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Uno de los peores maleficios políticos que viene soportando el país desde que los militares derrocaron al dictador Alfredo Stroessner en 1989 es la pertinaz insistencia de todos los presidentes de la República que se han sucedido desde entonces en quebrantar la prohibición constitucional de la reelección presidencial. El Art. 229 de la Constitución Nacional establece taxativamente que “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso (…)”.
Juan Carlos Wasmosy, el primer presidente civil del Paraguay en más de 60 años y el primero en ser elegido al amparo de la actual Constitución, fue también el primero en buscar atajos inconstitucionales para retener el poder más allá del fin de su mandato. Para ello montó el bochornoso teatro de la destitución del entonces comandante del Ejército, general Lino César Oviedo, quien con uniforme militar puesto fungiera como jefe de facto de su campaña electoral por la presidencia de la República. Siendo este un subordinado en el tercer nivel de la cadena de mando militar bajo su suprema autoridad de Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación, bien podría haberlo destituido de un plumazo, y no con la comedia con que finalmente lo hizo.
Cuando Raúl Cubas Grau ganó las elecciones presidenciales de 1998, con el apoyo de Lino Oviedo desde la cárcel, algunos altos jefes militares de su entorno habrían aconsejado a Wasmosy que hiciera un autogolpe para prolongar su mandato más allá de lo establecido en la Constitución Nacional. Para el efecto, supuestamente contarían con el aval de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, liderados por el doctor Óscar Paciello. Los militares argüían que con Cubas en la Presidencia de la República el poder de facto lo tendría el general Oviedo, aun estando en prisión. En el final, Wasmosy desistió de dar ese paso por presión de los gobiernos de Estados Unidos y de varios países de la Unión Europea, quienes exigían que se cumpliera la Constitución.
El presidente de facto, Luis Ángel González Macchi, quien asumió el poder tras la forzada renuncia del presidente constitucional Raúl Cubas Grau, fue inconstitucionalmente habilitado para completar el período que le correspondía a este, por la inicua Sentencia de la Corte Suprema de Justicia N° 191, del 27 de abril de 1999, al amparo de un recurso jurídico no previsto en la Constitución Nacional: “certeza constitucional”. Esto causó que en una oportunidad hasta el papa Benedicto XVI calificara a su gobierno como “ilegítimo”, señalando que “gobierno legítimo es aquel elegido por el pueblo”.
Por su parte, Nicanor Duarte Frutos, también mediante la cooptación de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, estuvo a punto de lograr su habilitación para el “rekutu”. La oportuna movilización ciudadana, liderada por el exobispo de San Pedro, Fernando Lugo, frustró la iniciativa del exmandatario. La gran ironía es que actualmente ambos buscan afanosamente presentarse de nuevo como candidatos al cargo que ya ocuparon, y que, por lo tanto, les está prohibido por la Constitución.
Ahora es la vez del actual ocupante de Mburuvicha Róga, Horacio Cartes, quien afanosamente busca también cualquier atajo para ser reelegido a como dé lugar. Al igual que sus predecesores en el cargo, Cartes invoca el nostálgico cliché stronista de que, “si el pueblo lo pide, no puedo negarme”. Una cantinela de la que el pueblo está harto.
Evidentemente, lo que impulsa a estos fascistas de nuevo cuño a desafiar abiertamente el orden constitucional de la República, insistiendo en el quebrantamiento de la disposición constitucional que prohíbe la reelección, es la indiferencia de las élites sociales, gremiales y sindicales, y de las frágiles instituciones democráticas con que contamos.
Con la campaña a favor de la reelección presidencial que están impulsando Fernando Lugo y Horacio Cartes, y hasta cierto punto de vuelta Nicanor Duarte Frutos, ellos buscan establecer la agenda e imponer el debate público acerca de la “legitimidad” de sus pretensiones invocando la voluntad popular, aun cuando ellas colisionen frontalmente con lo que dispone la Constitución Nacional.
Por la salud democrática de la República, el pueblo soberano debe salir a las calles para poner freno a esta desembozada y antidemocrática epidemia política del rekutu, que desde hace un cuarto de siglo perturba la tranquilidad de la República por culpa de gobernantes inescrupulosos y sus impresentables claques políticas que buscan mantenerse en el poder violando la Constitución Nacional.