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Hasta ahora el gobierno del presidente Horacio Cartes no ha sentado la postura que en justicia corresponde asumir en función de los intereses del país en la hidroeléctrica binacional de Yacyretá. Al respecto, el numeral IX del Anexo C del Tratado dispone taxativamente que para determinar el nivel del endeudamiento de la entidad binacional se debe aplicar la fórmula en relación con la cantidad de potencia energética contratada por cada país. En este caso, a la Argentina le corresponde el pago del 94% del pasivo, que es el porcentaje de la potencia que tiene contratada ese país.
A esta conclusión ha llegado el Ing. Germán Escauriza, excoordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), organismo asesor de la Cancillería nacional, con base en un cálculo hecho por el Ing. Orlando Valdés –otro especialista en temas energéticos–, según quien la deuda de la entidad binacional no debiera ser superior a US$ 2.600 millones. El Ing. Escauriza adicionó a este monto US$ 1.300 millones que la entidad adeuda al Estado paraguayo por mayor territorio inundado, con lo que el total de la deuda consolidada de la misma ascendería a unos US$ 3.944 millones.
Resulta entonces que, de conformidad con la métrica establecida en el Anexo C, la Argentina adeuda a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) la suma de US$ 3.707 millones, en tanto que el Paraguay le debe US$ 236 millones provenientes del pequeño porcentaje de la potencia contratada. De esto se concluye que, en proporción a la cantidad de electricidad consumida por cada país, la única deuda final de la entidad es con la República del Paraguay por el monto resultante de restar de la primera cantidad la segunda, vale decir, US$ 3.471 millones.
No debe sorprender entonces la tenaz pertinacia del Gobierno argentino en incumplir el Tratado. Contradictoriamente, el gobierno del presidente Cartes, en vez de reclamar como corresponde, eventualmente recurriendo a las instancias internacionales para frenar la arbitraria pretensión argentina, ha optado por callar la descomunal estafa perpetrada contra los intereses de nuestro país en la usina binacional. Obviamente, la inacción del gobierno del presidente Cartes ha tenido su precio: una coima encubierta bajo el ropaje de “gastos sociales” de US$ 130 millones entregados por el director ejecutivo argentino Óscar Thomas a su par paraguayo, Juan Schmalko, a poco de asumir el actual gobierno paraguayo.
So pena de traición de lesa patria, el presidente Horacio Cartes debe poner fin a la metáfora de que el Paraguay es como una “mujer bonita” de la que los extranjeros pueden usar y abusar.
Ahora que asumirá en la Argentina un nuevo gobierno, que aparenta ser más abierto que el de los hostiles Kirchner, el Gobierno paraguayo debería plantear con firmeza nuestras reivindicaciones pendientes en Yacyretá, sin claudicaciones de ninguna laya como ha sido hasta ahora la constante en el emprendimiento energético con el vecino país.