dependencia, sino de que los procesos de designación y de remoción de los jueces, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, son distorsionados por los intereses político-partidarios y hasta personales de los miembros del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Congreso, sin olvidar los del Presidente de la República.
En tal sentido, dos de los ocho miembros del citado Consejo, que forma las ternas de candidatos para que el Senado elija de entre ellas a los ministros de la Corte, y para que también esta designe a los magistrados y a los fiscales, representan a los legisladores y uno al Poder Ejecutivo. Se dirá que están en minoría, pero ocurre que los dos abogados nombrados por sus colegas en elección directa siempre responden a un partido político. Era de suponer que los profesionales del Derecho, que deberían ser los más interesados en la correcta administración de justicia, votaran por quienes estén mejor calificados para el cargo que habrán de ejercer, pero resulta que lo determinante entre ellos, en realidad, es el carnet partidario. Así inició su carrera pública, por ejemplo, el actual senador Enrique Bacchetta, quien hoy vuelve a integrar el Consejo, representando a la Cámara Alta.
Más allá de lo que diga la Constitución, que desconcentra el nombramiento de los jueces y de los fiscales, nuestra deteriorada cultura partidaria hace que las mejores intenciones se bastardeen en beneficio de la clase política. Si el partidismo influye en la composición de las ternas de candidatos, también lo hace en la designación misma, como lo evidencia el abierto “cuoteo” en la Corte, acordado por el Senado y el Poder Ejecutivo. Es infame, por ejemplo, que el ministro Sindulfo Blanco no sea destituido por el pésimo desempeño de sus funciones, vía juicio político, porque no se haya asegurado aún que será sustituido por un correligionario suyo. En otros términos, se espera que el Consejo reciba las instrucciones pertinentes para integrar la terna apropiada, con el “caballo del comisario” y dos candidatos de “relleno”.
Si quienes llegan a la máxima instancia judicial deben su nombramiento a quienes actúan guiados por la filiación partidaria, es lógico esperar que tengan el mismo criterio a la hora de designar a los jueces y fiscales. Como se deben a los políticos, sabrán escuchar sus “recomendaciones”, lo mismo que más tarde harán los designados por ellos gracias al oportuno padrinazgo. De esta forma, los jueces y fiscales se cuidarán de no tocar los intereses de los políticos y de sus allegados, como ocurre frecuentemente, pues de lo contrario actuará de oficio el Jurado de Enjuiciamiento, integrado por cuatro legisladores, dos miembros del Consejo y dos ministros de la Corte. De nuevo aquí la clase política está en mayoría, pues también los representantes del Consejo responden a ella. Basta recordar que, en tal carácter, el senador Bacchetta llegó a presidir el Jurado.
Es entendible, entonces, que este organismo haya abierto un proceso contra la fiscala Blanca Agüero por haberse atrevido a imputar por el delito de lesión de confianza al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, allegado al titular del Poder Ejecutivo. Formalmente, está enjuiciada por su intervención en una causa que afectó a un tercero, pero es indudable que ha sido víctima de una vulgar represalia, que conlleva un claro mensaje a todo fiscal que pretenda perseguir las fechorías de un político.
Ni los magistrados ni los fiscales son en verdad independientes, salvo honrosas excepciones. El art. 249 de la Constitución ordena que el Presupuesto General de la Nación asigne al Poder Judicial una suma no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central, para impedir que los otros dos Poderes lo amenacen o castiguen mediante la restricción de fondos. La norma está bien inspirada, pero el problema es que la clase política dispone de otros mecanismos, aparte del presupuestario, para vulnerar la independencia de la magistratura. Son mecanismos informales, como el tráfico de influencias, que resultan efectivos porque la gran mayoría de los jueces y de los fiscales deben sus respectivos cargos a los políticos y saben que carecen del peso necesario para desobedecerles.
Es curioso que, hasta hoy, las Cámaras del Congreso no hayan pedido informes al Poder Judicial sobre una cuestión puramente administrativa, ni hayan constituido una comisión conjunta de investigación sobre la conducta de un magistrado, en materia no jurisdiccional. Ambos instrumentos de control están previstos en los arts. 192 y 195 de la Constitución, pero los legisladores no han hecho uso de ellos para saber algo más de la malversación de viáticos y de la práctica del nepotismo en el Poder Judicial y, en particular, en la Justicia Electoral. Para ellos, estas cuestiones son triviales, pues lo que les importa es que su clientela política sea bien acogida en esos órganos y que una resolución judicial, lo mismo que una pesquisa del Ministerio Público, no les cause ningún disgusto, ni a ellos ni a sus protegidos.
Si vulneran las reglas no escritas del juego limpio, no habrá Constitución que garantice la independencia del Poder Judicial.
La manipulación de los órganos encargados de seleccionar y supervisar a los magistrados es una expresión más de la nefasta “partidocracia” que desvirtúa el Estado de derecho al contaminar instituciones ajenas a los poderes políticos. Esta “partidocracia”, a su vez, se fortalece con las “listas sábanas” que en cada elección ubican en los cargos electivos a muchos ejemplares de la escoria política.
Solo la ciudadanía informada y organizada puede forzar a los políticos, mediante manifestaciones públicas firmes y perseverantes y a través del voto, a que dejen de meter las manos donde no deben. De lo contrario, seguiremos sufriendo la iniquidad de tener unos magistrados y fiscales indignos, sumisos ante los mandones de turno.