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Tras 18 años de estar expuesto como escarnio tangible de la corrupción pública y privada que campea en nuestro país, finalmente el Instituto de Previsión Social (IPS) parece dispuesto a tomar las medidas administrativas conducentes a la enajenación del inconcluso y abandonado complejo habitacional situado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, concebido y concretado como una estafa programada contra el Estado paraguayo por un grupo de facinerosos dirigentes sindicales, en colusión con empresarios corruptos y concusionarios empotrados en el directorio del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
Amparado en la Ley 4777/12, que autoriza al ente previsional la enajenación, a título oneroso, del inmueble de referencia, sus autoridades han dispuesto la contratación de un servicio de consultoría para la correspondiente tasación, a fin de conocer el valor comercial estimativo de la propiedad en la actualidad, con miras a disponer de ella del modo más conveniente para la institución, incluida su venta mediante un concurso de precios, o subasta pública. Al respecto, la ingeniera Lilian Sanabria, contratada para esa tarea, explicó: “El objetivo es poder conocer el valor actualizado de mercado de este inmueble de acuerdo a lo existente y no lo que estaba previsto construir, con base en observaciones y mediciones directas”.
Como es de conocimiento público, el fraudulento emprendimiento inmobiliario arrancó en 1992, impulsado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), con la aquiescencia del presidente Andrés Rodríguez. El proyecto consistió en la construcción de un complejo habitacional de 3.500 departamentos, destinados primariamente a los trabajadores nucleados en las dos organizaciones sindicales, sobre un terreno de 19,5 hectáreas, sobre la ruta Transchaco, en Mariano Roque Alonso. La empresa constructora Ecomipa, propiedad del entonces aspirante a la presidencia de la República Juan Carlos Wasmosy, fue la escogida para encargarse de los trabajos de construcción del complejo habitacional.
Como toda estafa programada, el emprendimiento edilicio se inició con visos de honesta administración sindical y respetable solvencia empresarial. Con el desembolso de un generoso anticipo contractual se dio inicio a la obra con gran boato centrado en la utilidad social de la misma. Al año de iniciados los trabajos, asumió la Presidencia de la República Juan Carlos Wasmosy, con lo que la expectativa de su pronta terminación subió de punto.
Justo en ese momento saltó la liebre. Ecomipa adujo que para acelerar los trabajos se requería un alto flujo de caja. Diligentemente, los corruptos administradores del BNT, ligados a las dos centrales sindicales, con la presta autorización del presidente Wasmosy, desembolsaron consecutivas sumas siderales, en función de un falaz cronograma financiero totalmente desfasado del avance real de la obra. Dos años después, con el BNT en quiebra, la obra quedó definitivamente paralizada.
Más allá de los escándalos y juicios surgidos a raíz de la fraudulenta quiebra del BNT, en el que estaban depositados los aportes obreros y el dinero del fondo de pensiones del IPS, lo cierto es que el propio Presidente de la República se desentendió de la obra, pudiendo haber arbitrado medidas para terminarla. La razón de su despreocupación fue que esa no era la única obra en que su emblemática empresa constructora estaba metida, por lo que habiéndose concretado la estafa programada a priori contra el BNT y el IPS, con buenos dividendos tanto para los líderes sindicales como para los demás conjurados, incluido el propio Presidente de la República, no había ya razón de ocuparse del muerto, metafóricamente hablando.
El efímero gobierno del presidente Raúl Cubas Grau no tuvo tiempo para ocuparse del problema heredado. Al asumir el gobierno el presidente Luis Ángel González Macchi, el IPS, bajo la presidencia de Bonifacio Irala Amarilla, aceptó recibir de Ecomipa como dación de pago por la deuda que esta tenía con el ente previsional el trunco complejo habitacional, sobrevaluado en la friolera de 55.000 millones de guaraníes (unos US$ 37 millones en aquel tiempo). Esto quedó evidenciado una década después, cuando en el año 2012 la Senavitat planteó al ente previsional la compra del abandonado complejo habitacional por la suma de US$ 14 millones.
Por de pronto, se debe esperar el avalúo recientemente encomendado para tener su verdadero valor de mercado. Habida cuenta de que la apreciación del valor de un inmueble es en función de los valores que pueden atribuirse a los elementos componentes del inmueble, por sí mismo, con abstracción de todo factor extraño que haya de influir en el criterio a seguir en la operación integral de tasación, no va a resultar fácil obtener el justo valor que pudiera tener el inmueble. Si a eso se suman los casi veinte años de total abandono de la construcción y la modalidad funcional del proyecto arquitectónico (departamentos unifamiliares), es posible conjeturar que, a menos que se mantenga su finalidad inicial, el verdadero valor del complejo va a estar determinado casi exclusivamente por lo que en la actualidad vale el terreno, con la plusvalía adquirida con el paso del tiempo por el desarrollo urbano de la zona. Así como está, el valor residual de la construcción es prácticamente cero. En el mejor de los casos, el valor de los materiales reutilizables podría ser apenas suficiente para compensar el costo de las demoliciones que necesariamente se verá obligado a hacer el comprador, según el proyecto que tenga en mira.
Sea cual fuere la avaluación que los peritos determinen, lo importante para el ente previsional es deshacerse cuanto antes de ese clavo que le dejó como herencia el Presidente de la República que prometió hacer progresar al Paraguay “cincuenta años en cinco”, sin sufrir más perjuicio que el ya sobrellevado durante casi dos décadas. Para ello, el procedimiento más expeditivo y conveniente sería que, con la tasación encomendada a mano, el IPS convoque a un concurso de precios transparente para la enajenación de ese “monumento a la corrupción” que avergüenza al Estado paraguayo y a la propia institución.