Cargando...
Los “paseros” impidieron el tránsito en el cruce de dos rutas para que el Poder Ejecutivo incorpore la harina, el aceite y el azúcar al sistema de pacotilla o al de importación menor. El régimen de pacotilla permite que quienes viven cerca de las fronteras con Brasil y Argentina introduzcan libremente numerosos productos de consumo familiar hasta por un valor de 150 dólares mensuales. El de importación menor autoriza la libre importación de todo tipo de productos hasta por un valor de 2.500 dólares, por tiempo indeterminado. Hasta hoy, el ingreso de harina, aceite y azúcar está sometido al pago de impuestos y, por tratarse de comestibles, también requiere ser autorizado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
Quienes apelaron a la medida de fuerza se dedican al contrabando, algunos por cuenta propia y la mayoría por encargo de fuertes “empresarios” de frontera. No son vecinos fronterizos que traen productos para su sustento ni unos humildes comerciantes que se ganan el pan con mucho esfuerzo, como quieren hacer creer a la opinión pública para despertar su compasión e inducir a que su actividad ilícita sea tolerada. De hecho, están nucleados en una Federación de Trabajadores y Comerciantes de Frontera (Fetracomfro); así que los unos están en relación de dependencia –los trabajadores– y los otros –los comerciantes– no, son propietarios de negocios. En uno u otro caso, hay importantes capitales que, directamente, financian lo contrabandeado y después lo reparten por todo el país, hasta en la despensita más pequeña del pueblito más pequeño, tal cual se puede comprobar con solo entrar en una de ellas.
Quienes se dedican a esta actividad delictiva saben que está muy extendida la errónea opinión de que la pobreza autoriza a violar la ley, de modo que el intento de engañifa tiene algún sentido. Lo que no tiene es credibilidad, ya que los farsantes cerraron el tránsito utilizando sus vehículos y no por primera vez. Es tiempo de que, con la ley en la mano, se les haga saber que no pueden atentar impunemente contra el orden público.
Existe el derecho de peticionar a las autoridades así como el de manifestarse pacíficamente y sin armas. A lo que nadie tiene derecho es a afectar derechos de terceros, impidiendo la libre circulación de los demás, tal como se viene estilando desde hace muchos años. Quienes resultan perjudicados por el bloqueo de una ruta no son quienes podrían satisfacer los reclamos de los manifestantes, sino los ciudadanos comunes que nada tienen que ver con la cuestión. Su libre desplazamiento debe ser asegurado por las fuerzas del orden y no depender de la buena o mala voluntad de unos manifestantes prepotentes. Como esas fuerzas brillaron por su ausencia en el bloqueo referido, no es raro que los contrabandistas hayan anunciado que continuarán con sus protestas hasta imponer sus exigencias.
Los nada indigentes manifestantes que obstaculizan el libre tránsito de las personas saben que la importación de aceite, harina y azúcar no está prohibida, sino que debe ser sometida a controles que apuntan a preservar la salud pública. La misma obligación pesa sobre los productos frutihortícolas, en cuyo caso interviene el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave). Quien importa algún producto comestible que requiere una certificación de los órganos de control también debe pagar impuestos. Y bien, al exigir que la harina, el aceite y el azúcar sean incluidos en el sistema de pacotilla o en el de importación menor, los contrabandistas agremiados pretenden que se los excluya de los exámenes de calidad y del pago de impuestos. Es decir, buscan “blanquear” lo que de todos modos vienen haciendo pagando coimas a funcionarios venales, compitiendo deslealmente con quienes cumplen todas las normas aduaneras.
Si los agresivos manifestantes se salen con la suya, las personas honradas también podrían exigir que la harina, el aceite y el azúcar que importan sean liberados de los controles de calidad y del pago de impuestos, porque será difícil negar a unos lo que se concede a otros. Como si la importación estuviera prohibida, los “paseros” aducen que la producción local no puede satisfacer la demanda del mercado. También aquí se advierte la falsedad de la imagen que buscan transmitir y que sugiere que su actividad es tan insignificante que no pondría en peligro ni a los productores ni a los importadores legales. Resulta que, si así fuera, los “pobrecitos” mal podrían contribuir en medida apreciable a aumentar la oferta de harina, aceite y azúcar. Al invocar la demanda insatisfecha de la que podrían encargarse, lo que hacen es reconocer que están metidos en un “negocio” de gran volumen, que pone en jaque miles de puestos de trabajo y que, en este caso específico, también puede amenazar la salud pública.
Las normas aduaneras deben ser cumplidas por todos. Quienes las violan defraudan al Estado y arruinan a quienes las cumplen. A lo que en el fondo aspira la Fetracomfro, valiéndose de métodos absolutamente repudiables, es a que la figura penal del contrabando sea inaplicable a sus miembros.
Se trata, en suma, de una exigencia inaceptable, tanto por su contenido como por la forma en que ha sido planteada por unos supuestos “trabajadores y comerciantes de frontera”, que no son más que unos descarados contrabandistas.