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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) acaba de fallar a favor del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, que recurrió a dicha instancia judicial para que le convalidara su segundo intento de reelección, ante la circunstancia de que autoridades de su propio partido le negaron la posibilidad, sobre la base de que la ley permite una sola reelección y él ya tuvo la suya.
Detrás de Acevedo hay otros cincuenta intendentes que se hallan en la misma situación y que aspiran a un tercer mandato consecutivo o alternado, a quienes este fallo del TSJE les viene de perillas para intentarlo.
El argumento que sustentó la acción de Acevedo puede parecer falaz y oportunista, pero evidentemente funcionó a las mil maravillas. Sostiene que las dos veces anteriores fue elegido con las reglas establecidas en la Ley 1830 del año 2001, que establecía que “El Intendente podrá ser reelecto en el cargo por una sola vez en el período inmediato siguiente…”, pero que en 2014 entró a regir la Ley Nº 5376, que modifica la anterior estableciendo que: “El Intendente podrá ser reelecto por el voto popular por una sola vez, de manera consecutiva o alternada”.
Con este juego de palabras, los legisladores del Congreso dejaron establecidas las bases para que la famosa “interpretación judicial” les arregle la situación a los aspirantes al tercer mandato, abriendo el portón a la estampida de intendentes caraduras que, a lo largo y ancho del país, se engolosinaron con el cargo y harán lo que fuese para perpetuarse en él; es decir, no en las obligaciones y esfuerzos, sino en sus beneficios.
Es sintomático que la idea y la ambición de la reelección reaparezcan a cada momento en el escenario político paraguayo. No existe prácticamente ningún titular de cargos electivos que no ambicione permanecer en él todo el tiempo posible, aun más allá de lo que establezcan las normas, las de la ley y las de la decencia.
Algo muy atractivo deben tener el ejercicio del poder y la manija de los cargos públicos en el Paraguay que nadie los quiere abandonar. Desde el presidente de la República hasta el último en la escala jerárquica del Estado, aferrarse al puesto con uñas y dientes es su actitud común. Está clarísimo que a ninguno de ellos su tarea les produce cansancio, ninguno está agotado de tanto trabajo, hastiado de tener que afrontar tantas responsabilidades. Todos desean ardientemente proseguir “sirviendo al país”.
La Constitución otorga a senadores y diputados el privilegio de acceder a la posibilidad de reelecciones indefinidas (muchos constituyentes eran legisladores y se aseguraron el “rekutu”). La Ley Electoral permite reelecciones sucesivas a concejales municipales, pero a los intendentes, limitada a una sola vez. Todo esto está bien establecido. Es decir, lo que los juristas llaman “el espíritu de la ley”, o sea, la intención de los legisladores originales es que la norma sea la no reelección, o la reelección limitada a una oportunidad, y la excepción sea la reelección indefinida.
Esto se explica mejor si recordamos que los paraguayos salimos de una dictadura, que en su momento era la más longeva de América y la segunda del mundo, por lo que teníamos una experiencia muy sensible de lo que significaba abrir la puerta de la reelección en el texto de la ley. Por eso nadie la quiso mantener en la Constitución de 1992 (aunque los legisladores se la aseguraron para sí). Este es el espíritu de la ley: no a las reelecciones, salvo casos excepcionales.
Pero he aquí que, en este momento, ocurre que los intendentes que se engolosinaron con el cargo, sus canonjías, privilegios y sus millones movieron sus trebejos para que los legisladores les concedieran una chance más. Debe haber sido así como surgió la última modificación del régimen de elecciones y reelecciones municipales, ya comentada.
La consecuencia es el fallo reciente del TSJE. Jugando con el argumento de la irretroactividad de la ley, se les concede a todos los intendentes que ya tuvieron dos períodos la oportunidad para que se lancen a otro intento más. O sea, a un tercer período. ¿Fue esta alguna vez la intención, desde 1992, de los legisladores del famoso, tantas veces burlado y manipulado “espíritu de la ley”? No lo fue nunca, pero los legisladores y los magistrados se las arreglan para que, una vez más, la reelección de los “amigos” sea posible.
No faltará ahora el que diga que “si el pueblo lo pide”, los intendentes merecen quedarse en el puesto cuantas veces sean aclamados y votados. Esta es la gran ficción argumentativa, la gran falacia ya agotada en tiempos de Stroessner.
En vez de recurrir a esta hipócrita mentira, es mejor expresar la realidad con franqueza y sin tapujos: en el Paraguay actual, dadas las condiciones en que se practica la política, su grave raquitismo institucional, la modalidad electoral tramposa popularmente conocida por “listas sábana”, el fracaso completo de los sistemas de contraloría y de sanción de los funcionarios públicos (sean de los elegidos o de los otros) y la falta de personalidad y autonomía de la gran mayoría de fiscales, jueces, magistrados y ministros, siempre al servicio de los mandamases, las reelecciones, en general, no constituyen la decisión libre y consciente de mayorías ciudadanas, tomadas con madurez y con discernimiento, sino la imposición de quienes se apoderaron de los recursos públicos y los emplean en su servicio, asegurándose pagar con ellos las lealtades prestadas y los votos comprados.
En general, y salvo excepciones (que ni siquiera se las puede nombrar porque no se las ve), en nuestro país, actualmente, las reelecciones de intendentes implican premiar a los peores, a los más inescrupulosos, a los ladrones de fondos públicos que pusieron su poder al servicio de sí mismos y de sus amigotes. Y, téngase por seguro, también significa cerrar las puertas de la administración comunal a figuras nuevas, a candidatos con ganas de cambiar, de servir realmente a sus compueblanos, a su comunidad.
Que nadie se asombre, por consiguiente, de que cada vez haya menos jóvenes y personas de límpida trayectoria ética y lúcida mentalidad que deseen dedicarse a la política. ¿Quién va a querer ir a desgastarse y empobrecerse disputando electoralmente contra los que ya tienen “la manija”, no piensan soltarla y disponen de todas las ventajas (incluidas las “interpretaciones” judiciales) a su favor.
Si en vez de pergeñar estas trampas consistentes en modificar normas jurídicas para favorecer ambiciones políticas, los legisladores establecieran algún mecanismo institucional que permita someter a exámenes de resultados a los intendentes y concejales municipales de todo el país, para que, al final de sus mandatos, rindan cuentas de cuáles fueron los méritos que realizaron para pretender una reelección, entonces, quizás, las reelecciones merezcan mejores consideraciones.
Porque dejar esto a cargo del argumento de “el veredicto de las urnas”, que en sociedades cívicamente educadas funciona, en nuestro país carece de validez. Aquí nadie es reelecto porque hizo buen trabajo y dejó satisfecho a su electorado. Aquí lo que permite la eternización en los cargos es el prebendarismo, sumado a la incultura cívica, al estado de urgente necesidad económica de miles de electores, a la corrupción de las principales organizaciones políticas y al sistema de “listas sábana”. Son estos vicios de nuestra pobre política los que convierten al “veredicto de las urnas” en un retórico y gastado eslogan, incapaz de convencer a nadie que conozca nuestra realidad.
La ciudadanía paraguaya debe hacer valer la regla del “No a las reelecciones” en todas sus expresiones de deseo e intenciones políticas. Al contrario, se debe buscar que haya una rotación permanente, que nuevas figuras tengan la chance de emerger, de probar su valía.
Debemos ser capaces de renovar, de purificar nuestra enviciada política actual, de la que, a través de las “listas sábana”, se apoderó una gavilla de inescrupulosos en detrimento de quienes podrían tener mejores aptitudes.