¿Por qué nos quejamos de los Gobiernos que tenemos?

La Senavitat es uno de los más brillantes ejemplos de corrupción e ineficiencia administrativa. Actualmente se contabilizan nada menos que 19.525 construcciones abandonadas, que estaban destinadas a viviendas económicas, a lo largo y ancho del país, la mayoría del período 2011 al 2013. Las viviendas están amontonadas en terrenos pequeños, se edificaron sobre inmuebles sin titulación, se construyeron en terrenos anegadizos, se utilizaron materiales ordinarios, entre otras cosas. Cuando esto sucedía, ¿hacia dónde miraban los gobernadores, los intendentes, las juntas municipales, las comisiones vecinales? ¿Y los presidentes de seccionales coloradas y de comités liberales, los sindicatos y asociaciones civiles, las ONG que dicen ocuparse de servicios sociales y todos los grupos organizados que se promocionan como dedicados a observar el comportamiento de las entidades de servicio público? Si es que no somos capaces de corregir este estado de cosas, ¿por qué nos quejamos de los Gobiernos que tenemos?

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La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) es uno de los más brillantes ejemplos de corrupción e ineficiencia administrativa. Actualmente se contabilizan, según informes oficiales, nada menos 10.525 construcciones abandonadas, que estaban destinadas a viviendas económicas, en varios programas institucionales diferentes a lo largo y ancho del país. La mayoría corresponde al período 2011 al 2013 y los constructores que las abandonaron aducen falta de pago. Si fuese cierto, significaría que la administración de Rolón Pose, bajo el gobierno de Fernando Lugo, inició obras sin saber si tendría financiación para terminarlas. Esto se llamaría simplemente juego perverso con la esperanza de la gente, estafa a la fe pública.

Pero la administración actual, la del ministro Francisco Knapps, no avanza un milímetro en el arreglo de estas defecciones. En un año no construyó ni una sola vivienda, pese a tener fondos asignados y a existir interés de parte de las empresas particulares. Se dice que los mismos directores de la época anterior continúan en la administración actual. Esto podría explicar mucho.

Las viviendas construidas por este organismo adolecen de innúmeros defectos, según las denuncias publicadas reiteradas veces, como el estar amontonadas en terrenos pequeños, con lo que se crea hacinamiento en vez de evitarlo, que se supone es una de las finalidades de estos programas. En muchos casos se edifican sobre inmuebles sin titulación, con lo que se aseguran amargos conflictos futuros. O se construyen en terrenos anegadizos, posiblemente para lucrar con la diferencia de precio del inmueble. Se emplean materiales ordinarios, mano de obra no calificada y todo de mala calidad, de lo que resultan obras precarias. Parecería que todos, directores administrativos, arquitectos, constructores y fiscales, conforman roscas mafiosas que lucran con terrenos inapropiados, materiales rebajados, diseños defectuosos y otros rebusques clásicos en esta clase de negociados a costa del Estado y de gente que no tiene manera de verificar la calidad de lo que recibe.

Ante esta situación de anomalías e irregularidades cometidas en Senavitat, la pregunta que cabe formular es: cuando esto sucedía, ¿hacia dónde miraban los gobernadores, los intendentes, las juntas municipales, las comisiones vecinales? ¿Y los presidentes de seccionales coloradas y de comités liberales, los sindicatos y asociaciones civiles, las ONG que dicen ocuparse de servicios sociales y todos los grupos organizados que se promocionan como dedicados a observar el comportamiento de las entidades de servicio público?

Ellos estuvieron y están completamente impasibles ante la defección del organismo estatal, ante el abandono de uno de los servicios sociales de mayor relevancia. Observaron y observan despreocupados cómo los constructores adjudicados con las obras de Senavitat las fueron abandonando una tras otra; leyeron en los diarios el ritmo de este triste proceso; escucharon en las radios las quejas de los perjudicados; y ¿qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? Nada. Ni una queja; ni una denuncia.

Esta indiferencia lleva a formular otras preguntas elementales como: ¿qué función, qué misión social deben cumplir la oposición política y los observadores de organizaciones y movimientos sociales si no es vigilar el comportamiento de los que están manejando los recursos públicos y gestionando los programas políticos? Es decir, monitorear a los que están en el Gobierno.

¿Qué se dice en las comunidades del interior del país que tienen más interés que otras en la gestión de organismos como Senavitat? Deberían estar manifestándose, reclamando, demandando, pero lo único que se escucha es el silencio insensible o la resignación impotente.

¿Y las radios comunitarias? Hay actualmente centenares de estos medios de comunicación masiva cumpliendo la función de ocuparse de los asuntos de interés local y de mantener vinculados a los líderes y miembros de las comunidades locales, pero, lamentablemente, no hacen uso de la formidable herramienta que poseen para embretar a los funcionarios públicos ineficientes, para obligarlos a cumplir su deber o renunciar, dejando el puesto a alguien más apto y capaz. Ningún funcionario inepto podría resistir la presión conjunta de una comunidad organizada, y de las críticas y denuncias en sus medios de comunicación locales.

Todos los días se publican hechos y nombres en casos de corrupción, ineptitud profesional, negligencias, fracasos, abusos de todo tipo en la administración pública, tanto en el Gobierno central como en los gobiernos locales, pero nada de esto parece movilizar la conciencia ciudadana. Los ladrones de fondos públicos, aprovechadores de privilegios indebidos, malos administradores, incluso empresarios y consultores sinvergüenzas que desde el sector privado contribuyen con la corrupción general, están siendo denunciados frecuentemente por medios periodísticos, sin que esto parezca conmover mucho la sensibilidad social, el desinterés de las mismas personas que constituyen las primeras y más perjudicadas víctimas de esos robos, abusos y defecciones.

Los grupos a los que se les prometió vivienda deben mantener la vigilancia y denunciar los incumplimientos. Pueden enviar a los medios de prensa las fotografías que prueben las mentiras de los funcionarios y de los políticos. Las radios comunitarias deberían ayudarlos manteniendo un micrófono abierto permanente destinado a recibir las denuncias de sus oyentes y retransmitirlas para su mayor divulgación.

Un mal gobierno es también resultado de una oposición indolente compuesta por opositores ineptos y una ciudadanía resignada e inoperante.

Si es que no somos capaces de corregir esta triste situación, ¿por qué nos quejamos de los Gobiernos que tenemos?

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